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sábado, 10 de julio de 2010

Valencia mostrará imágenes de fetos a la mujer que quiera abortar

La Generalitat dará asesoramiento "ético" y anima a la objeción entre el personal no sanitario - Igualdad juzga la medida "coercitiva" y Sanidad estudia si es ilegal

El Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, hará pasar a las mujeres que quieran abortar por un trance de "información visual" con el objetivo de disuadirlas. Aprovechará para ello el mecanismo de asesoramiento de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva previsto en el artículo 17.4. Pero además de la información escrita sobre las implicaciones médicas que marca la norma, las mujeres valencianas serán sometidas a un asesoramiento "ético" que empleará "cualquier formato gráfico", como vídeos, fotografías de abortos y hasta ecografías en tres dimensiones "sobre la formación de la vida", explicó la consejera portavoz de la Generalitat Valenciana, Paula Sánchez de León. Posteriormente su departamento matizó que las imágenes procederán de fondos públicos y se centrarán en "el proceso de gestación".

La norma exige una información "sencilla, clara y objetiva"

"Si la medida vulnera la norma la impugnaremos", dice Olmos

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, tildó la medida de "coercitiva" y aseguró que su departamento vigilará el procedimiento valenciano. Lo mismo hará Sanidad, que aguarda más detalles sobre cómo se hará. "Si se da cuando la mujer pida información sobre un aborto, vulneraría claramente la ley", dijo José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad. "En tal caso, impugnaríamos la medida", añadió.

La nueva ley del aborto marca que la mujer que solicite información debe recibir un sobre cerrado con datos sobre la prestación. La documentación incluye una parte común para toda España con información sobre ayudas a la maternidad, redactada por el ministerio de Igualdad; y otra que elabora cada comunidad autónoma. Sin embargo, aunque en el marco de sus competencias la parte que cada región confecciona es libre, la nueva ley marca que debe ser "sencilla, objetiva y comprensible". Y, sobre todo, que debe ofrecerse "de un modo exento de presión para la mujer". Algo dudoso en el caso valenciano.

Sánchez de León justificó ayer la medida con el argumento de que, además del mero asesoramiento médico, hay que aportar información "sobre la trascendencia ética de la decisión de abortar". Preguntada acerca de la pretensión disuasoria de la iniciativa, reconoció: "El Consell trabajará, en la medida en la que la ley lo permita, para que las personas puedan proteger el derecho a la vida". A nadie se le escapa que el "material gráfico" anunciado es muy similar al que esgrimen tradicionalmente los grupos antiabortistas en sus protestas contra las clínicas autorizadas para practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

La secretaria general de Políticas de Igualdad recuerda a Valencia que no puede traspasar los límites de la ley ofreciendo información intimidatoria. "No se puede utilizar la ley para coaccionar o tratar de disuadir a las mujeres. Ni hacia un lado ni hacia el otro", dice.

Sanidad estudia la medida valenciana, pero recuerda que, como ha hecho en el caso de Murcia, que en un principio se negó a acatar la ley e incluso alegó problemas técnicos, instará a cumplirla. "Si no lo hacen, tendríamos que acudir a los tribunales", dice Martínez Olmos, que criticó actitudes como la murciana y la valenciana. "Parece que buscan resquicios para tratar de no aplicar la ley de manera correcta", dijo.

Y es que, en el Gobierno valenciano, la nueva ley del aborto no gusta. Su portavoz lamentó que el Tribunal Constitucional, al aceptar a trámite el recurso del PP contra la normativa, no la haya paralizado cautelarmente. Además, anunció que la Generalitat creará un "comité de expertos" que analizará las posibilidades de la normativa para que pueda ampliarse el derecho a la objeción de conciencia frente al aborto a los "empleados públicos no sanitarios". No se refirió explícitamente a ellos, pero esa objeción va dirigida a los trabajadores sociales, encargados de informar a las mujeres, algo que dificultaría enormemente la intervención en centros no especializados.

"Si logran hacerlo, muchas mujeres van a sufrir las consecuencias", opinó Justa Montero, de la Plataforma de Mujeres en el Congreso. "Abortar no es un plato de gusto y, menos aún, si hay que sortear medidas disuasorias como estas", dijo.

Pero la Comunidad Valenciana ha creado todo un paquete de disposiciones para hacerlo. Así, el Gobierno de Camps creará un servicio específico, "no sólo para aplicar el programa Más Vida (vinculado a organizaciones antiabortistas), sino para contrarrestar o crear alternativas a la ley del aborto". Ese servicio, según Sánchez de León, tratará de "regular y dar respuesta a los conflictos y controversias" que suscite la aplicación de la ley. La portavoz de la Generalitat puso como ejemplo un caso en el que una menor de 16 que decida abortar sólo cuente con la autorización de uno de sus progenitores.

Pero la postura del Gobierno de Camps se viene a sumar al de otras comunidades del PP que, desde la entrada en vigor de la nueva ley el lunes, se han dedicado a tratar de boicotearla. El primer día, el anuncio de rebelión fue claro. Al siguiente, la dirección del PP llamó al orden. "La ley del aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla", aseguró la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Rebeldes e insumisos

- Murcia. El popular Ramón Luis Valcárcel, presidente de esta comunidad, declaró el lunes que no había razones para acatar la ley que considera "una brutalidad". Su región, dijo, no la aplicaría. Así, determinó que derivaría a otras comunidades a las mujeres que quisieran abortar. Todo a pesar de que en Murcia -la región con la tasa más alta de abortos de España- hay cinco clínicas. Valcárcel ha reculado, aplicará la ley y las murcianas podrán intervenirse en su comunidad.

- Galicia. Esta comunidad, gobernada por el PP, se negó en un principio a elaborar la parte de documentación que debe aportar al sobre que recibe la mujer cuando solicita información sobre el aborto. Más tarde rectificó en su empeño.

- Madrid. Esta región asegura que, aunque no le gusta, aplicará la nueva ley. Sin embargo, su consejero Javier Fernández-Lasquetty defiende con firmeza el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Lasquetty afirma que la mayoría de estos profesionales de la sanidad pública se declara objetor. Así, las madrileñas son derivadas pro sistema a centros privados.

Manifestación antiabortista ante el Ayuntamiento de Valencia. / JOSÉ JORDÁN

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