Oro aún más verde en los olivos

El olivar andaluz vive atenazado bajo la espada de Damocles que representa el final de las subvenciones comunitarias, tal y como se conciben en la actualidad, a partir de 2013. Lo más probable es que, antes de esa fecha, Bruselas acometa una reforma intermedia de la Organización Común de los Mercados (OCM) del aceite, que podría ser una declaración de intenciones del nuevo escenario que se encontrarán las 250.000 familias que viven de este cultivo en 300 pueblos andaluces. El impacto de las ayudas europeas a los oleicultores -850 millones de euros por los derechos de pago único- es colosal en la economía andaluza, por lo que cualquier variación en las mismas tiene una importancia superlativa.

Andalucía recibe 850 millones de euros anuales en ayudas al sector

355.000 hectáreas tendría rentabilidad negativa sin el auxilio de Bruselas

Los olivos fijan más de cinco millones de toneladas de CO2 al año

La ley autonómica tendrá incentivos para concentrar las cooperativas

El Gobierno central y el Ejecutivo andaluz intentan ahora adelantarse a la reorientación de las ayudas económicas de la Unión Europea y dirigirlas el hacia el olivar tradicional, de menor rendimiento. Y es que casi un tercio de este cultivo en Andalucía se vería abocado a su desaparición si se dejan de percibir ayudas. "Queremos que haya un reconocimiento hacia un cultivo estratégico por su importancia económica y también social", subraya el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, que adelanta que en el primer semestre de 2010 llegará al Parlamento autonómico la Ley del Olivar, donde quedará reflejada esa apuesta por las explotaciones tradicionales.

Según un informe de la Consejería de Agricultura, el 31% de la superficie de olivar (más de 355.000 hectáreas) tendría rentabilidad negativa si no contasen con el auxilio de Bruselas. Se trata del olivar tradicional de secano, de pendiente alta superior al 15%, localizado principalmente en zonas de sierra, como Cazorla, Segura, Sierras Subbéticas, Axarquía, Sierra Morena y Sierra de Cádiz.

La actual OCM del aceite apenas destina un 6% de la ayuda por hectárea para primar los factores ambientales, con 75 euros por hectárea en municipios (177 en toda Andalucía) donde el olivar suponga más del 80% de la superficie labrada. La menor producción -un 25% inferior a la media andaluza- sus mayores costes de producción -en torno a un 30% superior- y su mayor riesgo de erosión -un 22% es alta o muy alta- hace que estas explotaciones sean inviables sin ayudas. Pero es en estas, aparentes, necesidades en donde podría estar la virtud.

"El Gobierno central ya está trabajando para defender ante la UE al olivar tradicional para que tenga un tratamiento singular porque tiene una función social clave e insustituible", indica Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial y líder del PSOE de Jaén. Esta provincia, que concentra el 51% de las ayudas anuales que llegan a Andalucía y donde el 20% de su PIB depende del aceite, es la que tiene una mayor superficie de olivar con erosión alta o muy alta (más de 310.000 hectáreas), aunque porcentualmente es Cádiz quien está a la cabeza, con el 46%.

Junto con la función social para fijar la población en el medio rural, el olivar juega también un papel determinante desde el punto de vista medioambiental al convertirse en un importante sumidero de gases de efecto invernadero y su potencial para generar energías renovables. Un estudio de la Consejería de Agricultura determinó que, como sumidero de carbono, los 35 millones de olivos que se plantaron en Andalucía entre 1990 y 2004, fijaron más de cinco millones de toneladas de CO

al año.

Además de la discriminación positiva hacia el olivar tradicional, la Junta quiere también utilizar los fondos comunitarios para luchar contra el que es, probablemente, el principal reto que tiene por delante el sector: la concentración de la oferta. "No es razonable que en un pueblo haya cuatro o cinco almazaras", sostiene Zarrías. En Andalucía funcionaron en la última campaña 814 almazaras (el 47,4% de estas industrias de molturación en España), de las que el 40% se encuentran en la provincia de Jaén.

Para acabar con la atomización del sector, la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, ha adelantado que en la nueva orden de incentivos para la industria agroalimentaria se primarán las ayudas para la concentración de almazaras y no habrá dinero para nuevas industrias. En los últimos meses ya se han producido algunos pasos en esa dirección con las alianzas promovidas por los grupos Interóleo Picual (Jaén), Hojiblanca (Málaga) o Tierras Altas (Granada). Aguilera tiene claro que la concentración de la oferta significa "ahorrar costes, aumentar el valor añadido para los agricultores y mejorar la comercialización del producto".

Parte de la estrategia negociadora que la Junta quiere plantear ante la UE por el nuevo escenario de ayudas quedará plasmado en la Ley del Olivar, cuyo texto se quiere consensuar con todo el sector en unas jornadas que se celebrarán en Jaén en el mes de octubre.

Los cuatro grupos de trabajo creados para elaborar esa ley, en los que colaboran 80 expertos, apuestan también por la mejora de la promoción y la comercialización del aceite (supone menos del 4% del consumo total de grasas vegetales en el mundo), el impulso de I+D+i y por técnicas de producción más sostenibles.