El 'caso Brugal' salpica ya a 14 pueblos de Alicante y Murcia

El caso Brugal, que investiga la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja se ha ido ramificando desde que arrancó en el año 2007 y salpica ya a una larga lista de municipios. En total, son 11 las poblaciones alicantinas y tres las murcianas, incluidas ambas capitales, presuntamente implicadas en la trama, según los informes policiales y de la Fiscalía Anticorrupción, Delitos Económicos y contra la delincuencia organizada.

Los dos pilares del sumario del caso Brugal son la contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja. Pero la investigación de los empresarios Ángel Fenoll -a quien la Fiscalía Anticorrupción considera el eje de la corrupción en el sur de la provincia de Alicante- y del promotor y contratista Enrique Ortiz -a su vez líder de la trama en Alicante- ha ampliado el radio de acción inicial.

Varios pueblos son investigados por proyectos urbanísticos

- Orihuela. El germen del caso Brugal se remonta a la primavera de 2006, cuando Fenoll dejó sobre la mesa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, un DVD que recogía un supuesto soborno por la contrata de basura de Orihuela.

- Alicante. La Fiscalía Anticorrupción y la policía acusan al ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y a su entonces edil de Urbanismo y actual regidora, Sonia Castedo, ambos del PP, de recibir regalos de Ortiz a cambio de favores urbanísticos en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue aprobado provisionalmente en mayo de este año.

Los supuestos favores, según la investigación, incluirían la reforma del estadio de fútbol Rico Pérez (donde juega el Hércules) a cambio de una futura recalificación del suelo o la compra de terreno por parte del promotor en zonas declaradas parques naturales para trasladar los aprovechamientos a otras áreas urbanizables de la ciudad.

- Rafal, Algorfa, Jacarilla, Pilar de Horadada y Bigastro. La policía mantiene, según informes del caso Brugal, que en los días previos a las elecciones municipales de 2007, Ángel Fenoll hizo llegar aportaciones en metálico para actos electorales a los alcaldes de Rafal, Algorfa y Jacarilla, José Arronis, Antonio Lorenzo y José Manuel Gálvez. También a los líderes del PP en Pilar de la Horadada y Bigastro, Francisco Lancharro y Aurelio Murcia.- Callosa de Segura. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales dedica un apartado al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros, del PP, de quien la investigación sospecha que recibió pagos en metálico en 2007 y 2008 de Ángel Fenoll. El informe concluye que "existirían indicios suficientes" de un "presunto delito de cohecho y prevaricación" vinculado a la ampliación del contrato de la recogida de basura y la limpieza viaria con Colsur a cambio de "presuntas entregas de dinero" y de "la contratación de personal a indicación del alcalde en persona".

- Villena. La investigación incluye esta localidad por las posibles irregularidades relacionas con la remodelación de la plaza de toros. El informe explica que una de las posibilidades de cara a la rehabilitación era la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza, aunque esta opción no contaba con el respaldo de Enrique Ortiz. El empresario, en una grabación, muestra interés por el proyecto y se ofrece a realizar gestiones a pesar de no haber salido a concurso. La alcaldesa, Celia Lledó, del PP, explica que van a tardar en sacar el concurso "por lo menos un mes" y se compromete en llamar a Ortiz para volver a tratar el tema.

- Monòver. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan de Actuación Urbanística Los Mayorazgos. En una conversación entre Ortiz y el alcalde de la localidad, Salvador Poveda, del PP, el político asegura haber hecho lo que habían acordado y le recuerda al empresario una promesa que aparentemente le hizo referente a sus concejales.

- Calp. El material grabado por el propio Fenoll, intervenido en los registros efectuados, muestra diversas irregularidades relacionadas con la adjudicación de la construcción de una planta de transferencia de residuos en esta localidad de La Marina Alta. Las grabaciones datan de 1998 en adelante, pero la policía sospecha que las irregularidades se han prolongado en el tiempo a través de la manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a dicha planta y que determinarían la facturación final de la mercantil.

La investigación considera que estarían relacionadas con estos hechos Francisco Artacho Tellado, que como ex cuñado de Juan Roselló hace de intermediario entre Fenoll y diversos cargos del Ayuntamiento de Calp, así como los concejales del PP Juan Roselló, Fernando Penella y Francisco Javier Morató (ex alcalde), además del ex edil de IU Manuel Roura. A los cuatro se les considera presuntos beneficiados de la contraprestación económica ofrecida por Fenoll.

- Abanilla (Murcia). Las grabaciones realizadas por Fenoll arrojan, en este caso, una presunta financiación irregular del Partido Socialista de Abanilla "con la finalidad de que no sean cuestionadas públicamente ni la figura ni los negocios del empresario sr. Fenoll al estar ubicada la planta de gestión de residuos de Proambiente (propiedad del industrial) parte en dicho municipio". La investigación menciona entre las personas que supuestamente intervienen en dichas irregularidades a José Antonio González Rivera, concejal y secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Abanilla, José Antonio Cutillas, concejal socialista, Manuel José Martínez, portavoz adjunto del PSOE local y concejal, Dolores María Mateo Rivera, concejal socialista, y María Dolores Saurín Riquelme, concejal socialista. En los cinco casos, la investigación considera que reciben contraprestaciones de diversa índole o directamente económicas de Fenoll.

- Fortuna (Murcia). La investigación analiza esta localidad murciana en referencia con un supuesto soborno por la contrata de basura. Esta pieza fue remitida el pasado mes de julio a los juzgados de Cieza.

- Murcia. La investigación policial se fija en este caso en las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación del concurso de construcción y explotación de diversas vías del ferrocarril interurbano. Las grabaciones muestran las gestiones realizadas por Enrique Ortiz con distintos interlocutores empresariales o políticos para presentarse a adjudicaciones de esta red de transporte junto con otras empresas. En varias grabaciones Ortiz insiste a un posible socio que debe pagar "lo del baloncesto, por lo menos una vez", asegurando que la adjudicación está próxima.