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Reportaje:

Encallados en el museo

El Gobierno fracasa en su intento de conseguir destituir a Juan Ignacio Vidarte al frente del Guggenheim

El debate en el Parlamento del informe jurídico encargado por el Gobierno vasco sobre las responsabilidades legales de las decisiones que llevaron a las pérdidas millonarias en el Guggenheim pilló el pasado martes a Juan Ignacio Vidarte en Nueva York, atendiendo a sus responsabilidades como director general de Estrategia Global de la Solomon R. Guggenheim Foundation, el cargo que compatibiliza desde octubre de 2008 con la gestión del museo de Bilbao. Vidarte ha optado por el silencio. No hay respuesta, ni se espera, a la posibilidad de que su labor al frente del Guggenheim acabe en los tribunales. El Departamento de Cultura pretende emprender acciones legales para que Vidarte responda de las consecuencias de contratar operaciones de cambio de divisas y de transferirlas desde la fundación que gestiona el museo a la Sociedad Tenedora, la encargada de comprar la colección de obras de arte. El argumento central es que carecía de poderes para hacerlo

El PNV defiende que la permanencia del director general es innegociable
Los populares creen que "es un problema del Gobierno"
El Patronato apoyó en 2008 la gestión de Vidarte

En línea con las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó en la pasada legislatura las irregularidades en el Guggenheim, el Gobierno considera que el director general del Guggenheim ha actuado con falta de capacidad profesional y es responsable de las pérdidas. La consejera Blanca Urgell dijo de forma explícita en el Parlamento lo que ya se intuía desde que tomo posesión del cargo el año pasado: Vidarte no cuenta con su confianza. Pero dejó igual de claro que no puede hacer nada por solucionarlo.

El reparto de fuerzas al 50% entre la Diputación de Vizcaya y el Gobierno impide a la consejera abrir la discusión sobre el inicio de acciones contra Vidarte en el seno de la Sociedad Tenedora. Los representantes de la Diputación en el Consejo de Administración -el diputado general, José Luis Bilbao, y la consejera de Cultura, Josune Ariztondo- se negaron incluso a refrendar la petición de un informe legal externo. Cuando recibieron el del Gobierno respondieron encargando otro que analizara el primero. En total, 52.800 euros de gasto en asesores jurídicos externos.

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Después del debate de esta semana en la comisión parlamentaria, en el que se escucharon duros reproches a su actuación respecto al Guggenheim desde el grupo peneuvista, Cultura ha optado por dejar que las aguas se calmen. Urgell dijo en el Parlamento que con los informes jurídicos externos que, en su opinión, abren la posibilidad de reclamar parte del dinero perdido e intervenir contra Vidarte había llegado "hasta donde tenía que llegar".

Espacio de maniobra

¿Y ahora qué? Realmente, el escenario no deja mucha capacidad de maniobra para buscar una salida. Desde el Partido Popular y UPyD animan al Gobierno y seguir adelante en su pretensión de pedir responsabilidades a Vidarte. Pero el Gobierno está solo en el intento. Fuentes populares señalan a pesar del apoyo que la situación creada en el Guggenheim "es un problema del Gobierno que debe solucionar el Gobierno", sin recurrir a la participación de otras fuerzas. No dejan de recordar, además, que los representantes del Ejecutivo aprobaron las cuentas del museo de 2009, en la primera ocasión de hacerlo tras la llegada de los socialistas a Ajuria Enea.

El PP no cree que el bloqueo de la Diputación agota la capacidad de actuación del Gobierno. Como ha explicado esta semana el presidente del partido en Vizcaya, Antón Damborenea, defienden que como accionista el Ejecutivo puede pedir responsabilidades al apoderado y a los miembros del consejo de Administración si considera que sus intereses han resultado lesionados. El perjuicio, en este caso, fue de ocho millones de euros.

En el Patronato del museo -integrado por las instituciones vascas, la Solomon R. Guggenheim Foundation, y una treintena de empresas y entidades- tampoco encuentra el Gobierno un clima favorable a sus pretensiones. Los patronos privados buscan prestigio y relevancia social en el Guggenheim, no conflictos con los partidos políticos que gobiernan las instituciones y rehúsan intervenir en el debate.

La gestión realizada por Vidarte no ha generado críticas entre los patronos sino que salieron en su defensa en los momentos más críticos. Tras la aprobación del demoledor dictamen de la comisión parlamentaria, el Patronato publicó un documento que mostraba su apoyo "a la gestión y a la persona" de Vidarte, y destacaba su entusiasmo y profesionalidad. Era diciembre de 2008 cuando el Patronato atribuía al director general el éxito alcanzado por el museo y su relevancia internacional. Varios patronos consultados coinciden en señalar que las diferencias entre socialistas y peneuvistas deben abordarse en el ámito político y llegar resueltas a los órganos del museo. Y lo antes posible para evitar que la institución salga perjudicada.

Las posiciones siguen inamovibles, soportando además la carga de las diferencias en la ampliación del Guggenheim en Urdaibai. El PNV entiende que la permanencia de Vidarte al frente del museo es innegociable. El PSE no confía en él. Difícil que salgan del atasco: los socialistas quieren el relevo de Vidarte; los peneuvistas creen que merece homenajes.

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