Terrorismo antipeaje

La polémica entrada en vigor el pasado 8 de diciembre del peaje en cuatro principales autopistas de Portugal (A-24, en el Norte, A-25 y A-23, en la región de Beira, entre Lisboa y Oporto y la A-22, en el Algarve), está generando ya, además de marchas, manifestaciones y concentraciones pacíficas, protestas violentas: ayer, un empleado de las autopistas fue herido levemente por disparos de escopeta cuando acudió a uno de los arcos que leen las tarjetas de peaje que había sido incendiado por unos saboteadores.

Ocurrió en la autovía del Algarve, la más conflictiva. De hecho, la madrugada del lunes, en esta misma carretera, uno otro de estos arcos metálicos que leen las tarjetas magnéticas fue inutilizado, también a tiros, tras incendiar su equipamiento electrónico. El arco se encontraba entre las localidades de Boliqueme y Albufera, a unos 70 kilómetros de la frontera. João Vasconcelos, que preside una de las asociaciones de usuarios que, a uno y al otro lado de la frontera, se han opuesto a que se cobre por utilizar estas autopistas, condenó el acto por "criminal y lesivo para los intereses de los ciudadanos", pero recordó: "Ya advertimos en su tiempo que esto podía pasar".

El Gobierno del conservador Pedro Pasos Coelho decidió que las tres autopistas bautizadas en su tiempo como SCUT (Sem Cousto Para o Utilizador, en una denominación que, lógicamente, ya se ha quedado anticuada) pasen a ser de peaje a fin de que la recaudación contribuya a enjugar el enorme déficit público que ahoga Portugal. No se trata, además, de un peaje normal, con una cabina al efecto. Se lleva a cabo previa adquisición de una tarjeta de la que se van descontando los importes, lo que ha generado no pocas confusiones y contratiempos, según denuncian los automovilistas.

Las asociaciones de comerciantes, operadores turísticos, asociaciones de transportistas y usuarios de España y Portugal se han opuesto a la medida por considerar que estrangulará aún más el tráfico y la debilitada economía del país.