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El fiscal pide 15 años para Fabra por siete delitos

Anticorrupción reclama que se le imponga una multa de 3,2 millones

La Fiscalía Anticorrupción considera al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, autor de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y de cinco delitos fiscales y reclama, por su comisión, penas de cárcel que suman un total de 15 años. Así lo expone el fiscal en su escrito de acusación, presentado ante el titular del Juzgado número 1 de Nules que, después de más seis años de investigación, dio por concluidas las diligencias el pasado mes de junio.

Además de las penas de cárcel, el fiscal solicita 15 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. También exige el pago de 600.000 euros de multa por el delito de cohecho continuado, que devuelva los 886.000 euros defraudados a Hacienda y que pague otros 1,7 millones de euros por los delitos fiscales supuestamente cometidos entre 1999 y 2003, lo que hace un total de 3,2 millones. En el mismo escrito, el fiscal recuerda que, según los peritos, Fabra ingresó en sus cuentas más de dos millones de euros que no se corresponden ni con su patrimonio ni con la renta declarada.

El PP no tomará ninguna medida hasta conocer qué decide el juez

El escrito de acusación de la fiscalía acerca más al presidente del Partido Popular de Castellón al banquillo de los acusados para, en el caso de mantenerse las tesis del juez, ser juzgado por un jurado popular.

Por el delito de tráfico de influencias, Anticorrupción pide la pena máxima, que es un año de prisión, por el delito de cohecho continuado reclama cuatro, mientras que por los delitos fiscales solicita dos años de cárcel por cada uno de los cinco supuestamente cometidos.

La reacción oficial del PP tras conocerse las peticiones del fiscal fue, como en todo este proceso, llamarse andana. Un portavoz de Génova aseguró que el partido esperará a conocer el pronunciamiento del juez instructor antes de estudiar posibles decisiones. Desde el PP se subrayó que no existe ninguna línea de actuación predeterminada respecto a Fabra porque las causas que se le imputan proceden de años atrás y los jueces no han adoptado ninguna resolución definitiva

Sobre el resto de imputados, la fiscalía pide para la ex esposa de Carlos Fabra, María Amparo Fernández, ocho años de cárcel por la comisión de cuatro delitos fiscales, la devolución de lo defraudado, 586.000 euros, y una multa de 1,1 millones de euros por el fraude a Hacienda.

Además, reclama cuatro años de prisión por un delito de cohecho para Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos y cuyas denuncias originaron la investigación. Para la ex esposa de este, pide otros cuatro años de cárcel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de julio de 2010