El Congreso retira parte de la norma que ha puesto en pie de guerra al taxi

Una ley que liberaliza cuarenta y siete sectores de servicios de la más diversa índole, quedará para muchos como la norma que originó una protesta intensa del sector del taxi, singularmente en Madrid. Mientras ayer se aprobaba en el Congreso la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, llamada la Ley Omnibus, en la capital los taxistas se manifestaban al estimar que la norma otorga muchas facilidades a las empresas de alquiler de coches con conductor que, en suma, les quitan cuota de mercado. La protesta se saldó ayer con cinco detenidos.

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista niegan ese perjuicio directo y así lo estimó también el BNG que ayudó con su voto a que la ley fuera ayer definitivamente aprobada tras su paso por el Senado. La abstención del PNV y Coalición Canaria también fueron definitivas para que esta ley, consecuencia obligada de la transposición de directivas europeas, entre en vigor. El resto de los grupos se opuso por razones diferentes aunque fue el Grupo Popular quien más hincapié hizo en su rechazo al "artículo 21", invocado por los profesionales del taxi en su protesta.

Pero la historia no empezó ayer ya que las conversaciones entre las asociaciones del taxi y los grupos parlamentarios han dado lugar a la modificación de ese artículo. En el mismo se recogen aspectos que afectan a las agencias de viajes y al alquiler de vehículos con conductor y sin conductor. El párrafo en discordia decía así: "Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán condicionar el origen o destino de los servicios". Éste ha desaparecido con lo cual un vehículo de alquiler con conductor no puede hacer servicios en toda España sino que su punto de origen siempre tiene que ser la comunidad autónoma a la que pertenece. Las licencias, las tarifas y toda regulación del sector corresponde a las autonomías y a los ayuntamientos.

Inútiles han sido los esfuerzos de las diputadas socialistas María Antonia Trujillo, Mertixell Batet y Marta Gaston, ponentes de esta gigantesca ley, para convencerles de que el Gobierno no tiene la menor intención de agredir al sector. Trujillo lo defendió en la tribuna de oradores. No obstante, las parlamentarias inciden en que no todas las asociaciones han ido a la huelga aunque ninguna esté satisfecha.

Otros conflictos se han superado en la tramitación de la ley. Los Procuradores de Tribunales han conseguido que el ejercicio de esa profesión sea incompatible con otra. La liberalización sí se ha producido, aunque no tanto como existe en Europa, en los Colegios Profesionales. Un abogado puede ejercer en cualquier lugar, ajeno a su colegiación geográfica. Esta ley pretende hacer realidad la libertad dentro de Europa de la prestación de servicios como ya existe de mercancías y personas, explica Meritxel Batet. También ha cambiado la relación entre la Administración del Estado y las empresas con la eliminación de muchas autorizaciones para el ejercicio de la actividad privada.