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domingo, 24 de octubre de 2010

Una sentencia impide la demolición de una casa en la Cañada Real

La vivienda está en una vía pecuaria donde se erigen cientos de casas ilegales

Por primera vez una sentencia resuelve que no se puede demoler una casa de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria de casi 15 kilómetros de longitud en la que se erigen cientos de viviendas ilegales. En noviembre de 2008, con el pijama puesto, les llegó una orden de derribo de su chalé a Rosa y Jesús. Su abogado, Roberto Alonso, "el abogado de la Cañada", consiguió la suspensión de aquella demolición proyectada con 24 horas por el Ayuntamiento de Rivas. Desde entonces, comenzó un largo proceso judicial que concluyó el pasado viernes: "Declaro la resolución municipal de derribo contraria a derecho", falla el Juzgado número 17 de lo Contencioso-administrativo de Madrid. El municipio tiene 15 días para recurrir.

Es la primera vez que un juez rechaza un derribo en esta ubicación

Los dueños figuran empadronados en el chalé desde 2000

La sentencia es la primera que dicta que no se puede derruir una casa de la peculiar senda, llena de construcciones al margen de la ley. Y, precisamente, lo hace cuando se intenta reactivar una ley de la Comunidad de Madrid que pretende regular el terreno. Esa propuesta data de julio de 2009, aunque el proyecto está paralizado desde entonces, entre otras cosas, por los desacuerdos entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional. Distintas Administraciones e instituciones han protestado por ello.

Si el fallo sirve como precedente, los distintos municipios afectados pueden ver frenados sus planes de despejar la vía. Casi todas las semanas hay derribos en la senda, especialmente por parte del Consistorio madrileño, a quien afecta la parte más conflictiva de la "calle" (la zona que parte en dos la carretera de Valencia). Muchas de estas demoliciones se han conseguido suspender por distintos letrados, incluidas las de algunas chabolas de la zona conocida como el Gallinero, pero no a través de una sentencia, sino de medidas cautelares.

Roberto Alonso considera que el legajo es "fundamental", porque nunca se había pasado de la suspensión temporal de una demolición y esto es definitivo. El letrado, que lleva más de 20 casos, tiene una ligazón sentimental con esta batalla. A su padre, de oficio carbonero, le expropiaron hace 25 años un terreno donde guardaba el mineral para construir la carretera que ahora une Vallecas y Vicálvaro. Su análisis ahora va más allá: "La sentencia acredita que lo que se pretendía con la primera demolición que pretendía el Consistorio de Rivas quizás se fundaba en obtener una cierta repercusión pública y, de paso, presionar a la Comunidad de Madrid para que aprobase la ley de la cañada".

Jesús, fontanero de 57 años, y su mujer, Rosa, instaladora de gas, están empadronados desde 2000 por el Ayuntamiento de Rivas en esta construcción alta de cemento que ocupa uno de los regatos de la vía pecuaria, en el Sector IV. Cuando se intentó por primera vez tirar su casa, fue la primera en solicitarse para ocupantes españoles. Hasta esa fecha, los derribos afectaban sobre todo a las casitas levantadas por marroquíes. Ellos construyeron la vivienda de manera paulatina -"según íbamos teniendo dinero"- desde 1995. Viven allí permanentemente y reclaman que todos sus papeleos "han ido con la legalidad desde el primer día".

Pero no terminan de estar tranquilos. "Es un respiro después de dos años de no poder ni ponernos el pijama porque te intentaban tirar la casa sin avisar ni con 24 horas", dice Rosa, pero sabe que "esto es solo una batalla y la guerra no está ganada". Sus principales lamentos son contra el Ayuntamiento de Rivas, a quien acusan de pensar "que en esta calle solo viven drogadictos y delincuentes".

El Consistorio ripense no contestó ayer a las llamadas de este diario. Pero en su momento su argumentación fue que la construcción fue "ejecutada sin contar con la oportuna licencia y no ser susceptible de legalización". También, dice Alonso, se vertieron descalificaciones contra él y los más de 200 vecinos agrupados en una asociación y a los que representa el abogado, de 36 años. "Ahora tendrán que tragarse las palabras", reivindica el letrado, que no quiere valorar en exceso la posibilidad de que Rivas puede recurrir el fallo.

La historia de Jesús y Rosa no es excepcional. En su tramo de la vía hay muchas casas con aspecto de chalés convencionales habitadas por españoles. O, en realidad, no tan habitadas. Muchos de los propietarios de estas viviendas en realidad no residen en ellas. Todos se valen de generadores eléctricos pagados entre grupos de vecinos para el suministro de luz.

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