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COLUMNA

¿Controlar Internet?

A la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, le ha tocado dar la cara en una tarea nada grata, poner límites a la libertad de descargar de la Red materiales protegidos por copyright. A la espera de cuáles sean las disposiciones específicas que apruebe el Consejo de Ministros de hoy, el aspecto menos discutible, al menos para mí, son las intervenciones específicas que se establezcan, seguramente bien fundadas.

Lo que puede suscitar problemas es el hecho en sí de que el Estado comience a meter sus burocráticas manos en un espacio que hasta ahora venía siendo considerado como el epítome de la libertad y, por tanto, nos estropee la fiesta. Veámoslo un poco más de cerca.

Comencemos por el mito. Siempre me sorprenden las afirmaciones que subrayan la libertad en la Red como algo dado y que merece ser preservado sin más. Sobre todo, porque muchas veces por tal libertad no sólo se entiende la capacidad para navegar sin trabas ni censura alguna, sino también algo muy próximo a la gratuidad de los contenidos. (Obsérvese que en inglés el término free, además de "libre" también significa "gratis").

¿Dónde 'debe' intervenir el Estado, qué 'debe' evitar que se exhiba o se descargue, qué 'debe' ser bloqueado?

Puede que yo no sea muy ducho en estas cuestiones, o que tenga gustos más bien selectivos, pero cuando me adentro en la Red no dejan de cobrarme por disfrutar de los contenidos que más me interesan. Y si no es así es casi peor, ya que mientras uno lee no deja de jugar a la vez a los marcianitos eliminando con el ratón una variopinta y saltarina publicidad que entra y sale de la pantalla de las maneras más caprichosas. Aparte de sus muchas virtudes y de sus diferentes usos, es un hecho que muchas de las cosas que encontramos en la Red no las conseguimos gratis. La facilidad de acceso no excluye necesariamente el pago.

El mundo "desespacializado" de lo virtual se está pareciendo cada vez más al espacio de lo "real", con sus zonas restringidas con contraseñas, los muchos filtros de software, la protección de la privacidad, etcétera. Ya no es ese mito reflejado en la metáfora del vasto "mar de datos" y contenidos por el que uno navega como un marino de la época de los descubrimientos; se trata más bien de un universo cada vez más parcializado, previsible y sujeto a diversas normas y controles de todo tipo; un espacio virtual que, sin embargo, se parece cada vez más al mundo real e interacciona constantemente con él.

Con todo, quienes establecen dichos controles son los propios gestores de las diversas páginas webs, no los Estados. Y el nuevo protagonismo intervencionista de éstos suscita dos importantes problemas. El primero, que no deja de ser relevante, se refiere a la propia eficacia de su control. ¿Hasta qué punto puede interferir una instancia particular en el despliegue de la acción de algo que es universal? Sobre todo, porque cada derecho positivo específico y los tribunales que lo aplican se hallan anclados en un espacio geográfico determinado. Podremos cerrar cualquier página web establecida en nuestro país que rompa las reglas de la propiedad intelectual, pero ¿cómo impedir que el consumidor acuda a otras de fuera? Además, por ejemplo, ¿acaso puede evitar el Estado que nuestros ciudadanos hagan sus apuestas en la Red sin pagar los correspondientes impuestos? Al final, para ser realmente eficaz debería tener la capacidad de penetrar en las transacciones de cada uno de los ordenadores de sus ciudadanos, como supuestamente hace Dios con las mentes de los hombres.

Y esto nos traslada al segundo problema: ¿dónde debe intervenir; qué debe evitar que se exhiba o se descargue; qué debe ser bloqueado? La cuestión es clara respecto a la pornografía infantil o el combate del terrorismo -siempre difícil de delimitar, por cierto-, también en el necesario respeto de los derechos de propiedad intelectual o en evitar la acción de los hackers a lo Salander.

Pero queda un amplio campo lleno de zonas grises que nos traslada a la cuestión más inquietante. ¿Cuáles son las garantías de que el Estado no se va exceder en sus funciones una vez que disponga de las tecnologías necesarias para filtrar eficazmente las comunicaciones en la Red?

La dificultad para controlar a quienes delinquen en la Red se traslada así a los propios controladores. ¿Cuáles son nuestras garantías de privacidad, de no ser observados o interferidos, cuando el Estado se dote de los medios necesarios para actuar sobre este medio? ¿Quién nos puede salvaguardar frente a los potenciales excesos?

Seguramente a todo esto habrá que darle una buena pensada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de enero de 2010