La fiscalía ordena nuevas mediciones de la calidad del aire en Barcelona
El ministerio público quiere contrastar los datos oficiales de la Generalitat
La Fiscalía de Barcelona está decidida a comprobar por sí misma cuáles son los niveles reales de contaminación del área metropolitana. El ministerio público ha encargado instalar un medidor para comprobar los niveles de calidad del aire, confirmaron ayer fuentes judiciales. El aparato se situará en un punto de la ciudad que los técnicos todavía deben concretar y cotejará los resultados con los niveles de contaminantes que permite la ley de calidad ambiental de la UE, en vigor desde 2008.
Los medios técnicos de la Fiscalía General del Estado son escasos, por eso el fiscal dispondrá de un único aparato, que además solo mide partículas en suspensión (PM10
). Es una de las primeras medidas que adopta la fiscalía tras el episodio anticiclónico del pasado mes de febrero, que disparó los niveles de polución y reveló que la ciudad carece de un plan de contención para hacer frente a este tipo de episodios de elevada contaminación.
El fiscal dispone de un único aparato, que mide solo partículas en suspensión
El área de Barcelona excede los niveles legales de partículas desde que la UE aplicó la norma de calidad ambiental, y en 2010 incumplió también los niveles máximos permitidos de dióxido de nitrógeno (NO2), que entraron en vigor ese mismo año. Se trata de gases irritantes causados en su mayoría por el tráfico, que pueden provocar enfermedades cardiorrespiratorias graves. Bruselas pretende atajar ese problema para reducir la mortalidad causada por la polución, que deja 3.500 muertos al año en la región metropolitana.
El fiscal deberá analizar ahora un informe elaborado por la Generalitat sobre el estado de la contaminación y sus propuestas para mejorarlo. El documento detalla que el Gobierno catalán está elaborando un plan de medidas para el periodo 2011-2015. Para ello, organiza debates entre expertos y técnicos que evaluarán las medidas necesarias. Este plan, añade el informe, se centrará en medidas relativas al transporte y a la movilidad, factores causantes de cerca del 60% de las partículas contaminantes.
De las explicaciones que ha dado hasta ahora el Gobierno catalán no se desprende la existencia de irregularidades en las mediciones de la calidad del aire, según fuentes judiciales. Lo contrario de lo que ocurrió en Madrid, donde se maquillaron los resultados colocando los medidores en lugares próximos a parques y jardines o a zonas con escaso tráfico.
Con la investigación, que sigue las directrices del fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, se pretende determinar si las Administraciones catalanas -Generalitat, Ayuntamientos y otras entidades municipales- dedican todos los esfuerzos posibles a cumplir la ley o si incumplen sus obligaciones. En tal caso, ha alertado el fiscal coordinador, las Administraciones involucradas podrían afrontar reclamaciones por parte de grupos de afectados o por iniciativa de la propia fiscalía.
La directora de calidad ambiental del Gobierno catalán, Assumpta Farran, ya ha avisado de que Cataluña seguirá incumpliendo la ley comunitaria al menos hasta 2015.
