La creación y actividad del despacho Salvetti Abogados, de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, sí están "estrechamente" relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta es una de las conclusiones a las que llega la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF), tras la investigación que ha llevado a cabo, en un nuevo informe del caso Brugal incluido en el sumario sobre la tramitación del PGOU de Alicante.

El caso Brugal investiga una supuesta trama política y empresarial vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja, y al urbanismo en Alicante. El fiscal Anticorrupción sostiene que el principal promotor urbanístico alicantino, Enrique Ortiz, llegó a pagar al hermano de la regidora por obtener información privilegiada sobre la redacción del PGOU.

El despacho del hermano de la alcaldesa empezó a operar en diciembre de 2008, tres meses después de que Sonia Castedo, accediera al cargo, tras la dimisión de Luis Díaz Alperi.

Este bufete desplegó una intensa actividad gracias a las alegaciones que los afectados solicitaban, hasta el extremo de que el 90% de sus ingresos entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula que los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez ascienden a más de tres millones de euros, y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad de ingresar varios millones de euros" más. Y otro dato relevante para la investigación ha sido que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" por otra sociedad llamada G&M, de la que era administrador Gutiérrez, que fue subcontratada por la empresa Laboratorios y Proyectos, adjudicataria de la redacción del PGOU, para la contestación de las alegaciones.

El informe policial establece "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas su alegación, que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".

La policía registró el despacho del hermano de la alcaldesa hace cinco meses y los documentos encontrados en sus ordenadores son la base de este nuevo informe policial, que ayer el juzgado entregó a las partes.