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Debate del estado de la región

Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad

La medida les otorga presunción de veracidad pero más sanciones si se extralimitan

Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad. La medida, que recogerá la futura Ley de Autoridad del Profesor anunciada ayer por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, excluye a los docentes de educación primaria y secundaria de los centros privados y concertados, según confirmó ayer la propia Aguirre, al finalizar su discurso en la Asamblea, pese a lo anunciado el día anterior por el propio Gobierno regional.

"Esos centros pueden contratar a quienes quieran y eso no ocurre con los públicos", precisó Aguirre, que recordó que los funcionarios superan unas oposiciones para acceder al puesto. En su alocución en el hemiciclo, la presidenta justificó que los maestros sean autoridad en diversos informes que indican que los profesores "destinan una tercera parte del tiempo de clase a mandar callar a los alumnos". También aseguró que las comisiones de estudios recogen con frecuencia datos de "agresiones a profesores y otros actos de indisciplina". No dio más detalles.

La presidenta subrayó la frecuencia de las agresiones a los maestros

"Creemos que educar para la ciudadanía es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada y respetar a la autoridad", recalcó la presidenta regional, en una velada crítica a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la ha enfrentado al Gobierno central. "No puede haber libertad sin reglas", zanjó.

La novedad de la norma es que otorga rango de ley a la autoridad de los profesores, como ya ocurre con los médicos, policías o magistrados, entre otros. La Comunidad de Madrid tiene competencia, en su territorio, para fijar quién es autoridad pública. Al mismo tiempo, puesto que el Código Penal recoge como delito de atentado las agresiones a la autoridad pública -sin precisar quién tiene tal condición-, en cuanto entre en vigor la nueva ley automáticamente los ataques a los maestros serán castigados con más dureza. Hasta ahora la única protección era una circular de la Fiscalía General que recomendaba a los fiscales calificar como delito los ataques a los maestros. Esta medida no obligaba a los jueces en su fallo; sí lo hará la ley.

El rango de autoridad otorga a los maestros la presunción de veracidad, que hace que su palabra tenga más valor. Pero también acarrea sanciones más graves si se extralimitan en sus funciones y pueden ser denunciados por falsedad en su testimonio y por abuso de autoridad.

Más información en la página 31

REACCIONES AL ANUNCIO DE AGUIRRE

OPOSICIÓN. "Una auténtica chapuza improvisada"

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, fue ayer muy crítico con la medida de Aguirre, a la que calificó de "auténtica chapuza". El secretario general del PSM se basa en que el Ejecutivo regional "no tiene competencia para modificar el Código Penal". Para IU el anuncio de Aguirre, "además de no ser novedoso, es meramente propagandístico e intenta desviar la atención sobre los problemas reales de la educación madrileña. Es decir, sobre la falta de recursos o la alta tasa de fracaso escolar".

SINDICATOS. "Una aspiración histórica"

El sindicato mayoritario en la enseñanza pública, Comisiones Obreras, señaló ayer a través de un portavoz que el profesorado "necesita el respaldo decidido e incondicional de las administraciones para evitar agresiones", para lo que estima "imprescindible" concienciar a padres y a alumnos. Por su parte, ANPE-Madrid (Asociación Nacional de Profesores de España) ha recalcado en un comunicado que era "una histórica aspiración de nuestra organización por el deterioro del clima en los centros".

PADRES, "La educación no puede estar peor"

Luis Carbonell, el presidente de la Confederación Católica de Padres, valoró positivamente la medida, tachándola de "perfecta" y advirtiendo de que estamos "en un momento en que la educación no puede estar peor". Muy distinta visión a la de José Luis Pazos, de la FAPA Giner de los Ríos. Esta asociación opina que lo anunciado "no es nuevo porque ya hay un artículo del Código que habla de ello" y que, además, "no aporta nada" para solucionar "un fracaso escolar que está anclado en el 30% del alumnado".

INSTITUCIONES. "Las familias no valoran a veces a los docentes"

Arturo Canalda, defensor del menor, respaldó ayer la decisión de Aguirre por "la necesidad de reconocer claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos padres que en ocasiones no valoran el importante papel de los docentes". La consejera de Educación, Lucía Figar, precisó que esta figura de autoridad otorgada a los profesores "implica fundamentalmente la presunción de veracidad", que, en su opinión "funciona mucho en términos de disciplina y convivencia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de septiembre de 2009

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