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Tribuna:LA CUARTA PÁGINA

Más libertad, propiedad y legalidad

España necesita una Ley de Propiedad Intelectual que se adapte a los cambios tecnológicos de nuestro tiempo, que proteja la creación, respete la propiedad de los dueños de los contenidos y despolitice la cultura

Parafraseando a Shakespeare, algo podrido huele en Internet para un Gobierno que trata de impulsar una regulación que permite el cierre de páginas web sin intervención judicial y por la puerta trasera de una disposición final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. ¿Por qué los ciudadanos no pueden asistir con transparencia a un debate legal, amplio, específico y pormenorizado que trate de encontrar un punto de equilibrio y de justicia entre todos los sectores en liza? ¿A qué, o a quién, tiene miedo el Gobierno debatiendo con luz y taquígrafos sobre ello? ¿Por qué expulsa del debate público este asunto y lo coloca marginalmente, y de tapadillo, dentro de una descomunal y alambicada Ley de Economía Sostenible? Es más, ¿qué extraño sentimiento de culpabilidad fluye por los meandros ideológicos del PSOE cuando sus terminales intelectuales defienden que debe primar la defensa de la propiedad sobre la libertad, achacando a renglón seguido al Partido Popular que no cree en la primera y que manipule la segunda? ¿Qué está pasando en el Gobierno de Zapatero para que tenga que recordársele por boca de Gregorio Peces-Barba, ponente constitucional y uno de los intelectuales más relevantes y prestigiosos de la izquierda democrática española, que, de acuerdo con nuestra Carta Magna, ha de ser un juez quien "valore la violación posible de la propiedad intelectual en una página de un ordenador"?

Urge hallar un equilibrio que dé más libertad a los usuarios de la Red y más legalidad a los ciudadanos

No se trata de neutralizar la cultura. Lo que hay que evitar es su ideologización partidista

Demasiadas preguntas y pocas respuestas razonadas en el marco de un examen democrático, sosegado y sensato, que proponga una estrategia consensuada y eficaz que haga frente a las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual en el entorno digital. Una estrategia ambiciosa que trasciende a medidas segmentadas y provisionales, ya que requiere algo que este Gobierno acredita cotidianamente no tener: capacidad de liderazgo. Precisamente, en la gestión del problema que nos ocupa el liderazgo es fundamental. Sin él no podrá abordarse eficazmente el problema de la piratería digital. Ésta exige medidas consensuadas y desprovistas de condicionantes partidistas. La lucha contra aquélla es una cuestión de Estado, porque la piratería daña la propiedad intelectual, menoscaba la seguridad jurídica que requieren nuestras industrias de contenidos para desarrollar sus modelos de negocio en la Red y, sobre todo, genera desempleo que, en un momento de crisis, es una sangría inaceptable en términos personales y profesionales.

Por todo ello, la gravedad y complejidad del asunto debe abordarse mediante un liderazgo que doblegue las dificultades con energía inteligente y sentido común. Un liderazgo que contribuya a que los sectores implicados -industrias de contenidos, operadores tecnológicos y usuarios- se pongan de acuerdo en una solución global. Un liderazgo que sume, haciendo que todos pongan algo de su parte a la hora de adaptarse a la cultura digital. Pero, sobre todo, que impulse una regulación de los derechos de autor que, al mismo tiempo, sea capaz de proteger efectivamente a las industrias de contenidos; de abaratar el ADSL; de favorecer decididamente los nuevos modelos de negocio en la Red y, finalmente, de fijar un marco de garantías legales y judiciales que permita a los usuarios de Internet sentirse protegidos en sus derechos. Es decir, un liderazgo que dé la cara en la tribuna pública y que argumente buscando un equilibrio legal integrador. Un liderazgo transparente, que no se esconda debajo de la capucha de un secretismo de gabinete presidencial que, incluso, es capaz de ocultar a los ministros lo que se negocia y discute en su nombre. En fin, un liderazgo virtuoso y democrático que dé ejemplo de responsabilidad para exigirla, que no culpe a la oposición de sus errores y que esté al servicio de una política que no tenga miedo a convencer y razonar parlamentariamente, ya que es capaz -como decía Harrington, uno de los pensadores del republicanismo inglés- de buscar los medios para que los ciudadanos no "tomen aquello que más desean, sino que se comporten cortesmente en la mesa pública y ofrezcan lo mejor de sí mismos a la decencia y al interés común".

Quien vea estas exigencias como un intento de demonizar los creadores, se equivoca. Como se equivoca quien piense que se insinúa con ello una confrontación de modelos republicano y neoliberal sobre Internet. Baste decir que afirmar ambas cosas a la vez es, una de dos, no entender ninguna de ellas o querer introducir un velo de confusión muy del gusto de los lectores aventajados de Lakoff. Un velo, por cierto, insuficientemente virtuoso en términos cívicos porque dificulta cualquier debate clarificador y entorpece cualquier consenso en torno a la elaboración de una ley específica que regule la protección de los derechos de autor y que incluya acciones cautelares judiciales en su defensa. Aquí habría que recordar que la virtud pública está siempre al servicio de un ideal de equilibrio, que en este caso habría de ser de derechos. Un equilibro que dé más libertad a los usuarios de la Red, más propiedad a los dueños de contenidos y más legalidad al conjunto de los ciudadanos. Un equilibrio que busque ser una conquista de la razón frente a la arbitrariedad, que trate de proteger eficazmente la propiedad intelectual, pero exigiendo que las medidas que se adopten impliquen una acción cautelar de naturaleza judicial, pues, si no, ¿cómo conciliar un conflicto de derechos en los que un inocente puede ser víctima de una arbitraria intervención administrativa que lesione su presunción de inocencia, su intimidad y su libertad de expresión?

Lo alarmante de este asunto es que empieza a ser recurrente por parte del Gobierno este empeño. No sólo en el objetivo de regular Internet sin control judicial, sino también en el uso de un secretismo que trata de eludir frontalmente el debate público. Aquí hay que recordar que hace un año el PSOE se deslizó por el tobogán de la arbitrariedad mediante una regulación parecida a la que ahora se debate. Entonces lo hizo a través de una Proposición No de Ley que quería "ordenar la circulación de contenidos en Internet para hacer frente a la piratería cultural", y sin que mediase un debate legal específico y, por supuesto, sin intervención judicial. Y un año después ha vuelto a la carga. ¿Por qué? Probablemente porque el Gobierno de Zapatero prefiere una mala solución a reconocer públicamente que es el único responsable de que nuestro país haya sido incluido por segundo año consecutivo en la Watch List 301 del caucus anti-piratería del Congreso de Estados Unidos, formando parte del G-28 de la piratería junto a países como Bangladesh, Bielorrusia, Bulgaria, Nigeria, Kazajastán, Pakistán, Malaysia o Filipinas. Aquí, seguramente, algo tendrá que ver que el Plan Integral de Lucha contra la Piratería aprobado en 2005 por el Gobierno de Zapatero no haya sido dotado suficientemente en los últimos años, incumpliendo así, entre otros compromisos contenidos en él, la obligación de dotar de recursos a la Administración de Justicia para que los jueces y fiscales pudieran especializarse en este campo.

No cabe duda de que España necesita dar seguridad jurídica a la creación en general y a las industrias de contenidos que utilizan ese soporte universal que es el castellano. Probablemente, el futuro estratégico de nuestro país está subordinado al acierto o al fracaso institucional con el que abordemos esta cuestión. Si queremos tener éxito en la gestión de este asunto hay que ser ambiciosos y desplegar una política de Estado que potencie la internacionalización de nuestras industrias culturales, que proteja eficazmente la creación y que despolitice la cultura, pero en la línea de interpretar ésta como un espacio de libertad respetuosa con la creación misma, asumiendo aquello que Claudio Magris afirma cuando apela a la humildad responsable del creador de saber que, al poner su nombre al servicio de una causa, la que sea, lo hace no como creador, sino como un ciudadano más. Con esta exigencia de despolitización no se trata de neutralizar la cultura, sino de evitar su ideologización partidista, que es otra cosa muy distinta. España necesita elaborar una Ley de Propiedad Intelectual que esté a la altura de las circunstancias y que se adapte a los cambios tecnológicos de nuestro tiempo. Una Ley que proteja la creación y la autoría, que lo haga con celeridad, inmediatez y contundencia, pero respetando las garantías que exige el Estado de derecho y, de paso, cumpliendo aquello que Montesquieu exigía al legislador: que fuera sabio al tener un prudente conocimiento del espíritu general de su propia sociedad pues, de lo contrario, sus leyes serán como disparos en la noche.

José María Lassalle es secretario nacional de Cultura del PP y diputado por Cantabria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de diciembre de 2009