Zabaleta acabará con la ineficacia de los dos órganos de diálogo social

El Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), los dos principales órganos de diálogo social y asesoría del Gobierno en esta materia, volvieron ayer a la senda de la utilidad que habían abandonado hace muchos meses por el bloqueo que permitían los vetos de los distintos grupos que los componen. A ello se sumaba el boicoteo de las centrales nacionalistas, especialmente de ELA.

La consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, anunció ayer en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento vasco que va a reformar de inmediato la legislación que rige ambos organismos para evitar lo que hasta ahora resultaba habitual: la imposibilidad de aprobar sus informes porque cada grupo de los que integran sus órganos de debate -sindicatos, patronal, y organismos sociales educativos y culturales- podían vetarlos.

La consejera avisa a ELA de que "nadie" condicionará el funcionamiento

En 25 años, hasta que ELA abandonó el organismo en octubre de 2006, el CRL sólo logró pactar seis informes. A partir de ese momento, el ritmo se va acelerando poco a poco, pero la capacidad de veto de cada grupo aboca siempre el sistema de aprobación de los informes y dictámenes a un callejón sin salida. Este sistema resulta único en España, ya que en los organismos similiares existentes en el resto de comunidades cada integrante tiene un voto.

Ni siquiera el PNV puso ayer demasiadas pegas a estudiar las propuestas de reforma del Gobierno. Su portavoz parlamentario, Ricardo Gatxagaetxeberria, recordó primero que la mayoría sindical está formada por ELA y LAB, y recomendó no dejarla al margen de las propuestas que se vayan a hacer, pero, a renglón seguido, aceptó "que ninguno de esos dos organismos han sido demasiado eficaces". Pese a tal escasa repercusión y utilidad, ambos cuestan en total a las arcas públicas 4,3 millones de euros anuales.

"Vamos a reformar el sistema de votaciones del CES y del CRL, con el fin de acabar con los frecuentes bloqueos que han llevado a ambos organismos a la inoperancia", recalcó la consejera. En el caso del CRL, Zabaleta quiere además transformarlo "en un órgano tripartito donde se sustancie la Mesa de Diálogo Social".

En este momento se sientan a su pleno, elegido este mismo año, seis representantes de las centrales -tres de CC OO, dos de UGT y uno de LAB- e igual número de la patronal. En el caso de este organismo, la reforma acabará con la posibilidad de que los sindicatos o la patronal veten un informe si no hay acuerdo entre cada grupo. Cada repreentante contará con un voto, salvo en los asuntos de negociación colectiva, donde se mantendrá el actual sistema.

En el caso del CES se actuará igual. En este órgano consultivo del Gobierno y del Parlamento están representados, en tres grupos, la patronal, los sindicatos y diversos organismos sociales -desde la Universidad hasta los comerciantes-. Si uno de los grupos veta una propuesta o resolución, cualquier informe queda bloqueado, sin que los discrepantes con esta postura puedan remitir sus puntos de vista a quien ha solicitado la consulta al CES. El veto se planteaba casi siempre en el tercio sindical. Llegar a un acuerdo entre ELA, LAB, CC OO y UGT resultaba casi imposible.

Zabaleta restó importancia a la ausencia del sindicato mayoritario en los dos órganos, a la que se suma la de LAB en el CES. Sobre este asunto, advirtió de que "nadie, ni estando ni no estando, va a condicionar el funcionamiento de estas entidades. Ni desde dentro ni desde fuera se va a poder paralizar su actividad".

Abundó que en el CES se ha constatado "un déficit de representatividad social", por lo que su departamento va a plantear un cambio en el número y asignación de miembros, así como una apertura a nuevos colectivos hoy ausentes, como colegios profesionales, ONG y otros colectivos sociales. La nueva normativa estará lista este mismo año para su debate y aprobación en el Parlamento tras estudiar todas las propuestas en la Mesa de Diálogo Social.