Medio Ambiente denuncia a 138 'paranyers'
La Fiscalía de Castellón va a abrir diligencias de investigación penal contra 138 cazadores de parany después de que la Consejería de Medio Ambiente haya presentado una denuncia masiva por la práctica de este tipo de caza prohibida. La denuncia, la primera que presenta la Administración autonómica de forma masiva, responde a la utilización del parany durante la temporada de 2010, fecha en la que ya estaba aprobada la modificación de la ley de caza con la que la Administración autonómica trató de legalizar esta práctica. Según comunicó ayer un portavoz de la fiscalía, se van a investigar "todas y cada una" de las denuncias.
Los grupos ecologistas eran los que, hasta ahora, habían presentado ante la fiscalía la información sobre los puntos en los que se practicaba la caza con parany, un método que consiste en la colocación en las ramas de los árboles de unas varillas impregnadas de una materia viscosa y adhesiva que funciona como trampa para los pájaros.
Con dicha información, la fiscalía interpuso, durante 2009, más de un centenar de denuncias por esta práctica. En esta ocasión ha sido la Administración autonómica, encargada de velar por el cumplimiento de la ley, la que ha dado traslado de los hechos, por si fueran constitutivos de delito. De hecho, el pasado mes de noviembre, el juzgado de lo penal 1 de Castellón condenó a un paranyer a la pena de ocho meses de multa por un delito contra la fauna.
Recurso pendiente
La caza con parany está prohibida por tres instancias judiciales que consideran este método de captura de aves no selectivo. Sin embargo, esta práctica, que cuenta con miles de seguidores, sobre todo en la provincia de Castellón, se ha seguido aplicando durante las temporadas de caza.
La Generalitat trató de legalizar el parany con una modificación de la ley de caza, que fue apoyada por el PP, el PSPV y el Bloc, vinculando esta práctica a la tradición. Tras su aprobación, el Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que la Administración autonómica había rebasado sus competencias en la materia y alegando que el cambio de la norma chocaba con las leyes estatales. El Constitucional admitió el recurso, dejó en suspenso la ley y todavía no ha emitido su resolución.
