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Merkel augura duras negociaciones para cerrar el pacto de competitividad

La CEOE apuesta sin ambages por vincular los salarios a la productividad

Las reticencias mostradas por algunos países al pacto de competitividad propuesto por Angela Merkel con el apoyo de Nicolas Sarkozy durante la cumbre del pasado viernes no han hecho más que crecer. La propia canciller alemana reconoció ayer las dificultades que implicará alcanzar un acuerdo tras un encuentro con el presidente polaco Bronislaw Komoroski y el presidente francés, Nicolas Sarkozy: "Ya está claro que las negociaciones serán duras". Pero dejó sentado: "Queremos un acuerdo y todavía tenemos un poco de tiempo".

Al menos media docena de Estados miembros presentan objeciones. El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, intentará alcanzar un acuerdo con los líderes de la zona euro para que pueda ser aprobado a principios de marzo.

Al menos media docena de Estados europeos ponen objeciones

Antes del Consejo Europeo, la Administración alemana había difundido un borrador de documento de seis puntos para reforzar la competitividad en la UE como condición para que Alemania aceptase aumentar la cuantía efectiva del fondo de rescate del euro y flexibilizara su uso. El actual fondo de rescate tiene una capacidad teórica de 440.000 millones de euros, pero solo 250.000 millones están disponibles para mantener la calificación AAA.

Los seis puntos del pacto de competitividad que exige Alemania se refieren a la prohibición de la indexación de los salarios con la inflación; la inclusión en las Constituciones de límites de deuda y déficit; el reconocimiento mutuo de títulos para favorecer la movilidad laboral; el aumento de la edad de jubilación de acuerdo con la evolución demográfica, la armonización de la base del impuesto de sociedades y el establecimiento de un mecanismo de resolución de crisis bancarias para que las pérdidas las soporten los acreedores y no los contribuyentes.

Pero las maneras empleadas por Alemania han sonado a imposición y varios Estados han levantado sus voces de desacuerdo. Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria y España han expresado su discrepancia con distinta intensidad a la exigencia de eliminar la vinculación de los salarios a la evolución de precios, asegurando que ha dado buenos resultados. Fuentes jurídicas han señalado, por otra parte, que esta receta que propone Alemania va en contra de sus propias normas constitucionales, que consideran que hay que respetar los acuerdos entre las partes en los convenios colectivos.

El canciller austriaco, Werner Faymann, ha calificado de "injerencia" la pretensión de Berlín de exigir cambios en los sistemas de pensiones de los respectivos Estados, sobre los que la UE carece de competencias. Italia, el segundo país después de Grecia con mayor nivel de deuda de la UE, se opone a incluir en la Constitución límites al endeudamiento. Sobre este punto, el viceprimer ministro griego, Theodoros Pangalos, rechazó igualmente el intento de la UE de "intervenir" en las Constituciones nacionales. También Polonia mostró su desagrado a las formas de Berlín.

En España, el vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, concretó, sin ambages, la posición de la patronal respecto a las propuestas alemanas. Fernández aseguró en una entrevista en TVE que ligar los salarios a la productividad es "importantísimo e imprescindible" y, aunque reconoció que es un tema "complicado", pidió a los sindicatos que miren esta cuestión "con buenos ojos".

Frente a Fernández, los sindicatos. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, recordó ayer que en España funciona desde hace años un modelo "pactado" para la formación de los salarios que se apoya en tres elementos, "que deben funcionar armónicamente y al unísono: la previsión de inflación, la cláusula de revisión y el reparto negociado de la productividad".

UGT y CC OO rechazan de plano la idea de desvincular salarios e inflación. Con un discurso muy modulado, el Gobierno tampoco muestra entusiasmo por la propuesta alemana. En un reciente encuentro informativo, el mismo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió que el modelo de negociación con cláusulas de revisión "no ha tenido una mala experiencia" y también sirve para "recuperar" pérdidas empresariales, como ocurrió en 2010.

También el ex presidente del Gobierno Felipe González, entrevistado por la SER, entró en el debate. "Los salarios", afirmó, "tienen que estar ligados a la productividad", si bien consideró que España "no está preparada" para aplicar esta fórmula de revisión salarial. "No tenemos", explicó, "mentalidad empresarial para hacer un sistema de transparencia de las cuentas de las empresas para hacer que las retribuciones sean mayores si los beneficios aumentan", cuestionó, al mismo tiempo que abogó por "descentralizar" la negociación colectiva, reforma que los agentes sociales deben culminar antes del 19 de marzo.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de febrero de 2011