Los abogados 'bajan la guardia'
El turno de oficio suspende parte del servicio por "la falta de compromiso del Gobierno regional" - EL PAÍS sigue a una letrada en su última jornada 'normal'
Patricia Fernández, de 33 años, es una de los 4.500 abogados que ejerce el turno de oficio en la Comunidad de Madrid. Desde hoy, este colectivo dejará de asistir cientos de casos en protesta por sus condiciones de trabajo y por "la falta de compromiso" del Gobierno de Aguirre, al que acusan de "degradar" este servicio gratuito del que se benefician los más desfavorecidos y de restringir su acceso a base de imponer requisitos administrativos.
El Colegio de Abogados de Madrid y el de Alcalá de Henares suspenden hoy en señal de protesta parte de este servicio. En los casos de Penal, los más urgentes y numerosos (representan el 75% del servicio), solo atenderán a aquellas personas que estén detenidas o en prisión, un 60% de los casos. El 40% restante, más de 30.000 asistencias, quedará en suspenso, lo que puede provocar un colapso de los juzgados y la demora en la resolución de procedimientos. Los letrados del turno han convocado una concentración hoy a la una de la tarde ante los Juzgados de Plaza de Castilla.
A las 7.20 suena el móvil: la esperan en la comisaría de Puente de Vallecas
Cada abogado atiende, de media, a seis personas por guardia
Domingo 29 de mayo. A las 10 de la noche, 19 abogados comienzan su guardia del turno de oficio en Madrid capital. La letrada Patricia Fernández ocupa el puesto 10 en la lista. "Lo normal es que me llamen ya a primera hora de la mañana", explica. "A no ser que desalojen a los acampados de Sol o se líe algo gordo...".
A las 7.20 suena su móvil. El Colegio de Abogados de Madrid, que distribuye las asistencias, le pide que esté a las nueve en la comisaría de Puente de Vallecas. Se le han adjudicado, de momento, dos casos: un quebrantamiento de una orden de alejamiento y un robo con fuerza.
En la comisaría, Fernández asiste a los acusados mientras prestan declaración y escucha en un aparte su versión de los hechos. El primero le explica que su expareja ya no reside en el domicilio en cuestión y que tenía que recoger a sus dos hijos, cuya custodia comparten. En el caso de robo con fuerza hay dos detenidos, acusados de sustraer material de una obra. Ambos sostienen que era chatarra y que la obra estaba abandonada. Los denunciantes, que es material nuevo.
Estando en comisaría, a Fernández le adjudican un tercer caso, un asunto de violencia familiar. Un hijo ha insultado a su madre estando borracho y ha acabado enfrentándose con su hermano, que le ha reventado la cara. Fernández escucha al detenido, que lleva la camiseta ensangrentada.
A las 15.50 recibe otra aviso: tiene que estar a las 17.30 en la comisaría de Usera para atender a su quinto cliente del día, un ciudadano búlgaro acusado de amenazar de muerte a un familiar. Este, destrozado, se defiende: quien le acusa es su suegra, que le quiere echar de su casa. A las 18.30, la abogada sale de la comisaría. Es todo por hoy: cinco acusados, un día bastante light. Lo normal es que cada abogado asista de media a seis personas por guardia.
Al día siguiente, a las 9.30, Fernández entra en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde se van a celebrar los cinco juicios. Pide un intérprete de búlgaro, recoge copia de los atestados y baja a calabozos para preparar las declaraciones de sus cuatro clientes que siguen detenidos. El acusado de quebrantar la orden de alejamiento ha sido puesto en libertad al comprobar que el delito no era tal, la orden de alejamiento era de 500 metros y no de 1.000. A las 12.20, la juez archiva el caso y el cliente no puede reprimir la sonrisa. "Puedes salir por la puerta grande, como los toreros", le dice Fernández.
Después, sale pitando al juicio rápido del caso de violencia doméstica. El juez toma declaración a los implicados y dicta orden de alejamiento contra el cliente de la abogada, aunque el caso se seguirá investigando. Entre otras cosas, Fernández intentará valorar el alcoholismo de su defendido. A las dos, de nuevo con prisas, baja a calabozos, donde se celebran los juicios de los otros tres detenidos. El acusado de amenazas es puesto en libertad. El caso se seguirá investigando cuando declaren la suegra del detenido y su mujer. A las cuatro se celebra el juicio del robo con fuerza. El juez acuerda acusarlos de robo. Fernández recurrirá; entiende que hay que investigar si la obra estaba o no efectivamente abandonada.
A las cinco, aun sin comer, la letrada abandona los juzgados. Su próxima guardia será en tres meses. Si para entonces sigue la suspensión del turno que hoy empieza, ¿qué cambiará respecto a su guardia de ayer? En una primera fase, nada, pues los cinco acusados estaban detenidos. Pero una vez puestos en libertad ni Fernández ni otro abogado del turno de oficio los asistirá y los juicios se paralizarán. Y como estos, cientos todas las semanas. "Lo que pretendemos es que eso no suceda", explica Fernández. "Que se llegue a un acuerdo y garantizar el buen funcionamiento de un servicio fundamental".
¿Qué cambia?
- Casos de Penal. El turno de oficio no atenderá a los imputados que no estén detenidos, lo que supone un 40% de los casos (por ejemplo, un conductor que ha rebasado la tasa de alcoholemia por poco margen). Al carecer de abogado, esos juicios quedarán aplazados, lo que previsiblemente provocará un colapso judicial.
- Casos de Civil Solo se atenderán aquellos casos que estén a punto de agotar los plazos judiciales de actuación. Ejemplos concretos: en los procedimientos de familia no se aceptarán casos nuevos (por ejemplo, divorcios), pero sí se atenderán las medidas cautelares como la revisión de las condiciones de un divorcio. En los procesos de desahucio solo se asistirán los de última instancia (aquellos en los que hay tres días para contestar o se desaloja a la persona). No se atenderá sin embargo a los propietarios que quieran desahuciar a los inquilinos de su piso. Los conflictos laborales se aceptarán en su mayoría, pues cuentan con plazos cortos. No así las reclamaciones de cantidad, con un año de plazo.
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