Iurbentia obvió un plan de viabilidad tras el reparto de 43 millones del IVA

El consejo de administración de Iurbentia obvió abordar un plan de viabilidad realizado por su entonces consejero delegado, Emilio Prieto, en su reunión del pasado 16 de abril, durante la etapa en que al presidente de Afer, Jabyer Fernández, se dedicó a repartir entre varias empresas del grupo que controla los 43 millones de IVA obtenidos por aquella promotora en la operación de venta de los terrenos del complejo Puerta de Bilbao, en el barrio baracaldés de Lutxana. El plan financiero contemplaba también que Fernández recuperara las cantidades distribuidas para cumplir con la Hacienda de Vizcaya y evitar así supuestas responsabilidades penales, de las que ya fue advertido.

En realidad, cuando Prieto consiguió que la propuesta de viabilidad fuera elevada ante el consejo de Iurbentia, Fernández ya lo conocía, pero lo ignoró y asumió todas las funciones ejecutivas de Iurbenor, empresa receptora de los 310 millones por la venta de los terrenos de la gran operación urbanística de Barakaldo. La primera propuesta de Prieto a Fernández se produjo, según fuentes conocedoras de las gestiones, el 17 de febrero, apenas 20 días después de que Iurbenor hubiera iniciado el pago de las cantidades con cargo a los 43 millones del IVA no ingresado en Hacienda. El dueño de Afer no contestó. Prieto lo volvió a intentar el 9 de marzo, pero otra vez sin resultados.

Una vez que se distribuyeron todas las partidas de aquella cantidad (ver EL PAÍS del pasado 6 de diciembre), y al comprobarse que en Iurbentia apenas quedaba el saldo necesario para pagar la nómina de marzo, Prieto requirió la convocatoria urgente del consejo de administración. Al propósito se unió Fernando García Macua, quien transmitió a Fernández "la inquietud y preocupación existente entre varios consejeros por los actos ejecutados por Iurbenor e Iurbentia".

Fue en este consejo, celebrado el 16 de abril, donde Fernández escuchó otra vez el plan de viabilidad y donde advirtió con claridad a sus miembros: "Tengo delegadas todas las facultades, puedo disponer ilimitadamente de los fondos sociales sin dar cuenta al consejero delegado, que es un subordinado y, además, no es nadie". Así consta en un documento notarial firmado el 23 de abril, en el que se recoge el acta de este convulso consejo. A esta descalificación personal se unió la vicepresidenta de Iurbentia, Susana Fernández, hermana del dueño. Los consejeros Josu Olazaran, Enrique Guzmán, Diego Gutiérrez y Rodríguez Emaldi, en cambio, exigieron respeto.

Para entonces, el consejo quedó dividido en dos bloques que perseguían objetivos muy diferentes. De un lado, Fernández, su hermana, Nadal y Manuel Domínguez centraron sus intervenciones en descalificar al consejero delegado. De hecho, Domínguez quiso conocer los motivos de la pérdida de confianza de Fernández en Prieto, a quien retiró todos sus poderes una vez que cerró con la BBK y La Caixa la venta de los terrenos de Lutxana por 310 millones. En el otro bloque, el grueso de empresarios que requerían de Fernández que cumpliera con Hacienda. Fue significativa, por ejemplo, la intervención de Olazaran, quien mostró su "total desacuerdo" con la "actuación desleal y unilateral" del presidente de Iurbentia, a quien exigió explicaciones claras y precisas. A esta exigencia se unieron los consejeros Prieto, Gutiérrez, Guzmán, Emaldi y Macua, quienes alegaron que "la situación creada les obligaría a adoptar medidas legales". Este grupo aglutina a los firmantes de la denuncia judicial planteada contra Fernández por un supuesto delito societario.

Tras la brecha abierta en el consejo, que aún no se ha reparado debido al posterior cruce interno de acusaciones entre algunos de sus miembros, el plan de viabilidad quedó en el olvido. Prieto planteaba, en un documento de 82 páginas, un proyecto de reestructuración que se acometería entre abril de 2009 y marzo de 2010. El consejero delegado, vinculado a Fernández durante diez años, sugería una propuesta de reparto de las cantidades recibidas por Iurbenor tras la operación Puerta de Bilbao, además de un estudio de viabilidad y el cuadro de necesidades de tesorería de Iurbentia para catorce meses.

Ahora, el cruce de responsabilidades se ha multiplicado. La defensa de los intereses de cada uno de los grupos en que ha quedado dividido el consejo de Iurbentia marca la política a seguir, según fuentes internas. El plan de viabilidad nunca salió adelante y su lugar es ocupado ahora por una investigación en profundidad sobre las múltiples gestiones realizadas en las compras de suelo, en los gastos acumulados y en la autorización de todos los movimientos.