El PP rechaza enmiendas de la oposición contra la deuda y por la transparencia
Evitar "gateras", como las calificó la portavoz socialista, Cristina Moreno, para el endeudamiento de la Generalitat era el objetivo de la mayoría de las enmiendas de la oposición que ayer rechazó el PP en la comisión de las Cortes Valencianas en la que se debate el proyecto de Presupuestos para 2011. Moreno criticó que el proyecto prevé un aumento del 10% del límite de endeudamiento a corto plazo, que se sitúa, así, en un 30% del crédito consignado, cuando ya en 2004 el Gobierno de Camps elevó ese límite del 10% al 20%. La diputada recordó que, según el Banco de España, la deuda de la Generalitat ha aumentado en casi 10.000 millones de euros durante la presidencia de Camps y añadió que "si antes eran necesarias, este año son urgentes" las medidas de limitación de la deuda.
Costa acusa al PSPV de querer "amputar la autonomía financiera" al Consell
El portavoz del PP, Ricardo Costa, acusó a los socialistas de intentar "amputar la autonomía financiera de los valencianos" al proponer recortar el margen de las operaciones de tesorería de la Generalitat. La insuficiencia de financiación procedente del Gobierno central y los retrasos en su transferencia justifican, en su opinión, el margen que prevén los presupuestos y que, en todo caso, está dentro de lo que han aceptado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de establecer mecanismos ágiles para hacer frente a los pagos, señaló Costa, que añadió: "El Gobierno central nos quiere endeudar en 190.000 millones, eso sí que son gateras".
El debate, con el trasfondo de las dificultades crecientes del Consell para hacer frente a los gastos corrientes, también se centró en el límite de los avales que puede conceder el Instituto Valenciano de Finanzas. La diputada de Compromís Mireia Mollà propuso reducirlo a 600 millones de euros, mientras que los socialistas plantearon recortarlo en 250 millones. La previsión de las cuentas autonómicas es de 900 millones. José Marí Olano, del PP, defendió la necesaria flexibilidad en los límites de endeudamiento "para adaptarlos a la coyuntura económica".
La creación de una oficina presupuestaria, el recorte del sector público y la prohibición de la publicidad institucional con fines electoralistas o partidistas fueron otras propuestas del PSPV-PSOE, algunas dirigidas a fomentar la transparencia en la contratación pública. En este terreno, la socialista Isabel Escudero puso como ejemplo de la necesidad de reforzar el control presupuestario que la Ciudad de las Artes y las Ciencias acumula unos sobrecostes del 311% que el PP se ha negado a investigar. En esa misma línea, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, propuso que se publiquen anualmente las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat, con nombres y apellidos.
Un apartado específico tuvo la crítica que hizo Ignacio Subías, del Grupo Socialista, de la congelación provisional de la carrera profesional para quienes se incorporan a la función pública en el ámbito sanitario, lo que supone una discriminación en relación con el resto. El portavoz popular, Ricardo Costa, justificó "la suspensión de determinados privilegios o mejoras salariales" por las exigencias de austeridad.
