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Decenas de miles de embriones congelados esperan su destino

La ley permite destruirlos si no se reclaman pero nadie se atreve a decidir

En España, entre un 10% y un 40% de las parejas se desentienden de los embriones congelados que se conservan en los centros donde se les ha practicado una fecundación in vitro. Solo en Cataluña, la única comunidad con un registro, hay más de 61.000 congelados, de los que el 23% (unos 14.000) llevan más de cinco años, según datos de 2008 del Sistema de Información sobre Reproducción Asistida de Cataluña (FIVCAT.NET). Y el número no deja de crecer. En 2001 eran cuatro veces menos.

En estos casos, la ley de reproducción estipula que los comités clínicos deben decidir qué hacer. La realidad es que no lo hacen, con lo que muchos centros acumulan embriones sin un destino y sin fecha límite. Estos óvulos fecundados son los sobrantes de los procesos de fecundación in vitro, y deben guardarse congelados por si la pareja quiere tener más niños, a no ser que ya de entrada indique lo contrario. La ley fija que la pareja debe especificar qué desea hacer con ellos: guardarlos, donarlos para investigación, para adopción o que se destruyan. Cuando tras dos intentos de comunicación, en un periodo de cinco años, la pareja no ha dado señales de vida, se considera que se ha desentendido. Entonces, los comités clínicos de los hospitales y centros pasan a custodiarlos y son responsables de su destino.

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Pero, en la práctica, no deciden nada. "Para nosotros es un problema. No nos atrevemos por diferentes motivos. Además, tampoco estamos seguros de que esa pareja no reaparezca", afirma Alfonso de Lafuente, presidente del grupo de ética y buenas prácticas de la Sociedad Española de Fertilidad y director médico del Instituto Europeo de Fertilidad. "Aún no hemos llegado a estar saturados, pero lo estaremos. De momento, vamos comprando contenedores y nitrógeno líquido", dice Joaquim Calaf, director del programa de reproducción asistida de la Fundación Puigvert, en Barcelona. "Será un problema", coincide José Antonio Castilla, responsable del laboratorio de embriología del hospital Virgen de las Nieves, de Granada. "En una década hemos duplicado los embriones congelados. Y, con el aumento de la demanda y la mejora de las técnicas, la previsión es que en dos años se tripliquen", añade.

Una opción sería destinarlos a investigación. "Antes los donábamos al Banco de Células Madre de Andalucía, pero ahora no hay ningún proyecto en marcha con células madre embrionarias", cuenta Castilla. "El problema está en que se deben donar a un proyecto de investigación específico, y no los hay", dice. En la misma situación se encuentran otras clínicas. "Los centros de investigación no los quieren", afirma Marisa López Tejón, responsable del Institut Marqués. En este centro, en 2010, un 48% de las parejas se desentendió de sus embriones. "Hemos notado un incremento, en el 2007 era un 39%. Creemos que es la crisis", afirma.

Esta falta de interés de los científicos choca con la voluntad de algunos progenitores. Entre un 5% y un 10% querría donarlos para investigar. "El entusiasmo por las células madre embrionarias ha bajado, ahora hay otras opciones", relata Calaf. "Lo que querríamos es que hubiese más personas que los diesen en adopción", apunta.

Pero esta opción tampoco es sencilla. La ley contempla que los embriones para adopción deberán ser fruto de óvulos de mujeres menores de 35 años. Y la realidad es que la mayoría de las que recurren a esta técnica para tener hijos son mayores de esta edad. De hecho, recientemente un hospital público catalán solicitó a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) que permitiese que se usasen embriones de mujeres de más de 35 años. La Comisión de Reproducción Humana Asistida de Cataluña apoyaba la iniciativa, pero la respuesta de la comisión nacional fue negativa.

En cuanto a destruirlos, existe un doble motivo por el cual los centros españoles no optan por esta decisión. Por un lado, a pesar de que la ley lo permite, existen reticencias y un temor a las reacciones de los grupos conservadores y religiosos. De hecho, cuando las parejas escogen se trata de la opción menos popular: menos del 10% lo elige.

Por otro lado, la ley estipula que la destrucción no se podrá llevar a cabo hasta que la mujer haya completado su edad reproductiva. Es decir, aproximadamente hasta que se encuentre alrededor de los 50 años. Y que esto deberá certificarse por dos médicos ajenos al centro que los guarda. "¿Cómo vamos a hacer eso con las parejas que no responden?", afirma López Tejón.

En el desentendimiento de las parejas hay centros que ven falta de responsabilidad. Otros, excusan a las parejas argumentando que la carga emotiva que supone decidir les bloquea. "No responden porque cambian de domicilio y no avisan, porque se separan, y no tienen en cuenta que hay unos embriones almacenados... Existe una gran variedad de situaciones", explica Calaf. "También hay muchas que una vez acabado el proceso quieren olvidarse, les resulta incómodo decidir", afirma de Lafuente. "Muchas parejas nos dicen: decide tú por mí", explica López Tejón.

Todos coinciden en que las parejas deberían ser más responsables. "Hay que hacer un esfuerzo para que tomen conciencia de que sus actos tienen una trascendencia de la que tienen que responsabilizarse", afirma Josep María Busquets, responsable de bioética del departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Desde la Administración catalana se reconoce esta incomodidad de los centros: "No se sienten seguros, sería necesario desplegar alguna instrucción que clarificase mejor qué hacer con estos embriones", dice Busquets. "Algún día, los centros y las Administraciones tendrán que tomar alguna decisión", concluye.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de abril de 2011