El nuevo hospital de Vigo costará 450 millones más con el modelo del PP
Construir el edificio con el pago aplazado de Feijóo costará 860 millones hasta 2033 - El coste con el bipartito era de 408,5 millones hasta 2021
De un año para otro, el mismo proyecto básico para construir el nuevo hospital de Vigo ha elevado su coste en más de 450 millones de euros, según se desprende de las condiciones del concurso de adjudicación presentado hace tres semanas por la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, que se felicita por la "importancia, el atractivo y el interés" que despierta el proyecto entre las empresas con opciones a participar en él. El concurso mueve, de salida, 1.433 millones, de los que 860 millones pagarán la construcción. El bipartito había presupuestado la misma obra, a financiar por la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), en 408,5 millones.
El proyecto básico del edificio no ha cambiado, es el que dejó listo el bipartito en 2009 para licitación. También la fecha de apertura del centro se mantiene, 2013. Ha cambiado el modelo de financiar la obra. Con la SPI, el coste inicial era de 300 millones de euros, que la Xunta acabaría de pagar en 2021, con un saldo final de 408,5 millones de euros corrientes. Núñez Feijóo lo descartó de un plumazo para imponer su modelo de financiación alternativo, denominado PFI.
En 2033 se habrán pagado 860 millones con el modelo PFI
El coste con financiación de la SPI era de 408,5 millones en 2021
La declaración de urgencia del proyecto ha impedido el contraste parlamentario del modelo PFI con cualquier otra propuesta, incluida la precedente que se perfiló con la SPI. Las prestaciones que añade el modelo PFI han hecho difícilmente comparables hasta ahora ambas propuestas. El PFI es "el único modelo que permite acometer la obra", insisten Feijóo y Farjas, sentándolo como doctrina de fe pese a los riesgos señalados de pifiarla que tiene ese patrón. Pero hoy por hoy el negocio promete.
El coste de la obra, después de algunos ajustes como la supresión de 160 camas hospitalarias (pasan de 1.239 a 1.079), se ha reducido de salida a 289 millones. Pese a ello, en 2033, cuando se salde la cuenta, la Xunta habrá pagado por la infraestructura 860 millones de euros, sin contar el IPC. La diferencia de 450 millones en el coste con respecto al anterior modelo SPI darían para otro hospital de tamaño medio y ofrecen un motivo añadido para escrutar en los pliegos del concurso la manera de abrir el negocio al sector privado. En las dos primeras semanas la web registró 512 descargas, según los datos que dio Farjas como referente del éxito de la convocatoria.
En los 1.433 millones del "coste máximo" de la licitación se incluye la construcción del hospital, con mantenimiento y reposición de instalaciones y mobiliario general (excluido el equipamiento médico y electromédico) durante 20 años, así como la prestación de los servicios no clínicos de los tres hospitales públicos vigueses y, en las mismas dos décadas, la explotación de diversas áreas comerciales del centro (restaurante, aparcamiento, guardería, telefonía, televisión, máquinas de vending...), que es la otra vía de ingreso para el concesionario, más incierta, pero en la que la Xunta se fija ya una cuota de 1,2 millones anuales, a descontar del canon.
Con todo ello, el canon anual a pagar por la Xunta será de 71,67 millones: 46,44 por la construcción y reposición de obras y mobiliario del hospital y el resto, por la prestación de los servicios no clínicos. Los costes de construcción se hacen homologables con los de la SPI segregando del canon PFI el "coste de la inversión", esto es, "las inversiones comprometidas para garantizar la no obsolescencia del hospital", según la definición de Sanidade. Dicho de otro modo, mantenimiento y reposición de las instalaciones, incluidos los modificados que pueda requerir el proyecto durante sus 20 años de uso y que correrán siempre a cargo del concesionario, también los inducidos por Sanidade. Por ello se pagarán 3,44 millones anuales.
El canon estricto de construcción en el modelo PFI será de 43 millones anuales durante 20 años. El centro figurará durante ese periodo como activo de la empresa concesionaria, con los riesgos especulativos que esto comporta, ya que la propia concesión es transmisible. A su vez, la gestión hospitalaria será bicéfala y necesariamente tensada por el interés empresarial en obtener su margen de beneficio, por un lado, y el interés público de prestar la mejor asistencia sanitaria por el otro. Hasta que en 2033 el hospital pase a dominio del Sergas.
Los promotores de este modelo jalean la ventaja de que no computará deuda en los Orzamentos, ya que el canon se somete a variaciones e incluso a una penalización al concesionario que puede llegar al 5%, por sus incumplimientos. Pero que la deuda no compute no pasa de artificio contable, porque en todo caso el canon tendrá que salir cada año de las arcas públicas.
Con la SPI esa deuda, con transparencia presupuestaria, sería amortizada entre 2011 y 2021 con aportaciones crecientes desde la primera entrega (15 millones que tendrían que ejecutarse en 2011) a la última (53,5 millones en 2021). En el total de 408,5 millones, el promedio anual es inferior a 40 millones. La Xunta mantiene actualmente una deuda de más de 4.783 millones y cada año puede contraer la equivalente al 2,5% del PIB. Este año serán 1.300 millones. En estas magnitudes, la contribución requerida en el modelo SPI consumirían un 3% del máximo endeudamiento posible, lo que bien puede ser mirado como irrelevante frente a la incidencia social del proyecto (destinado a 600.000 personas), que además sería público de cabo a rabo.
Una fórmula polémica y ahora en revisión
Hasta ahora, los servicios no sanitarios del sistema público se vienen adjudicando a empresas privadas mediante convenios de dos años de duración, prorrogables otros dos años y atendiendo a los costes del servicio que marca el mercado. Con el modelo de financiación PFI elegido por la Xunta, el coste de todos esos servicios en los tres hospitales públicos de Vigo quedarán englobado en un canon de 26,43 millones anuales, sin que en este apartado ni en el total máximo del canon (72,87 millones) pueda introducirse ningún sobrecoste para la Administración, según enfatizan desde la Consellería de Sanidade. Las muchas y complejas variables que inciden en esa cuenta impide, hoy por hoy, hacer comparativas análogas a la de los costes de construcción del hospital.
La Xunta defiende el modelo PFI señalando su adopción por administraciones gobernadas por el PSOE, aunque es en Madrid y Valencia, con gobiernos del PP, donde alcanza su máxima implantación. En el otro lado, los defensores del sistema público de salud han concitado manifestaciones multitudinarias de rechazo, referenciando el fracaso del modelo en los países que lo estrenaron. La polémica está viva.
Las agencias de calificación de riesgos, las mismas que marcan ahora la zozobra del sistema financiero mundial, otorgan a los bonos emitidos por el modelo PFI para financiar obras públicas la calificación BBB Plus, con lo que los sitúan en el escalón siguiente al de los bonos basura, paradigma de los riesgos de insolvencia.
En el decreto que oficializó "el tijeretazo" la semana pasada, el Gobierno señala que la necesidad de ajustarse a la reducción del déficit obliga al Ministerio de Economía y Hacienda a conocer y a hacer un seguimiento de los contratos de colaboración entre el sector público y el privado, así como de los contratos de concesión de obra pública, "porque pueden representar un considerable impacto a largo plazo sobre las cuentas públicas, al comprometer cuantías significativas de gasto futuro y una posible incidencia en el déficit en términos de Contabilidad Nacional y en el nivel de deuda". No cuentan estas advertencias para la Xunta en su proyecto hospitalario de Vigo.
