Cuatro números de la calle Desahucio

La calle de Soria, en Torrejón de Ardoz, es un microcosmos que resume el golpe asestado por la crisis a uno de los sectores más vulnerables, la inmigración. Es una calle corta, de unos 70 metros, con edificios de ladrillo a ambos lados, desde cuyos balcones se puede mantener una conversación. Está muy cerca de la estación de Cercanías (desde donde se llega en 25 minutos a Atocha), lo que ha atraído a muchos inmigrantes. Uno de cada cinco habitantes de Torrejón (120.000 residentes) es extranjero.

Unos 20 antidisturbios evitaron ayer que unas 60 personas paralizaran por segunda vez el desahucio de Consuelo, una inmigrante ecuatoriana que debe dos años de hipoteca. Su marido está en el paro y ella trabaja por horas en una empresa de limpieza por 370 euros al mes. El banco le sigue reclamando 183.000 euros. Consuelo tiene tres hijos que ha mandado de regreso a Ecuador. Ella también se iría si no fuera porque entre sus avalistas figura su hermana, que heredaría su deuda si ella se esfumara.

Un piso medio que en 2007 costaba allí 210.000 euros ahora vale unos 60.000

El local desde donde los inmigrantes mandan dinero a su país está vacío

Entre las personas que acudieron ayer en su apoyo, apocado y compungido, estaba su vecino de enfrente, Luis Mendes, un inmigrante de Guinea-Bissau que reside en el número 7 de la calle y que tiene previsto su desahucio hoy a las once. A Luis, de 40 años y con ocho hijos en su país, le costaba ayer hablar sin emocionarse. "Es que mañana me toca a mí", decía apretando fuerte una carpeta con los documentos que explican su caso: en 2002 firmó una hipoteca de 118.000 euros por su piso, que también figura a nombre de un amigo ("si no, no me la daban"). Hasta 2010, trabajaba en la construcción, ingresaba una media de 1.800 euros y mandaba 250 euros mensuales a su mujer. Desde entonces, está desempleado. Hace unos meses se le acabó el paro. No sabe cuánto dinero le sigue reclamando el banco ni qué hará cuando le echen de su casa.

Consuelo y Luis no son los únicos residentes de la calle de Soria que van a perder sus viviendas. En el número 8 vive una familia de Filipinas que debe muchas cuotas de su alquiler. Él (no quiere dar su nombre) era cocinero hasta hace cuatro años. Ella trabaja como interna en una casa y no ingresa lo suficiente para pagar la renta y sus gastos. En el número 7, reside la familia de Nelly Moreira, ecuatoriana, que debe dos años de hipoteca y ya ha recibido las primeras notificaciones del desahucio. Trabajaba en una fábrica de cosmética. Ahora limpia por horas sueltas. "Hoy me han salido 25 euros por tres horas", explica al teléfono. "Pero tengo que restarle los siete euros del transporte".

David Muñoz, socio de la inmobiliaria Aragón, que hace esquina en uno de los extremos de esta calle, resume en un momento la crisis: "En 2007, un piso medio de esta calle costaba 210.000 euros. Ahora, tenemos varios por 60.000 y no los vendemos". La inmobiliaria anuncia con letras grandes en su escaparate que ofertan pisos desahuciados: "Viviendas procedentes de bancos con hipoteca 100% (...) ¡¡Hay muchas viviendas en stock!!". Muñoz aclara: "Tampoco es fácil venderlos, pero al menos facilitan la financiación y además admiten ofertas".

Un paseo por esta calle da más pistas de la crisis: hay al menos tres locales cerrados -dos bares y una carnicería marroquí-, un segundo bar está a punto de cerrar y María, la dueña del locutorio (es portuguesa), señala las cabinas vacías: "Esto ha sido la decadencia". Estefanía, encargada de Universal de Envíos, en el número 1 de la calle, desde donde los inmigrantes mandan dinero a su país, está sola en local. "Ahora se envía menos, 100 euros media, y muchos mandan el mínimo, 30 euros". Collins ("como Phil Collins"), el dueño de un colmado de productos africanos, hace tres meses que no paga el alquiler del local. El de al lado al suyo se alquila. ¿Cuánto cuesta? "Antes 1.200 euros, pero ahora lo tenemos a 700. Negociables", dice la voz al otro lado del teléfono.

"Esto es un infierno", dice Antonio de Frutos, de 74 años. "Abrir un negocio aquí es como ir a la cárcel", afirma desde uno de sus locales, lleno de tragaperras y sin un alma a la hora del vermú. Tanto él como un "pensionista" que no quiere identificarse culpan del deterioro del barrio a la inmigración. "Me parece mal que les echen de sus casas", dice este último. "Pero lo que no puede ser es que no paguen la comunidad y la tengamos que pagar sus vecinos".

No es la opinión de todos en la zona. Paco, de 52 años y empleado de un archivo (no especifica más), es vecino de Luis. Fue él quien le aconsejó que expusiera su caso a la asamblea 15-M de Torrejón, que hoy intentará evitar su desahucio con ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Ni soy del 15-M ni tengo intención de serlo, pero fue lo único que se me ocurrió", explica Paco. "Luis es una bellísima persona, me cae superbien, y me da pena su situación. Espero que le ayuden y el banco le permita quedarse por un alquiler. Digo yo que sería lo sensato".