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La Audiencia de Castellón rechaza que Fabra sea juzgado por un jurado

Considera que las imputaciones sobre supuesto tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal serían competencia de un tribunal de magistrados.-La decisión puede retrasar el posible juicio contra el dirigente del PP de Castellón

La Audiencia de Castellón ha rechazado que el presidente de la Diputación y del PP en la provincia, Carlos Fabra, sea juzgado por un jurado popular si finalmente se sienta en el banquillo. La sección segunda de la Audiencia considera que las imputaciones que pesan sobre Fabra por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal serían competencia de un tribunal de magistrados.

La decisión de que la vista se celebrara con jurado la tomó el instructor del caso, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, con el argumento de que los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho son competencia del jurado y son los principales de la causa. El posible fraude fiscal por el que se investiga a Fabra, por el contrario, sería asunto de un tribunal de magistrados.

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La postura del juez instructor es coincidente con la de la acusación popular, que pide para Fabra 20 años de cárcel. No así del propio Fabra ni de la fiscalía, que recurrieron la decisión. La Audiencia de Castellón les ha dado la razón en un auto que es recurrible y que se apoya principalmente en los argumentos de la fiscalía -que pide 15 años de cárcel-en favor de un tribunal de magistrados.

El debate sobre quién debería juzgar a Fabra retrasará el posible juicio de un caso que lleva abierto casi siete años. El juez instructor ya determinó la existencia de indicios racionales de criminalidad y cerró la instrucción antes del verano. Sin embargo, la decisión de Fabra de pedir una nueva declaración ante el juez, que se produjo el pasado septiembre, y que hay recursos pendientes de resolución, no han permitido todavía culminar esta parte del procedimiento y decidir definitivamente si Fabra es juzgado por las imputaciones.

Además, la Audiencia de Castellón también ha aceptado la petición de Fabra de que declaren ante el juzgado los peritos judiciales que realizaron el informe sobre las cuentas del dirigente del PP y determinaron la posible comisión de cinco delitos fiscales entre 1999 y 2004. Según los peritos, las ganancias patrimoniales suman 3,6 millones de euros y el matrimonio Fabra habría dejado de ingresar en Hacienda 1,7 millones de euros.

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