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El cerebro del 'caso Polop' cobraba a cambio de tolerar obras ilegales

Cobraba por licencias ilegales e infracciones urbanísticas que dejaba prescribir

Juan Cano, ex alcalde Polop, del PP, y supuesto autor intelectual del asesinato de su antecesor, Alejandro Ponsoda, cobraba un impuesto a los promotores a cambio de no demoler obras ilegales. El móvil del crimen, según el sumario, fue el urbanismo. Cano fue concejal de Urbanismo del Polop desde 1999 hasta 2003 y desde 2007 hasta el 23 de noviembre pasado cuando fue arrestado por su implicación en el asesinato de Alejandro Ponsoda.

Cano acumuló durante su etapa al frente del urbanismo del municipio un cúmulo de irregulares, la mayoría relacionadas con obras ilegales en suelo rústico. Un elemento común en todos los casos fue que esas obras ilegales fue el pacto tácito entre el promotor y el Consistorio.

Un caso que revela esta práctica de Cano acabó en los juzgados. En 2002, un constructor que responde a las iniciales J. A. B. fue denunciado por el Ayuntamiento por un delito contra la ordenación del territorio, aunque finalmente fue absuelto. Como en muchos otros pueblos de la Comunidad Valenciana, la construcción de casas en suelo no urbanizable acabó provocando conflictos, en este caso porque el promotor se negó a seguir pagando a los políticos. Aunque la juez eliminó del juicio las preguntas relativas al modus operandi de Cano por no ser objeto de la causa, J. A. B. dejó claro que las obras ilegales se pactaban con el Consistorio.En el juicio del Ayuntamiento de Polop contra el promotor J. A. B. fueron citados como testigos como testigos el alcalde asesinado, Alejandro Ponsoda, y el entonces concejal de urbanismo Juan Cano. El proceso consistía en pedir licencia en suelo no urbanizable, pagar las tasas de una licencia que no se podía conceder (en este caso fueron 205.000 pesetas de 2001), recibir después un aviso de paralización de las obras que nunca se ejecutaba y pagar una sanción por infracción urbanística, que para el caso de J. A. B. fue de 986.368 pesetas, esperando luego que pasaran los cuatro años para la prescripción del delito. Sin embargo, nunca se incoaba el expediente de restauración de la legalidad urbanística, que implicaba la demolición del inmueble, dado que no era legalizable, entre otras cosas porque, según reconoció J. A. B. a su abogado, se le pagaba a Cano un "impuesto" de importe similar al de la sanción que se ingresaba en el Consistorio.

Con esta manera de proceder Ponsoda reconoció en el juicio que en 2001, cuando denunciaron a J. A. B. por negarse a seguir pagando, ya se habían realizado en Polop unas 150 obras ilegales. De una actuación similar en el casco urbano se derivó la queja de un constructor al PP por una grabación en la que Cano y Joaquín Montiel Montiel, también concejal y presidente del PP local, le pedían dinero por la obtención de unas licencias. Julio de España, entonces presidente provincial de los populares, consiguió apartarlos de la lista, pero nadie evitó que en 2007 volvieran al consistorio.

Entre 2003 y 2007, ya fuera del Ayuntamiento, Cano siguió haciendo negocios urbanísticos. Sólo de la compra y venta de una parcela en 2005 obtuvo 420.000 euros de plusvalía. Su sustituto al frente del urbanismo polopino, Juan Andrés Lloréns, declaró a la Guardia Civil que entonces Cano "abusaba de su relación con Ponsoda" y que consiguió que para adjudicarle el sector número 8 a la urbanizadora Blauverd, pusiera como condición que la empresa comprara la parcela de Cano y otras dos del concejal Jaime Narbó y su padre por un millón de euros.

En el sumario del caso Polop también figura la declaración voluntaria de un empresario de la jardinería de Callos d'En Sarriá, que elevó una queja al Defensor del Pueblo por entender que había sufrido una extorsión por parte de Cano a principio de 2009. Según explica este empresario que responde a las iniciales I. P. S., Cano le obligó a deducir un 10% del importe de la deuda de 36.823,56 euros que mantenía con él el consistorio desde 2007, utilizando para ello la mediación de un funcionario. I. P. S. aportó la documentación que demostraría que de la cuenta municipal acabaron saliendo los 36.823,56 euros, aunque el empresario sólo cobró 33.141,20.

Son algunos ejemplos de la trama urbanística que tejió Cano y que pretendía engordar. En el registro practicado en el despacho consistorial del entonces alcalde la madrugada del pasado 23 de noviembre, día de su detención, la Guardia Civil encontró unos planos que demuestran que el ex regidor pretendía recalificar más de 1,5 millones de metros en la falda de una montaña. La policía llegó a la conclusión de que las reuniones de Cano con los promotores de los planes pretendían eludir el control urbanístico del Consell. Otra de las líneas de investigación partirá de la gestión de un ingeniero de caminos que llegó a Polop en 1999 con Juan Cano al frente del urbanismo local. Este empleado creó una empresa externa llamada Urbanismo e Ingeniería de la Marina con la que contrataron al menos siete urbanizadores. La policía señala la vinculación de este ingeniero y sus actividades con Cano.

La encargada de esclarecer la trama urbanística será la magistrada del Juzgado número 3 de La Vila, luego de la separación de estas diligencias de las estrictamente relacionadas con el crimen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de febrero de 2010