El atasco de las sentencias, en el aire

El servicio estrella de la Junta para agilizar la ejecución de las sentencias penales y evitar que se repitan los errores cometidos en el caso Mari Luz acumula retraso. De momento, el Servicio Común de Ejecutorias sigue empantanado a pesar de que estaba previsto para el pasado otoño, debido a que la Consejería de Justicia está pendiente de alcanzar un acuerdo con los sindicatos.

Esta pequeña revolución interna agilizará la ejecución de las 11.000 sentencias penales pendientes en Sevilla con un servicio común de 65 funcionarios y 7 secretarios judiciales. El servicio se iniciará en el nuevo edificio Noga como experiencia piloto para conocer su eficacia. Porque a pesar de que el servicio ya funciona en la Audiencia Nacional, otras comunidades están pendientes de los resultados que ofrezca el experimento andaluz para ponerlo en práctica o desecharlo.

"Nos han traído demasiado rápido y sin previsión ninguna. Es una locura que los archivos estén en el Prado. A los secretarios ni nos han preguntado", protesta uno de los secretarios que pide el anonimato. El traslado de los juzgados sufrió retraso, pero finalmente se ha producido de manera escalonada a lo largo de enero. La negociación entre la Administración y los sindicatos para el servicio común se inició en noviembre, pero aún no se ha concretado ningún acuerdo y sigue en suspenso. "Queremos que cada funcionario sepa su función y especificar sus retribuciones. Pero la Junta se niega a hablar de funciones. Además, la solución para desatascar lo Penal no puede surgir sin invertir dinero", reclama Miguel Ángel Ramos, del sindicato CSIF. Los sindicatos alertan de que con el nuevo sistema sólo tres funcionarios por juzgado estarán dedicados a la ejecución de sentencias, en vez de cuatro como hasta ahora.

La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, avanzó ayer que confía en que en febrero pueda estar en funcionamiento el nuevo servicio. Pero para ello los desencuentros deberán solucionarse en la reunión del próximo 8 de febrero. En cualquier caso, la Ley de Reforma Procesal para las nuevas atribuciones de los secretarios en el servicio común no entrará en vigor hasta el próximo 4 de mayo.

Mientras, el paisaje en la sala donde se ubicará el servicio es abrumador. Los expedientes rodean a los tramitadores de los juzgados, que no encuentran sitio para acumular las montañas de papel. "Ha habido hasta peleas por los armarios. Y esta tensión por ser los últimos en trasladarnos debería haberse evitado", protesta una tramitadora.