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El PP regional actúa en el 'caso Emarsa' ante la apatía de Barberá

Clemente suspende de militancia al exgerente imputado Esteban Cuesta

La dirección regional del PP se hartó de esperar y ayer movió ficha ante la pasividad de la cúpula de su partido en la ciudad de Valencia y la apatía de su cabeza visible, Rita Barberá. Antonio Clemente, secretario general del PP valenciano, anunció a media mañana que suspendía cautelarmente de militancia a Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, imputado por graves delitos de malversación de fondos, estafa continuada y delitos societarios. El caso Emarsa estalló hace más de un año, tiempo en el que Cuesta ha permanecido como presidente de los populares en el distrito de Poblats de l'Oest pese a que cada día se conocían nuevos datos acerca del saqueo llevado a cabo en la sociedad pública dedicada a la depuración de aguas de Valencia y su área metropolitana. El PP local se cruzó de brazos con Cuesta y al final ha intervenido la dirección regional.

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El momento ha sido de lo más inoportuno para el PP de Valencia. Anteayer, Barberá, a preguntas de los periodistas, reconoció implícitamente sentirse afectada por la trascendencia del caso pero se escudó en que carecía de cargos orgánicos en la plana local del PP para suspender a Cuesta. Una respuesta que sonó a excusa en una regidora con todo el ascendiente sobre su partido y que presume de dirigirse de tú a tú a Mariano Rajoy, presidente del PP nacional y candidato a la presidencia del Gobierno.

Silencio en el 'cap i casal'

El secretario general del PP de Valencia ciudad y concejal de Urbanismo de Barberá, Jorge Bellver, quedaba ayer en evidencia tras conocerse el anuncio de Clemente: solo unas horas antes había asegurado que esperaría a que actuase la justicia antes de apartar al exgerente de Emarsa de su cargo y militancia. Ambos quedaron en evidencia con la fulminante decisión de Clemente.

La vicepresidenta del Consell Paula Sánchez de León mostró su respeto por la decisión adoptada por Clemente. "Ha sido para salvaguardar la honestidad y la integridad", que "es lo que caracteriza y lo que representa la mayoría de este partido", dijo.

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En Consistorio recibió con silencio la decisión de la dirección regional. Preguntada al respecto, la alcaldesa se encogió de hombros y dijo, según testigos, que Antonio Clemente ya había hablado.

Los grupos de la oposición, que llevan meses exigiendo al Gobierno local que actúe, le echaron en cara que no tomara cartas en el asunto. El portavoz socialista Joan Calabuig tildó de inaceptables las declaraciones realizadas el jueves por Barberá y le pidió que diera la cara. "La principal responsabilidad política", añadió Calabuig, "en la gestión de Emarsa corresponde al Ayuntamiento, que tiene el control mayoritario de la asamblea. Es evidente que no puede plantearlo como un tema que no tenga nada que ver con ella". Según Calabuig, la alcaldesa no puede esconderse detrás de sus "compañeros de partido esperando que tomen las decisiones por ella". Compromís, a través la edil Consol Castillo, instó a la alcaldesa a pedir responsabilidades a los miembros de su partido implicados en el caso Emarsa.

La suspensión de militancia de Esteban Cuesta llegó el mismo día en que el juez instructor, Vicente Ríos, adoptaba medidas cautelares contra cuatro de los principales imputados, para limitar el riesgo de fuga. El juez retiró el pasaporte a Cuesta, a Enrique Arnal (exdirector financiero de Emarsa y exedil de Unión Valenciana en Moncada), y a dos de los empresarios acusados de participar en el saqueo, Sebastián García y José Luis Sena. Los cuatro tendrán que personarse semanalmente en el juzgado. En la causa también está imputado Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, a quien el PP mantiene todos sus cargos.El juez Vicente Ríos dejó a cuatro de los imputados en situación de libertad provisional. Aparte de la retirada de pasaporte y la obligación de presentarse semanalmente, el instructor aún debe decidir si les impone las fianzas que solicitó la acusación particular representada por la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), propietaria de Emarsa hasta que ésta fue liquidada por quiebra. La Emshi, controlada por el Ayuntamiento de Valencia, ha solicitado que Arnal y Cuesta paguen fianzas de 30 millones de euros. De acordarse ese importe, o incluso otro mucho menor, ambos entrarían en la cárcel: aún en el caso de tenerlo, muy pocas personas pueden justificar ante la justicia disponer de tal cantidad de dinero.

El juez basa las medidas cautelares en el hecho de que el avance de la investigación ha reforzado los indicios sobre la "decisiva participación" de los acusados en el saqueo de la sociedad pública; en las largas penas de prisión a las que se enfrentan, y en "la probable existencia de intereses económicos de los imputados en el extranjero".

¿Dónde está el dinero?

Ríos destaca los continuos viajes que los directivos de Emarsa, sus proveedores y también otras personas ajenas a la empresa, sobre todo mujeres con nombres y apellidos rumanos, hicieron al extranjero, especialmente a Bucarest, a costa de la sociedad pública.

Los imputados han declarado que viajaban con frecuencia a Rumanía porque tenían entre manos un proyecto para poner en marcha allí una depuradora. Una explicación que no ha convencido ni a la fiscal ni al juez, dado que Emarsa no estaba habilitada legalmente para hacer nada parecido. El instructor sospecha que esas relaciones exteriores estaban fundadas, en realidad, "en motivos profesionales distintos de la actividad desarrollada por la entidad pública".

El juez plantea en el auto, a continuación, la cuestión clave: "A pesar de las abultadas facturaciones hechas por estas empresas a Emarsa, queda por establecer el destino dado por los administradores de las mismas, ahora imputados, al dinero proveniente de la sociedad Emarsa, que suma millones de euros". Buena parte del saqueo de Emarsa se produjo a través del tratamiento de lodos. Dos de los imputados han dicho que la empresa que se ocupaba de ello fue impuesta a Emarsa por otra sociedad pública de la Generalitat, Epsar, que además habría ordenado pagarle precios desorbitados.

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