El juez del 'caso Palau' imputa a seis directivos de empresas ligadas a CDC

El caso Palau se está convirtiendo en una pesadilla por entregas para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juez ha citado a declarar como imputados a los responsables de cuatro empresas que sirvieron, presuntamente, como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. Las empresas, dedicadas al buzoneo y al montaje audiovisual, realizaron supuestos trabajos para el Palau de la Música que, sin embargo, jamás se concretaron, pero sí cobraron.

El juez ha imputado a seis personas -responsables y administradores de Hispart, New Letter, Letter Graphic y Altraforma- porque existe la "sospecha" de que las empresas "recibían todo o parte del dinero que entregaba Ferrovial". Ese dinero servía para satisfacer servicios prestados a terceras personas que en ningún caso eran el Palau de la Música, señala el auto firmado por el juez que ocupa el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés.

La oposición acusa al Gobierno de tener un "conflicto de intereses" en el caso

Las imputaciones de Juan Manuel Parra (Hispart), Pedro Luis Rodríguez (New Letter), Vicente Muñoz (Letter Graphic) y Miguel Giménez, Josefa Gregori y María del Carmen Mateu (Altraforma) forman parte de la pieza separada abierta hace meses para investigar el presunto pago de comisiones irregulares de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras de gran envergadura como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro. En esa causa está también imputado, entre otros, el extesorero del partido nacionalista Daniel Osácar, que actuaba, supuestamente, como hilo conductor de esas comisiones.

Las empresas de buzoneo, New Letter y Letter Graphic, facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros al Palau por trabajos que, según la actual dirección de la entidad, no están justificados. El juez admite, en su auto, que las empresas aparecen como proveedores de servicios del Palau, pero añade que no consta "cuál era en concreto el servicio que prestaban". Ninguna de las declaraciones tomadas hasta ahora ha logrado aclarar ese extremo.

Se da la circunstancia de que las empresas también eran proveedoras de CDC en campañas electorales, como destapó EL PAÍS. El juez basa las imputaciones, en parte, en una hoja manuscrita de Gemma Montull (exdirectora financiera de la entidad y también imputada) en las que "parecen vinculados" los cobros recibidos de Ferrovial con los pagos realizados a esas empresas.El magistrado Tabarés recuerda, además, que el propio Daniel Osácar ha declarado que esas empresas eran proveedoras de la Fundación Trias Fargas -ligada a CDC y rebautizada Cadtem- y del partido nacionalista. Según las auditorías del Palau y el informe de la Agencia Tributaria, New Letter, Letter Graphic e Hispart -filial de Stereo Rent- cobraron casi dos millones de euros por tareas que el Palau sostiene que nunca realizaron. De hecho, un grupo de trabajadores de las empresas de buzoneo declararon en el Parlament que nunca trabajaron para la entidad musical pero sí lo hacían con frecuencia para CDC.

Altraforma es otra empresa vinculada a la publicidad electoral que, según Hacienda, facturó 51.724,14 euros en 2006 y 59.740 euros -más 9.558 euros de IVA- en 2007. Según el ministerio fiscal, uno de los socios de Altraforma es el exconsejero de Jordi Pujol y hoy portavoz en el Senado de CiU, Jordi Vilajoana, que posee el 12,08% de las acciones de la empresa.

Además de citar a los responsables de esas empresas, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled había pedido la imputación de la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. El juez rechaza citarla como imputada -"sin perjuicio de lo que pueda acordarse en el futuro"- porque, en su opinión, no existen suficientes indicios para considerar que estuviera implicada en los hechos.

En su auto, Tabarés admite que su papel era de "particular relevancia" en el Palau y que mantenía "una relación de especial confianza" con el expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, los saqueadores confesos de la entidad. Garicano declaró como testigo hace un mes y aseguró que, pese al cargo, su única función era "lanzar la marca Palau" y no tomar decisiones económicas o administrativas.

El caso Palau ha derivado en tres investigaciones. La principal trata de esclarecer el expolio de la entidad (cifrado en 35 millones). El segundo caso se refiere a las presuntas irregularidades en el proyecto de un hotel de lujo junto al edificio modernista. Y en el tercero, se indaga el pago de comisiones a CDC en época de Pujol.

La decisión judicial no había trascendido ayer por la mañana, cuando los grupos políticos mantuvieron una fuerte bronca en el Parlament a propósito del caso Palau. El secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, negó haber presionado a los servicios jurídicos de la Generalitat para dar marcha atrás y no pedir la imputación de personas ligadas a CDC.

Pese al varapalo de horas después en forma de auto, Gordó despreció las críticas de la oposición y subrayó que el reciente triunfo electoral de CiU avala la gestión del Gobierno en el caso Palau. "La credibilidad nos la dan los que votan. La tenemos, les guste o no. Y parece que cada día va subiendo", espetó. Gordó aseguró que el cambio de criterio se adoptó "por razones de seguridad jurídica y de prudencia procesal". Los servicios jurídicos quisieron, dijo, dar tiempo para recoger información y "evitar imputaciones precipitadas". ICV defendió que el Gobierno tiene un "conflicto de intereses" y le instó a delegar a un órgano externo la defensa de los intereses públicos para recuperar el dinero defraudado.