Andalucía intenta adelantarse a los efectos del cambio climático

Andalucía es una de las regiones de Europa más vulnerables ante el cambio climático que se está produciendo en el planeta. La comunidad ha elaborado un estudio sobre cómo afectará este fenómeno a la región. Y los 40 escenarios climáticos que se plantean dibujan un futuro bastante feo. La consejería de Medio Ambiente prevé que las temperaturas máximas en Andalucía aumenten cinco grados centígrados a finales de siglo. Además, se incrementarán los periodos de sequía.

Las consecuencias de esta perturbación del clima afectarán a los ecosistemas y a la economía andaluza. Para tratar de adelantarse, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Programa de Adaptación al Cambio Climático. Se trata de medidas para intentar paliar los efectos del aumento de las temperaturas y las sequías en la agricultura, la salud, la industria, el turismo, el territorio y el agua.

Medio Ambiente busca alternativas para la agricultura, la salud y el turismo

El programa incorpora esos escenarios de futuro a la planificación hidrográfica y también contempla la elaboración de un mapa de riesgo por inundaciones y avenidas, según detalló ayer el departamento que dirige José Juan Díaz Trillo. Además, se desarrollarán sistemas de alerta temprana para situaciones de riesgo como las olas de calor o la "transmisión de enfermedades por insectos que se adaptan a las nuevas condiciones climáticas". El programa aprobado incluye, por ejemplo, la elaboración de "planes de reconversión para la adaptación de los espacios de alta montaña a las nuevas condiciones climáticas" y la adecuación de edificaciones e infraestructuras a los cambios previstos.

Díaz Trillo insistió ayer en los "beneficios" de intentar adelantarse a los efectos del cambio climático, algo que ya se está notando en la región, donde, según recordó el consejero, en junio se ha registrado la temperatura media más elevada en los últimos 60 años. Las perspectivas que maneja la consejería coinciden con las de la Agencia Estatal de Meteorología, que hace unos días difundió un estudio en el que se señalaba que la temperatura máxima del centro de Andalucía aumentará entre seis y ocho grados durante los meses de agosto en el periodo comprendido entre 2071 y 2100. Aemet también prevé una reducción de las precipitaciones.

El programa de adaptación aprobado ayer era una de las medidas contempladas dentro de la Estrategia Andaluza contra el Cambio Climático, que arrancó en 2002. Entre los compromisos que ha adquirido el Gobierno andaluz para tratar de frenar este fenómeno está la reducción de un 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2012 con respecto a las de 2004.

En el Consejo de Gobierno de ayer -el último del curso político- también se aprobó el nuevo reglamento sobre contaminación lumínica, que contempla sanciones de hasta 60.000 euros. Medio Ambiente prevé que, gracias a esta norma, se reducirá un 11% el consumo eléctrico del alumbrado exterior, lo que supondrá que se emitan a la atmósfera 37.396 toneladas menos de dióxido de carbono.

El Consejo de Gobierno también sirvió para dar luz verde al inicio de la tramitación para la elaboración del programa de residuos peligrosos de Andalucía para el periodo comprendido entre 2011 y 2020. Uno de los objetivos que se ha fijado la Junta es la reducción de la producción de estos desechos. En la comunidad se generaron 298.658 toneladas de este tipo de basura en 2008, frente a las 236.075 de 2004, año en el que empezó a funcionar el anterior plan de gestión.

Por último, también se aprobó ayer el decreto que pone en marcha la Autorización Ambiental Unificada, ya prevista en la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Lo que se busca es reducir el tiempo de espera para la concesión de las autorizaciones. Medio Ambiente estima que se logrará reducir en seis meses el plazo de tramitación actual. Y se fija un máximo de ocho meses para el procedimiento normal y de seis para el abreviado. Díaz Trillo sostuvo ayer que la celeridad que se pretende imponer a las tramitaciones no supondrá una relajación de la vigilancia medioambiental. Esta es una de las preocupaciones de los grupos ecologistas ante las reformas que está acometiendo la Junta para simplificar los trámites en espacios sensibles como, por ejemplo, los parques naturales.