Peaje para entrar al paraíso

La comodidad de una parte se une a la visión de negocio de la otra y se establece una simbiosis: pagar por tener y poder estar. Las pequeñas playas con mayor encanto del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) debían parte de ese atractivo a su difícil acceso lo que las mantenía lejos del bullicio, de ruidos de vehículos y, sobre todo, de la contaminación que estos generan. Eso ha cambiado este año.

La aventura de emprender una excursión a pie durante varios kilómetros disfrutando de flora y fauna autóctona mientras se pisa suelo protegido hasta llegar a la costa ha pasado a mejor vida. Particulares y Administraciones con terreno junto a tres playas en los límites del parque natural han decidido ayudar al caminante facilitándole el aparcamiento hasta escasos metros del mar y, de paso, beneficiarse económicamente de la jugada con la que hacen el agosto.

Níjar ha eliminado el cupo de coches para llegar a Mónsul y Genoveses

El Ayuntamiento de Níjar (PP) abrió la veda al establecer a comienzos de verano una tarifa de cuatro euros por llegar lo más cerca posible de las playas de Mónsul y Genoveses. Unas playas de película que, poco a poco, han ido cediendo terreno a favor de los monstruos con cuatro ruedas. El aparcamiento de vehículos siempre ha sido motivo de polémica allí. Para preservar los valores medioambientales de ambos sitios se estableció un cupo y vigilancia para prohibir la entrada de más turismos una vez alcanzada la cifra. Pero este año quien paga, pasa. El Ayuntamiento de Níjar justifica la cuota de cuatro euros y asegura que un cuarto de lo recaudado irá destinado al mantenimiento de ambas playas, con lo que se zanja la controversia con la Consejería de Medio Ambiente sobre la competencia de la limpieza de estas playas no urbanas y la Administración Autonómica ve con buenos ojos la medida.

No sucede así en los otros dos casos de cobro de peajes por aparcamiento junto a calas, donde la Delegación Provincial de Medio Ambiente ha abierto sendos expedientes sancionadores al Ayuntamiento de Carboneras (PP-Gicar) y al propietario de la finca de la cala de San Pedro, en Níjar, a los que acusa de contravenir la normativa urbanística en los límites del parque natural y podría multarles con hasta 60.000 euros por falta grave.

En Carboneras, el Ayuntamiento ha arreglado un terreno de su propiedad junto a la popular playa de Los Muertos para facilitar el aparcamiento y ganar tres euros con cada estacionamiento. Pero, para ello, ha movido tierras, allanado terreno en una zona protegida y "sin autorización" de la Junta, como subraya la delegada provincial de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez, quien no entra a valorar la cuota municipal por aparcamiento en ninguno de los casos.

La tarifa se incrementa hasta los siete euros en el caso de San Pedro. Daniel Navarro, dueño de la mayor parte del terreno de esta playa fuera de la zona de protección marítimo-terrestre, entiende que no ha cometido infracción alguna. "Sólo he realizado una obra de limpieza y mantenimiento y no tengo que pedir permiso, sólo informar", argumenta. Medio Ambiente discrepa. "Ha realizado una amplia explanada de unos 6.000 metros cuadrados de superficie, mediante movimiento de tierras y compactación del firme eliminando vegetación y materiales rodantes", añade la delegada provincial de Medio Ambiente.

Daniel Navarro no se amilana. Así lleva 13 años, desde que adquirió la mayor parte de los terrenos de la cala San Pedro. Sus litigios con la Junta son una constante. Le ganó una sentencia sobre los límites de su propiedad y su uso. Su idea es convertir San Pedro en un resort: rehabilitar el castillo y las fincas que le rodean donde poder practicar la agricultura como recuerda que se hacía en la década de los años cuarenta. Proyecto que le impidieron realizar entonces y que ahora quiere recuperar. Su intención es respetuosa aunque, de todos modos, tiene enfrente todo un listado de normativas de protección. "Hay mucho ladrillo en la costa", considera.

Mientras llega el ansiado resort deja que los vehículos aparquen en su casa por siete euros para "empezar a recuperar lo invertido". Quienes no pagan son los que caminan por la vía de servidumbre de paso que discurre junto a su propiedad. Tampoco lo hacen los que llegan por barco a la costa. A decenas de ellos interpone cada verano denuncias por acampada ilegal y ansía algún día poder ganar esa batalla.