España admite que incumplirá el límite de contaminación del tráfico

España no cumplirá los límites de contaminación para 2010 que Bruselas impuso en una directiva de 2001. El Ministerio de Medio Ambiente ya asume que sólo cumplirá en uno de los contaminantes (el dióxido de azufre), mientras que no llegará en el resto (óxidos de nitrógeno, amoniaco y compuestos orgánicos). Estas sustancias, al contrario que el CO2, son nocivas para la salud y proceden en buena parte del tráfico. El Gobierno justifica que la población y la demanda de energía han crecido más de lo previsto y apunta también a que la mayoría de los coches son diésel, una tecnología no ha mejorado como se calculó.

La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, admite que, a punto de cumplir el plazo de la directiva sobre Techos Nacionales de Emisión, España no llegará: "Estamos por encima en todos los valores salvo para el dióxido de azufre".

Sólo en dióxido de azufre se está por debajo de los niveles marcados

Los óxidos de nitrógeno se producen sobre todo por el tráfico, seguido de las grandes instalaciones de combustión como las térmicas de carbón. En verano, forman ozono que afecta a las vías respiratorias. España emitió en 2008 1,236 millones de toneladas, un 46% más que el límite para 2010. Ribera admite que aunque la crisis recorte más las emisiones, la bajada no será suficiente. La directiva puso un tope total de emisión a cada país, no por tecnologías ni por sectores. Igual que ocurre con el dióxido de carbono.

Para el ecologista Ladislao Martínez el problema no es menor: "Aunque no se hable mucho de ello, la polución por estos contaminantes es un problema serio ya que afecta a la salud, algunos de forma directa y otros además porque favorecen la formación de ozono troposférico. También contribuyen a la acidificación del ecosistema y a la eutrofización", el crecimiento de demasiada materia orgánica en el agua por exceso de nutrientes.

En 2004, un 85% de la población española estuvo expuesta a concentraciones de óxidos de nitrógeno superiores a 30 microgramos por metro cúbico, el nivel a partir del cual hay efectos sobre la vegetación, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad.

Ribera justifica que cumplir los límites no ha sido posible por la evolución del país. "Se preveía un incremento de la población entre 1990 y 2010 del 4% y ha subido un 18%. El crecimiento de la demanda energética previsto era del 44% y ha sido del 61%. Eso hace que aumenten los contaminantes aunque haya habido un esfuerzo en el cambio de la cesta eléctrica o en las ayudas a la compra de vehículos menos contaminantes".

Los documentos del ministerio aluden también a un aumento del PIB mayor del previsto pero con la caída por la recesión, "este argumento ya no es válido", según Martínez.

Uno de los problemas es que durante décadas, el Gobierno mantuvo ventajas fiscales a la compra de coches diésel. En 2008, un 70% de los vehículos que se vendían eran de esta tecnología. Aunque los diésel emiten menos CO2 -porque consumen menos carburante- producen más óxidos de nitrógeno y otras sustancias nocivas para la salud.

El plan sobre estos contaminantes del ministerio señala que esta tecnología no ha mejorado tanto como era previsible: "Cuando se calcularon los techos en 1998, se atribuyó a la implantación de ciertas tecnologías un potencial de reducción de emisiones de los vehículos diésel que ha resultado significativamente menor". En 2008, el Ejecutivo cambió el impuesto de matriculación para favorecer la compra de coches menos contaminantes y disminuir la ventaja del diésel sobre la gasolina.

El ministerio prevé superar a fin de año en un 35% el límite establecido por Bruselas para óxidos de nitrógeno, en un 15% para compuestos orgánicos volátiles y en un 10% para amoniaco. En óxido de azufre, producido principalmente en centrales térmicas, sí estará un 46% por debajo de lo marcado. El plan de ayudas al carbón, recientemente aprobado en Consejo de Ministros, podría elevar aún más las cifras de emisión. El incumplimiento no conlleva ninguna sanción, ni Medio Ambiente planea medidas drásticas para reconducir la situación. Ladislao Martínez sentencia: "En Medio Ambiente no existe Estado de derecho. Si se incumple la norma no pasa nada".