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La Xunta declara la acuicultura de interés público para agilizar el sector

El Gobierno concede un aval de 10 millones a Factoría Naval de Marín

Pablo Linde

La acuicultura es desde ayer una actividad de "interés público" en Galicia. Fue declarada como tal por el Consello de la Xunta para contribuir a la "articulación de un marco normativo y administrativo ágil, que evite el estancamiento del sector; la continua atención e impulso a la formación de I+D; y el apoyo a cualquier proyecto viable y respetuoso con la ordenación del litoral y la comercialización de los productos", según señaló el presidente Alberto Núñez Feijóo.

A efectos prácticos, también supone un compromiso de la Xunta de reducir los plazos administrativos de todas las consellerías o unidades administrativas que tengan que informar cualquier expediente relativo a acuicultura en Galicia.

43.000 trabajadores recibirán cursos gracias a una partida de 40 millones

También tiene una cara hacia el exterior, ya que según dijo Feijóo, la acuicultura se enmarca "dentro del Plan Estratégico de la Unión Europea". "Galicia quiere ponerse a la cabeza del sector con esta declaración, intentando superar la parálisis sufrida en los últimos años y aprovechando su potencial para recuperar el liderazgo acuícola perdido", señaló. Con este objetivo, Feijóo recordó la reciente autorización de la primera planta acuícola en los últimos cinco años, la de Orella de Mar, en Muros.

La Xunta mantiene las fechas previstas para la presentación del Plan Director de Acuicultura de Galicia, que estará listo previsiblemente antes del próximo agosto. La Consellería do Mar y el resto de departamentos podrán hacer los informes del proyecto en julio para "elaborar un complejo plan que debe respetar las directrices de ordenación del territorio y el plan del litoral".

El plan de acuicultura, continuó Feijóo, permitirá que, "respetando los costes del agua recogida del mar, se puedan hacer viables las industrias acuícolas que suponen riqueza para las zonas en las que se instalan y, por supuesto, empleo para una comunidad que tiene problemas como consecuencia de la crisis económica".

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El Consello da Xunta también acordó conceder un aval de 10,5 millones a Factoría Naval de Marín para apoyar operaciones financieras que suman más de 15 millones con el objetivo de financiar el pago a proveedores y empresas auxiliares de la compañía. El fin último, según explicó el presidente, es estabilizar 400 puestos de trabajo directos o indirectos. "Las proveedoras podrán anticipar parte del cobro de deudas para aliviar las tensiones de tesorería a las que están expuestas. La Xunta tiene movilizado en este astillero 22 millones de euros para suplir problemas financieros y sostener el sector", resumió.

Por otro lado, el presidente anunció también un acuerdo del Gobierno en materia laboral que supondrá una inversión de 40 millones de euros destinados a la formación de 43.000 trabajadores o parados. Se enmarca dentro de los acuerdos del diálogo social con los sindicatos y permitirá, según Feijóo, "apoyar iniciativas de formación, de orientación y de búsqueda de empleo".

De esos 40 millones, nueve son para entidades, Ayuntamientos, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen labores de información, orientación y búsqueda de empleo mediante la orientación profesional. El resto irá a acciones formativas de estos 43.000 trabajadores, explicó Feijóo, quien también resaltó el incremento de un 5% de la partida presupuestaria a esta materia pese a la reducción general de los presupuestos de la Xunta de Galicia en un 11%, hecho que permite "llegar a 5.000 trabajadores más que el año pasado".

Por último, dentro de las medidas laborales adoptadas por el Consello de ayer, Feijóo informó de la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Traballo e Benestar, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y los sindicatos UGT, CC OO y CIG, que persigue cooperar en actividades de prevención de riesgos laborales.

Un ahorro de 75 euros por trámite

La Xunta aspira a reducir "las cargas administrativas" a ciudadanos y empresas para mejorar la economía gallega a través de la presentación por vía electrónica de las solicitudes para iniciar los procedimientos ante la Administración autonómica.

El Consello da Xunta de ayer aprobó un acuerdo que, en palabras de Feijóo, "hará posible la presentación de expedientes desde los domicilios de las empresas, de los profesionales o de los ciudadanos".

Esta iniciativa supondrá "una reducción de las cargas administrativas de entre el 25% y el 30% y un recorte por expediente administrativo de 75 euros de coste medio para cada ciudadano. Feijóo puso el ejemplo de las subvenciones. Sus trámites están valorados en 80 euros, entre otras cosas, por la necesidad de personal para atenderlos. Mediante Internet, esto se reduce a solo cinco euros y permite "tener abiertas las oficinas las 24 horas y los 365 días del año". El ahorro será de 26 millones de euros hasta 2013 gracias a estos trámites telemáticos, según Feijóo.

El presidente aseguró que Galicia ya es la tercera comunidad autónoma con más uso de la administración electrónica y la quinta en la descarga y cumplimentación de formularios online. "Pero esto no es suficiente. Queremos tener una Administración sin papeles, ágil y transparente", añadió Feijóo.

Los objetivos son "la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos y servicios, la reducción de trámites y cargas burocráticas, facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración para reducir los costes administrativos de las actividades empresariales, así como a mejorar la competitividad de las empresas y estimular su desarrollo". Además, el Gobierno pretende "conseguir el máximo grado de acercamiento de la Administración a la ciudadanía".

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Sobre la firma

Pablo Linde
Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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