Aprobada la ley de caza con críticas por favorecer a los cazadores
El Parlamento aprobó ayer la ley de caza, que sustituirá a la normativa vigente, en activo desde 1970, pero lo hizo soportando las críticas de algunos grupos políticos que censuraron que uno de los aspectos más polémicos de la nueva legislación, las distancias de seguridad, se haya cambiado con respecto a los documentos previos al dictamen de la ponencia de la ley para favorecer los intereses de los cazadores.
La norma salió adelante con los votos favorables de PNV, PSE, PP y UPyD, las abstenciones de Aralar y EA y el voto en contra de EB -porque el País Vasco "debería ser un territorio no cinegético", argumentó Mikel Arana-. Todos ellos incidieron en los diferentes intereses que hay en torno a esta ley. Tanto Aralar como EA y EB aseguraron que el texto final suaviza las restricciones iniciales hacia los cazadores.
"Han pesado más los intereses de los cazadores que de las personas que reivindicaban una mayor seguridad", censuró Dani Maeztu (Aralar). Juanjo Aguirrezabala (EA) aseguró que "PNV, PSE y PP han cedido ante los cazadores". "No es fácil con tantos intereses en juego, aprobar una ley que satisfaga a todos", sintetizó Bakartxo Tejería (PNV).
Distancia de seguridad
Y es que las distancias de seguridad, probablemente el aspecto que más polémica ha suscitado durante la tramitación de la ley, han sufrido modificaciones hasta el último minuto. Se mantiene la distancia de 200 metros sobre zonas urbanas, de 20 en bidegorris y senderos y de 50 metros en vías férreas y caminos de uso público, pero se reduce a 100 metros en el caso de edificios aislados, una distancia que hasta hace pocas semanas estaba en 150 metros. Leopoldo Barreda (PP) aseguró que estas distancias "hacen posible la caza en Vizcaya y Guipúzcoa".
La consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, defendió que la anterior normativa estaba atrasada, entre otros motivos porque "llegaba un momento en que las sanciones eran de una cuantía que se puede calificar, desde luego, de irrisorias y que no tenían ningún efecto disuasorio".
Estas también han sido modificadas, con multas entre 50 y 6.000 euros y la anulación de la licencia y de hasta cinco años. La multa por cazar animales amenazados se puede elevar a los dos millones de euros.
