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domingo, 25 de julio de 2010
Reportaje:Información privilegiada

Los ex consejeros de CCM se revuelven

La resolución de Economía aumenta las tensiones políticas y judicializa el caso

Esta semana, antes de hacer públicas las pruebas de estrés, el Ministerio de Economía adelantó las sanciones a los miembros del consejo de administración de Caja Castilla-La Mancha (CCM) en el momento que fue intervenida por el Banco de España (BE), el 29 de marzo de 2009. Para disgusto de los implicados, el departamento que dirige Elena Salgado ha ratificado la propuesta del regulador sin tocar una coma. Un total de 19 personas se tienen que enfrentar a multas de diversa cuantía, que en el caso del ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general, Ildefonso Ortega, lleva emparejada la inhabilitación de cinco años.

Ese es el resultado provisional de una historia que comenzó aquel último domingo de marzo de 2009. La decisión provocó un consejo de ministros extraordinario el mismo día para autorizar una inyección de liquidez y garantizar la estabilidad de la caja. El propio gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), había advertido que la situación era insostenible y había que buscar una solución con el apoyo político, dada la influencia de los partidos en el control de las cajas.

Visto en perspectiva, es posible que la autoridad podría haber esperado a una solución menos traumática; pero todo se precipitó tras fracasar la integración en Unicaja, que reclamaba ayudas de 1.700 millones de euros para tapar los agujeros de la entidad castellanomanchega. La cifra que el presidente de la caja andaluza, Braulio Medel, exigió para reflotar CCM se antojó exagerada. Sin embargo, al final se han destinado 4.125 millones (3.775 provinientes del Fondo de Garantía de Depósitos -1.300 de preferentes, que debe devolver, y 2.475 de garantías adicionales sobre el valor de los activos- y 350 de financiación puente).

Una cifra que, puestos a comparar, multiplica por 10 la ayuda que la BBK va a recibir por quedarse Cajasur (392 millones), al margen de los 800 que recibirá del FROB y piensa devolver en septiembre. Esto hace que los ex consejeros de CCM no puedan evitar cuestionar la intervención. En su opinión, se podría haber insistido en una integración como las que se han orquestado después.

A estas alturas de la película ya nadie duda de que la intervención de CCM fue el banderazo de salida que buscaba el BE para la reconversión del sector y que, aunque ha tenido algunos atropellos y retrasos por el camino, ahora parece haber entrado en la recta final tras las pruebas de estrés. Tampoco nadie es ajeno a que la intervención se trasladó inmediatamente a la arena política con un PP ávido de tocar poder en Castilla-La Mancha liderado por una candidata ansiosa, María Dolores de Cospedal, y un PSOE a la defensiva tras ser cuestionada la gestión de su militante Moltó.

El asunto no acaba ahí. Precisamente la división partidista que el PP ha querido aprovechar para descalificar a su rival ha provocado que los ex consejeros no estén unidos. De momento, todos van a recurrir por vía contencioso-administrativa la decisión de Economía de sancionarles con multas que van de 5.000 a 100.000 euros; pero algunos de ellos, los ligados a la disciplina de Cospedal (Carlos Cotillas, alcalde de Tomelloso; Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real, y Emilio Sanz) se descolgarán de la querella que la mayor parte presentará contra el ex director general, Ildefonso Ortega, por maquillaje contable.

En ese conjunto es muy posible que entren el representante de UGT, Carlos Jiménez, y el ex presidente de CEPYME, Jesús Bárcenas, cuyos abogados están coordinados con los del grupo principal, ligados al PSOE, entre ellos el propio Moltó, o profesionales independientes. La reclamación se basa en que recibieron información falsa, que el propio BE había respaldado, por lo que entienden que se debía haber sancionado al equipo de dirección y no a un consejo desinformado.

Mientras tanto, el PP estaría preparando una demanda contra Moltó en el mismo sentido. El grupo conservador parece muy interesado también en que el caso llegue a la Fiscalía. Para ello, el BE tendría que denunciar prácticas delictivas, cosa que no ha hecho. Lo que sí hizo el BE fue sancionarle por extralimitarse en sus funciones, que no eran ejecutivas, sobre todo en la concesión de créditos. Además, se le tacha de que tampoco informó al consejo, lo que le deja bastante en mala posición por mucho que se le quiera eximir.

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