El 'Juí d'Alcàsser' de Canal 9, de nuevo en el banquillo

Tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia vieron ayer el tratamiento que Canal 9, en el programa Juí d'Alcàsser, hizo del seguimiento del juicio contra el único procesado por la muerte de las tres niñas. Vieron diferentes fragmentos recogidos en casi una treintena de cintas de vídeo (no sin problemas técnicos porque el vídeo no funcionó correctamente y porque encontrar la información se hizo manualmente porque no se pudieron automatizar las intervenciones que interesaban). Todo ello, para responder a los recursos presentados por Fernando García, padre de una de las niñas asesinadas en 1992; el criminólogo Juan Ignacio Blanco y la representación de Canal 9. Pretenden que la sala modifique la condena a pagar 620.000 euros de indemnización -un tercio le corresponde a Canal 9- y las multas por injurias y calumnias al tribunal que juzgó el caso, al fiscal, a los forenses y a la Guardia Civil.

El padre de una de las niñas, Fernando García, fue condenado

La fiscal dice que las cintas no aportan nada que rebaje la pena

La fiscal dijo ayer que el visionado de las cintas no ofrecía ninguna información nueva capaz de considerar la modificación de la sentencia. El abogado de Fernando García dijo que su representado había hecho uso del derecho de opinión y libertad de expresión, que había criticado. García, entre otras cosas, descalificó profesionalmente a los operadores jurídicos que instruyeron el caso, llegó a decir que el entonces fiscal jefe, Enrique Beltrán "chocheaba". Y en el juicio en el que fue condenado, García insistió en que "volvería a decirlo".

El titular del juzgado de Lo Penal número 2 de Valencia dictó una sentencia que supuso un revés para un determinado perfil de programa de televisión. El juez consideró que el tratamiento de la información que se hacía en el programa no era "inocente" y buscaba deliberadamente "situaciones personales de combate, lucha y pelea, para alimentar las reacciones mentales moralmente insanas" de los espectadores para aumentar la audiencia.

García fue condenado al pago de una multa diaria de 18 euros durante 27 meses por un delito continuado de injurias graves con publicidad contra cuatro miembros de la Guardia Civil, cuatro forenses y contra el ex fiscal jefe de Valencia (14.580 euros en total). A cada uno de los ofendidos debe indemnizarles con 30.000 euros, lo que suma 270.000 euros. Juan Ignacio Blanco fue castigado a dos años de prisión por dos delitos de calumnias y a 22 meses de multa por injurias graves: 7.920 euros. Indemnizará con 350.000 euros a los afectados.

Los profesionales de Canal 9 que se sentaron en el banquillo, Ferran Pérez y Amàlia Garrigós, fueron absueltos. Pero Canal 9 salió del juicio como responsable solidario de abonar las indemnizaciones. El juez recordó al ente que "por la cadena pública autonómica se montó un dispositivo especial" y "a diario se ofrecía un especial donde (...) realizaban el comentario y las acusaciones que han sido determinadas". Y dijo que todo ello no fue el inocente desarrollo del programa: "Con preguntas aparentemente que no hacen daño, se produce una contestación que es la que se busca, tirar el anzuelo para que reproduzcan o califiquen conductas de los médicos forenses, del fiscal, no pudiendo calificar así de aséptica, neutral, ni fría, la conducta del medio de comunicación en la difusión de unas manifestaciones que son previsibles y con fin siniestro".

La vista de ayer dejó el recurso visto para sentencia.