La Junta cambia la ley del suelo para reactivar el sector inmobiliario
La norma reduce al mínimo el terreno que tienen que ceder los promotores
La modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a la que dio ayer su visto bueno el Consejo de Gobierno de la Junta introduce una serie de medidas de alivio a las exigencias requeridas hasta ahora para el desarrollo de los suelos urbanos de las que se espera que tengan un efecto incentivador para reactivar la actividad inmobiliaria, según admitió la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz.
Así, la nueva normativa andaluza rebaja hasta el 5% el suelo que los promotores están obligados a ceder a los Ayuntamientos como compensación por los aprovechamientos. Se trata de un 5% sobre el incremento del aprovechamiento, cuando hasta ahora el cupo era del 10% sobre el volumen total del suelo.
La Administración andaluza opta así por el margen más bajo que permite la Ley del Suelo estatal, que contempla que el terreno a ceder "no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%".
El proyecto de ley de modificación de la LOUA, al que dio ayer su visto bueno el Consejo de Gobierno para tramitar por la vía de urgencia en el Parlamento, contiene otras disposiciones con este propósito incentivador como la elevación en un 20% del número máximo de viviendas permitidas en el suelo residencial, o la posibilidad de que los promotores sustituyan por una entrega de dinero el suelo que tienen que aportar a los Ayuntamientos para dotaciones públicas. La consejera matizó que se trata de medidas para facilitar la actividad "dentro de la ciudad consolidada", porque se trata de suelos ya calificados de urbanos y que se trata justamente de evitar la dispersión.
Por ejemplo, la posibilidad de que los promotores entreguen dinero y no el suelo para dotación pública solo será posible siempre que el terreno no alcance unas dimensiones mínimas exigibles. El Ayuntamiento en cuestión deberá emplear ese dinero en obtener suelo de mayor dimensión para equipamientos, pero no podrá guardarlo más allá de tres años. La consejera resaltó que con ello se trata de evitar que las áreas de dotaciones estén tan fragmentadas como hasta ahora y con suelos en ocasiones de valor residual.
Ventanilla única
Una de las medidas de más alcance es la creación de un órgano con carácter de ventanilla única de la Junta para facilitar a los Ayuntamientos la tramitación de los informes sectoriales obligatorios para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana y evitar, como ocurre ahora, la descoordinación entre entidades y el excesivo tiempo que tardan algunas en expedir sus dictámenes.
Junto a ello, y para facilitar los trámites urbanísticos, se contemplan plazos más cortos en la aprobación de planes parciales y especiales, que son los instrumentos en los que se concreta detalladamente el desarrollo de las determinadas áreas y sectores de acuerdo a las determinaciones generales que estipula el plan general.
