La Xunta evita concretar quién debe demoler la urbanización de O Grove

El balance del primer año de gestión de Agustín Hernández al frente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras derivó en una rueda de prensa monográfica sobre la resolución de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que ordena demoler la urbanización Os Raeiros en el municipio de O Grove. El alcalde de esta localidad, el socialista José Antonio Cacabelos, advirtió a primera hora de ayer que el derribo debe ser cosa de la Xunta, que fue la que, en tiempos de Manuel Fraga, autorizó la licencia para levantar un apartotel al pie de la playa que concluyó con la edificación de 52 chalés alineados.

Por eso, los periodistas preguntaron a Hernández hasta cuatro veces si su consellería estaría dispuesta a demoler los 52 chalés de lujo levantados por la promotora Inproin que administra Fernando Varela, hermano del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, propietario de una de las viviendas. Pese a las insistentes preguntas, Hernández evitó pronunciarse sobre quién debería dar la orden de que la piqueta entre a ese privilegiado paraje en primera línea de costa con vistas a la isla de Ons. Repitió que el expediente seguirá el mismo trámite que el resto de los que instruye la APLU; que "el responsable de derribar la urbanización es su promotor" y que "hay multas coercitivas y, en último caso, una actuación subsidiaria de la Administración".

El regidor duda de la demolición: "Viven personalidades muy importantes"

La promotora anuncia recurso contra Legalidade Urbanística

No obstante, Hernández aclaró que los responsables de la promotora tienen todo el derecho a defenderse como el resto de los ciudadanos y por eso evitó poner fecha a la demolición, que pende de un recurso que la sociedad Inproin ya ha presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo de Pontevedra contra la resolución de la APLU. Esta vía, la judicial, podría demorarse unos cuantos años en otras instancias, así que lo más probable es que la APLU paralice la ejecución de la orden de derribo, que en principio cuenta con tres meses de plazo hasta que resuelvan los juzgados.

Entretanto, el regidor socialista de O Grove recordó ayer que la licencia fue autorizada por el Gobierno de Manuel Fraga y firmada por el entonces conselleiro de Política Territorial, el fallecido Xosé Cuiña.

Además de las connotaciones políticas de la demolición de los 52 chalés adosados, construidos en clara contradicción con la Lei do Solo, según han resuelto todas las instancias judiciales, Cacabelos advirtió de que los costes económicos de esa operación sería inasumibles para el Ayuntamiento de O Grove.

Sin embargo, pese a la rotundidad de esta resolución urbanística y la unanimidad, hasta ahora, de los juzgados sobre la ilegalidad de Os Raeiros, el alcalde grovense se mostró escéptico sobre cómo y cuándo se escribirá el punto y final de esta historia, que comparó con una novela policíaca. "Creo que es un capítulo más, pero no el definitivo, porque los afectados podrán recurrir y alargarán el proceso hasta encontrar, incluso, alguna otra salida", apuntó el regidor, que recordó que entre los propietarios "hay personalidades muy importantes", además del conselleiro de Cultura.

En su comparecencia de ayer, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, advirtió de que la Xunta no aportará fondos para legalizar las polémicas urbanizaciones de Barreiros, cuya legalidad estudian varios jueces, si no lo hacen los promotores inmobiliarios. Hernández aludió al convenio que ha firmado su departamento con el Ayuntamiento de Barreiros y que todavía debe ratificar la Diputación de Lugo para zanjar el debate: si el gobierno local de Barreiros, que preside el popular Alfonso Fuente Parga, no aporta los siete millones de euros que se propone recaudar de los constructores, la Xunta no invertirá dinero para dotar de servicios a esas 3.000 viviendas.