Inocencias manchadas
Una buena parte de los dirigentes de los grupos políticos dedican su tiempo a advertir, cuando no a amenazar con denuncias ante los juzgados. Hasta el punto es así, que uno de estos dirigentes ha sido bautizado popularmente con el apodo de Querellator. Es el caso de Javier Arenas, candidato por cuarta vez a la presidencia de la Junta de Andalucía, quien dedica parte de su tiempo a advertir de probables querellas y otra a interponerlas. Siempre con escaso éxito. Otros, como es el caso del PSOE, ante el fracaso y archivo de querellas y advertencias, pide a estos querellantes a granel que se disculpen. No existe la delincuencia que se denuncia, ni hay tramas ni se urden. Es más -dicen-, cuando la Administración de Justicia dirige alguna actuación penal contra algún afiliado y es un cargo público se le suspende de militancia o se le destituye en razón al estado del procedimiento y su posición procesal. Tratan de marcar estas diferencias e insisten ante archivos o sobreseimientos en que los que se querellaron se disculpen. Como no lo hacen, se les tacha de inmorales.
Así, la pasada semana se dictó un auto en el llamado caso Unidad. A poco que se recuerde, el caso constituyó la base de la precampaña a la alcaldía de Sevilla por parte de Juan Ignacio Zoido. El PP denunciaba una "trama de facturas falsas e infladas" por el alcalde de Sevilla y "su banda". Ahí es nada. Pues bien, en la resolución judicial sobre este caso se rechaza cualquier trama y cualquier responsabilidad por parte de los cargos públicos contra los que se dirigía. Este pronunciamiento ha sido suficiente para volver a las andadas. El PSOE exige disculpas y el PP las niega. Dice que el fax existe y que la policía, en este caso, no es tonta ni está dirigida, que es lo contrario que afirma en los casos Gürtel y Fabra, y tantos otros.
No sé si a estas alturas todos hemos entendido, o queda alguien por hacerlo, que la corrupción no es algo que pueda influir significativamente en el sentido del voto. Y si no influye en el sentido del voto, tal como reflejan los datos de las encuestas recientes, no es cuestión que le preocupe al PP en su objetivo dirigido a ganar las elecciones. A poco que se miren sus actuaciones, se puede sostener que su forma de hacer oposición es destacar la crisis económica, por cuanto sí influye en el voto de los ciudadanos. La corrupción, como tal, pasa a un segundo plano y siempre mirando al adversario. Nunca al interior de su partido.
Si el PP de verdad estuviera interesado en la limpieza y transparencia de la vida pública no permitiría a un elevado número de cargos públicos -unos imputados y otros acusados- que se mantuvieran en sus cargos y se volvieran a presentar. Es lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, en la que su tolerancia y permisividad ante este panorama de corrupción es tan grave como sus manifestaciones contra fiscales y fuerzas del orden, que allí los considera dirigidos por el Gobierno. Unas afirmaciones que no hace en el caso Unidad, en el que, con su particular ley del embudo, el PP hace primar la labor policial frente a la decisión judicial. No, no le importa la corrupción en sus filas ni en otras. Lo que le interesa es que, al igual que la crisis económica le sirve para su objetivo de victoria, también ve incrementada esta posibilidad si desmotiva a los votantes de izquierdas. Unos votantes que pueden perder parte de sus ilusiones si no ven soluciones para la crisis y se les intenta hacer creer que algunos dirigentes están contaminados por el poder y el dinero.
Tal vez sería mejor que en lugar de exigir unas disculpas que nunca van a llegar, por cuanto no interesan las inocencias manchadas sino los perjuicios causados a un grupo político, estos dirigentes socialistas dedicaran este tiempo en explicar a los ciudadanos las causas y soluciones frente a la crisis así como también los avances sociales alcanzados, sin dedicar un solo minuto a las trampas de esta oposición para no seguir cayendo en ellas.
