Se puso en riesgo la vida, el honor y la seguridad de los espiados"

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, solicita cuatro años de cárcel para Aitor Tellería, exdirigente del PNV alavés, Carlos Lau y Jesús Acha, dos ertzainas de la antigua Unidad de Información y Análisis, por la supuesta trama de espionaje político conocida como el caso Tellería. En su escrito de acusación, remitido ayer a los medios, el Ministerio Público estima que los tres son responsables de un delito continuado de violación de secretos -los agentes en calidad de autores y Tellería como cooperador necesario para su comisión-.

La fiscalía pide además que la veintena de personas mencionadas en las seis fichas encontradas en poder de Tellería a raíz de la investigación de la presunta trama corrupta del caso De Miguel sean indemnizadas con 342.000 euros por daños morales. Las cuantías van de los 50.000 euros solicitados para dos personas cuya relación con el Centro Nacional de Inteligencia constaba en los partes supuestamente elaborados por los ertzainas, hasta los 3.000 euros previstos para el exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, o el secretario general del PSE Alavés, Txarli Prieto. También contempla indemnizaciones para personas que constan como fuentes de la supuesta trama de espionaje, como el director adjunto de la patronal alavesa SEA, Aitor Otaola, que, según la instrucción, facilitó a uno de los agentes información sobre una falsa irregularidad en el Ayuntamiento de Vitoria supuestamente realizada por el exsecretario general de la patronal, José Manuel Farto, entonces asesor del alcalde. Otaola lo niega.

El fiscal da a entender que las fichas halladas eran la punta del iceberg

Los cuatro años de cárcel solicitados son la pena máxima que se puede solicitar por el citado delito, después de que la Audiencia de Álava retirase la imputación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, cuya pena máxima hubiera sido de siete años. Si el juez se alinea con el criterio del ministerio Público, los acusados tendrán que depositar 500.000 euros antes del juicio para afrontar las responsabilidades civiles, en las que el Gobierno vasco es responsable subsidiario por la actuación de los agentes.

El escrito de acusación deja entender que la información encontrada en poder de Tellería, en seis documentos word con fecha de junio de 2008, era apenas la punta del iceberg, teniendo en cuenta que el entonces dirigente del PNV alavés reconoció haber redactado cientos de fichas similares antes de destruirlas o borrarlas. Hasta ahora, la única respuesta de la jecutiva del PNV alavés ha sido confirmar que Tellería era el responsable de gestionar, verificar y canalizar los anónimos que iban llegando al PNV alavés, añadiendo que todos los partidos hacen lo mismo. El escrito resalta a su vez que uno de los agentes, Lau, es desde hace varios años militante del PNV.

Según el relato de los hechos realizado por el Ministerio Público, los acusados, de común acuerdo, decidieron antes de junio de 2008 que los ertzainas prestarían servicios a Tellería recabando información a la que solo podían acceder como agentes dedicados a la lucha antiterrorista, para entregársela después al entonces dirigente peneuvista.

Para ello, los dos agentes iban proponiendo listas de personas con las que establecer contacto, mantener entrevistas o hacer seguimientos. También utilizaron información que o bien se hallaba registrada en archivos de la Ertzaintza o, en su caso, a la que pudieran acceder por su oficio y que no debía ser divulgada. La transferencia de información se llevaba a cabo de diversas maneras, bien en entrevistas personas o telefónicas, acreditadas en el sumario en varios casos, bien mediante los partes que le iban enviando.

"Como consecuencia del proceder de los acusados y el tráfico ilícito de información que los mismos llevaron a cabo, se puso en serio riesgo la vida, la seguridad y la honorabilidad de las personas referidas en las fichas y que figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como fuentes o colaboradores en atención a la actividad de la organización terrorista ETA ", añade el escrito.

Además de los cuatro años de cárcel, el fiscal pide otros tantos de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo para Tellería y para ejercer como ertzainas en el caso de los dos agentes, además de 18 meses de multa a razón de 30 euros diarios, así como tres años de suspensión de empleo o cargo público.