Fabra desbloquea la mayor desaladora de Europa tras renunciar al caudal del Ebro
La desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa, es el símbolo de lo que puede llegar a hacer la guerra del agua. El Ministerio de Medio Ambiente comenzó la obra como una infraestructura clave para el abastecimiento de la provincia de Alicante. Sin embargo, la oposición de la Generalitat ha hecho que lleve un año terminada y sin poder funcionar pese a la inversión de 300 millones porque faltaba un permiso. El Gobierno valenciano acaba de desbloquear la obra. La decisión coincide con la de renunciar al trasvase del Ebro y poner en duda la existencia de sobrantes en el Tajo para enviar al Segura.
La desaladora de Torrevieja iba a ser la primera de las plantas que debía a sustituir al derogado trasvase del Ebro. El Boletín Oficial del Estado publicó la adjudicación el 1 de septiembre de 2005. "La ciudad se levantará en armas si se construye la planta", declaró el Ayuntamiento, del PP. Al contrario que el Gobierno de Murcia, el Ejecutivo de Camps unió a su reclamación del trasvase del Ebro un rechazo a las desaladoras. Esteban González Pons, entonces consejero valenciano, llegó a definir las desaladoras como "nucleares del mar" (quizá olvidando que su partido es pronuclear), algo que el Gobierno de Alberto Fabra parece decidido a enterrar.
La Generalitat puso todas las trabas posibles a la planta, capaz de desalar 80 hectómetros cúbicos al año (80 veces un estadio como el Bernabéu). Como los últimos años ha llovido y el Gobierno no quería bronca, aceptó el papeleo mientras construía la planta. Le faltaba la autorización para construir la toma del agua de mar y el vertido de salmuera, porque atravesaba un puerto, competencia de la Generalitat, y el visto bueno llega a menos de un mes para las elecciones.
"Es una infraestructura clave para gestionar la demanda en Alicante y Murcia y ha estado parada por trabas absurdas. Podía haber estado en marcha hace un año", declaró el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu. No es la única gran obra hidráulica del Gobierno en la comunidad que sigue paralizada. El trasvase Júcar-Vinalopó, de más de 100 millones, espera que la autonomía construya las obras del postrasvase para distribuir el caudal.
El secretario de Medio Ambiente del PP, Carlos Floriano, ha anunciado que su partido no iba a dejar que las desaladoras se "achatarraran" después de una inversión de 2.800 millones en 10 años. Como el agua que producen estas plantas es cara, apenas han funcionado los últimos años. Durante las épocas húmedas su producción no era necesaria. Si, como parece, la Península entra en otro ciclo seco, serán imprescindibles en el Mediterráneo.
