La fiscalía considera "excesivo" que Boadilla pague 5,9 millones a Correa

La Fiscalía Anticorrupción considera que los 5,9 millones de euros que se ha comprometido a pagar la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) a la sociedad Artas Consultores, una de las empresas implicadas en la trama Gürtel, es una cantidad "excesiva". Por eso, se oponen al acuerdo suscrito entre el representante legal de la firma, el imputado Ramón Blanco Balín, en virtud del cual el Consistorio asumía la hipoteca de esta sociedad, cuyos propietarios renunciarían al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI.

Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente. En un informe dirigido al magistrado instructor del caso, Antonio Pedreira, que es quien deberá tomar una decisión definitiva, el fiscal justifica su oposición al acuerdo: "La suscripción del contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa operación acordada en 2005, según el documento del ministerio público, serviría de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo "con un menor coste" para Boadilla.

El PSM ha pedido al juez que llame a declarar a Siguero como imputado

Anticorrupción considera, además, que el acuerdo es perjudicial para Boadilla porque el contrato de resolución de la adjudicación goza de una garantía de dos millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago. Asimismo, el fiscal explica que, hasta el momento, todos los plazos se están abonando con los fondos embargados a la mercantil Artas Consultoría, los cuales se incrementan con los ingresos percibidos mensualmente en concepto de alquiler. Entre otras instituciones, la Policía Local de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo pagan un alquiler mensual.

Esta operación ha sido rechazada por la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su "disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la hasta hace unos meses edil Rosalía de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales) participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno a la operación. El portavoz del PSM, Pablo Nieto, asegura que Anticorrupción "defiende" a los vecinos: "Frente a los intereses de las empresas implicadas, es vergonzoso e indecente que el alcalde pretenda pagar 5,9 millones más a Correa". Nieto rechaza que se asuma la hipoteca, y plantea otra opción: "Debe rescindirse el contrato y defender esta decisión en los tribunales".

Por otra parte, el PSM, como acusación popular del caso Gürtel, ha pedido al juez que llame a declarar al alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), en calidad de imputado. Los socialistas quieren que explique su participación en las adjudicaciones del Consistorio que están siendo investigadas por Pedreira, y por las que la policía ha pedido su detención.