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Reportaje:EL ASESINATO DE LOS MARQUESES

El 'caso Urquijo' vuelve a la vida

El inspector José Romero, hoy convertido en abogado, guarda un recuerdo "agridulce" de la investigación del doble crimen de los marqueses cuando va a cumplirse el 30º aniversario

Una casualidad de la vida puso en mis manos el caso Urquijo. Yo era entonces inspector de policía y estaba estudiando derecho en la Universidad. Javier Roig, otro compañero que también hacía lo mismo, me comentó que era amigo de Juan de la Sierra, el hijo de los difuntos marqueses de Urquijo, y me pidió que mirase cómo iban las pesquisas del crimen. Le advertí que no me gustaba meter la nariz en asuntos ajenos. Pero él insistió tanto que al final le prometí que me enteraría y que si nadie estaba haciendo nada... Así fue como me puse a investigar el asesinato de los marqueses. ¡Y menuda carga me cayó!".

José Romero Tamaral, de 60 años, hijo de camionero, mediana estatura, pelo cano, hablar pausado, siempre de traje y corbata, recuerda cómo se metió de hoz y coz en uno de los asuntos criminales más famosos del siglo XX. El banquero Manuel de la Sierra Torres y su esposa, María Lourdes Urquijo Morenés, habían sido hallados muertos el 1 de agosto de 1980 en su lujoso chalé del Camino Viejo de Húmera, en Madrid. Dentro de dos meses se cumplirá el 30º aniversario. Y eso supondrá la resurrección del caso Urquijo.

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Tres balas -una para el marqués y dos para la marquesa- acabaron con sus vidas mientras dormían. La noticia del doble crimen copó las portadas de los periódicos, sumergidos entonces en la modorra estival. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, acababa de iniciar sus vacaciones, igual que millones de ciudadanos. Durante aquel tórrido verano de 1980, los españoles vivieron el asunto con pasión digna de un culebrón televisivo y se familiarizaron con los personajes del drama: los hermanos Juan y Myriam de la Sierra Urquijo; el ex marido de ésta, Rafael Escobedo; el administrador Diego Martínez Herrera, el mayordomo Vicente Díaz...

Marieta, como se conocía familiarmente a la aristócrata, era Grande de España, frágil, muy tímida, muy religiosa, vinculada al Opus Dei. Se casó con Manuel de la Sierra el 12 de diciembre de 1954 en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. La pareja de contrayentes fue apadrinada nada más y nada menos que por los condes de Barcelona.

La Brigada Judicial de Madrid se hizo cargo de las investigaciones. Descartado el atentado terrorista, los policías intuyeron desde el primer momento, a falta de mejor hipótesis, que tras el caso se escondía una venganza personal o un crimen por encargo. ¿Pero de quién? ¿Y por qué? El yerno de las víctimas, Rafael Escobedo, tenía muchas papeletas.

El inspector Romero empezó a indagar en el caso por su cuenta y riesgo. Sin que nadie se lo mandara. "Empecé el asunto a partir de los cuatro casquillos de bala encontrados en el chalé de Somosaguas. Eran el único cheque al portador que tenía. Si era capaz de relacionar estos casquillos con alguno de los sospechosos, la cosa estaría clara", recuerda.

Romero contactó con la fábrica de armas Star, en Éibar, donde hicieron unas pruebas de balística que determinaron que los casquillos Winchester Long Rifle, del calibre 22, presentaban marcas similares a las que tenían los cartuchos disparados por una pistola Star F Olympic. Y resulta que el padre de Rafael Escobedo, el joven yerno de los marqueses, tenía un arma de este tipo. El asunto se ponía interesante.

El policía fue y le preguntó a Miguel Escobedo por esa pistola de coleccionista, una de las primeras de ese tipo salida de la fábrica Star. Pero el consuegro de los marqueses asesinados alegó que ya no tenía ese arma porque se la había regalado años atrás a un amigo militar.

El inspector solitario no olvidará jamás cómo fueron los inicios de sus averiguaciones: "Pasé muchas noches de insomnio. Tuve que hacer la investigación ayudado por mi mujer, Maribel, y utilizando mi propio coche y gastando mi dinero. No sólo tenía el reto de relacionar los hechos con el autor, sino que tenía que hacerlo de tapadillo. A espaldas de mis compañeros de la brigada. El entonces jefe superior de policía de Madrid, Gabriel García Gallego, me dio autorización para que siguiera adelante. 'Pero sólo me darás cuenta a mí de tus pesquisas', me advirtió".

Sin prisa, pero sin pausa, fue cerrando el cerco en torno a Rafael Escobedo. ¿Pero dónde buscar las pruebas que avalasen sus sospechas? De pronto pensó: ¿qué haría yo?, ¿dónde habría practicado la puntería antes del asesinato? Si yo tuviera una finca, creo que ese sería el sitio idóneo. Y así descubrió que los Escobedo poseían la finca San Bartolomé en Moncalvillo de Huete (Cuenca). El 7 de abril de 1981, el policía fue a esa finca y encontró más de 200 casquillos. Uno de ellos era idéntico -y disparado por el mismo arma- a los encontrados junto a las camas ensangrentadas de los marqueses.

Dos días más tarde, Romero regresó a la finca de San Bartolomé para llevarse detenido a Rafi Escobedo como presunto autor del doble asesinato. Este contaría después que fue encerrado en un calabozo del viejo caserón policial de la Puerta del Sol, donde unos agentes le hicieron confesar tras desnudarle y obligarle a hacer flexiones en un pasillo, ante la mirada de todos los que pasaban, que le insultaban y se reían de él. "Eso es lo que alguien relacionado con el caso ha denominado la tortura siciliana. ¡Menuda majadería!", afirma Romero.

El antiguo detective rechaza de plano que él participara en ningún tipo de maltrato o coacción: "La confesión de Rafi no era la prueba reina. Había datos objetivos que demostraban su participación en el crimen. La verdadera confesión -parcial y hasta donde él quiso- la hizo en el juzgado, asistido por el abogado Miguel Segimón Escobedo, que además era primo suyo. Si había sido torturado, ese era el momento para denunciarlo. ¿No? Y no lo hizo".

Rafael Escobedo, el yerno de los Urquijo, fue juzgado a finales del mes de junio de 1983 y resultó condenado a 53 años, cuatro meses y dos días de reclusión. La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Bienvenido Guevara declaraba probado que cometió el crimen "solo o en compañía de otros", y lo condenó a indemnizar a los hijos de los marqueses -Juan y Myriam- con 20 millones de pesetas (120.000 euros).

En octubre de ese mismo año, el inspector leyó en Interviú un reportaje en el que se decía que Mauricio López-Roberts, marqués de Torrehermosa y amigo de Rafi Escobedo, había encargado un silenciador de pistola en un taller del barrio de San Blas de Madrid. Eso mosqueó al policía y le sirvió para proseguir la investigación. De paso permitió a la justicia abrir un segundo sumario, en el que fueron procesados el propio López-Roberts, como encubridor, y su amigo Javier Anastasio de Espona, como presunto coautor del asesinato.

Anastasio, tras cumplir el tiempo máximo en prisión preventiva, aprovechó su puesta en libertad provisional para fugarse a Brasil en diciembre de 1987. Siete meses más tarde, su amigo Rafi Escobedo fue descubierto ahorcado en el penal de El Dueso (Cantabria), poniendo fin así a sus últimos años de sufrimiento y papelinas de heroína entre rejas.

El fugitivo Javier Anastasio hoy está ya libre de toda culpa, después de que los jueces hayan declarado prescrito el delito que se le imputaba. El simple paso del tiempo le ha dejado exento de responsabilidad y es un hombre libre. En mayo del año pasado le fue expedido sin problemas un pasaporte y cuatro meses después obtuvo el DNI en la Embajada de España en Buenos Aires, según han informado a EL PAÍS fuentes policiales. Es previsible, pues, que haya vuelto a Madrid. Aunque nadie le ha visto.

"No tengo ningún inconveniente en hablar o sentarme a comer con Javier Anastasio o con Mauricio López-Roberts. Nadie mediatizó mi investigación y siempre actué con entera libertad. A mí me gustaría que se publicaran en Internet los dos sumarios del caso Urquijo para que la gente juzgara si la investigación se hizo bien o mal. Fue uno de los casos de investigación criminal más brillantes", declara el inspector Romero.

Y eso pese a que hubo episodios increíbles, como la misteriosa desaparición de 269 casquillos de bala guardados en el juzgado. O la no menos misteriosa desaparición de la pistola homicida, que había sido depositada en 1983 en el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa tras ser hallada por unos niños en el pantano de San Juan, donde había sido arrojada por Javier Anastasio.

Romero confiesa que aquella investigación le dejó "un sabor agridulce". El sabor agridulce de ver que el caso se saldó con un hombre suicidado en prisión (Rafi Escobedo), otro que ha estado huido más de 20 años (Javier Anastasio), y un tercero (Mauricio López-Roberts) que fue condenado a 11 años y que "siente que su condena fue injusta, ya que colaboró con la justicia". Porque haber, parece que hubo varios implicados más en el doble asesinato. Por ejemplo, la persona a la que pertenecía la huella dactilar parcial localizada en el marco de una puerta del chalé del crimen y que jamás se pudo determinar de quién era.

Haberse metido en el caso Urquijo le acarreó a Romero envidias, maledicencias, acusaciones de ser ambicioso -lo ha hecho para medrar, decían- y otros disgustos. Pero no le valió ni una medalla, ni un ascenso. Hace seis años dejó "felizmente" la policía, al cumplir la edad que le permitía pasar a segunda actividad (una especie de prejubilación).

Abrió despacho de abogado en Pozuelo de Alarcón, en el que sobre todo lleva asuntos civiles, matrimoniales y algunos penales: "Generalmente actúo como acusador particular, en defensa de las familias de las víctimas. Nunca defiendo al acusado de un delito, excepto si él me convence de que es inocente, como sucedió hace poco con un hombre al que libré de una condena de asesinato. Pero yo no estoy dispuesto a poner mi inteligencia al servicio de ningún canalla...". Por eso, por ejemplo, rehusó defender al profesor Vicente Isabel Burgos, que el 2 de mayo de 2000 abrió en canal a una joven prostituta en Pozuelo. Y en otro momento de la conversación se queja: "El derecho penal está en crisis. Lo que hace falta no es un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal".

"Con el caso Urquijo aprendí más derecho que durante toda la Universidad. Fue un reto intelectual. ¿Pero qué policía no sueña con enfrentarse a un caso así"?, agrega. "Hay gente que habla mal de los funcionarios, pero aquello a mí me costó mi dinero, mi gasolina y mi tiempo. Los funcionarios públicos de este país, ahora que el Gobierno les va a rebajar el sueldo, se merecen un reconocimiento". Y, lejos de jactarse de haber pasado a la historia como el policía del caso Urquijo, se despide diciendo: "Mi mayor éxito es tener la mujer que tengo y mi hija Raquel, que es diplomática".

El inspector José Romero dejó la policía hace seis años y hoy es abogado en Pozuelo de Alarcón.
El inspector José Romero dejó la policía hace seis años y hoy es abogado en Pozuelo de Alarcón.ALEJANDRO RUESGA

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