Elecciones anticipadas
"No creo que el país pueda esperar otro año para juzgar a sus políticos y a su Parlamento". Así argumentaba hace unas semanas David Cameron, líder de los conservadores británicos, su exigencia al primer ministro laborista Gordon Brown de que convocara elecciones anticipadas, cuando todavía no había salpicado también a los tories el escándalo de los extravagantes gastos de los diputados en Westminster. "No se puede seguir sin hacer nada", declaraba hace unos días María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al insinuar que no descarta pedir al presidente Rodríguez Zapatero elecciones anticipadas una vez se conozcan los resultados de los próximos comicios europeos. Por su parte, Rosa Estarás ha insistido reiteradamente ante el presidente balear, Francesc Antich, en la convocatoria urgente de elecciones, mientras Javier Arenas se desgañita en Andalucía reclamando lo mismo desde que Manuel Chaves cedió la presidencia de la Junta a José Antonio Griñán para marcharse a Madrid de vicepresidente.
El adelanto de elecciones es un argumento relativamente frecuente en el debate político, un instrumento de presión que la oposición utiliza sin demasiado éxito cuando el partido en el poder tiene dificultades, se complican sus apoyos parlamentarios o se agrieta una eventual coalición de gobierno. También cuando el escándalo se enseñorea del escenario mediático y la opinión pública experimenta una fuerte sacudida. Pero ¿sólo es un arma táctica? ¿No puede ser también un genuino y soberano ejercicio de responsabilidad por parte del gobernante?
Hasta ahora, las diputadas Mònica Oltra, de Compromís pel País Valencià, y Glòria Marcos, de Esquerra Unida, se lo han pedido a Francisco Camps, inmerso en una investigación judicial por cohecho, ¿pero no debería ser el propio presidente quien lo contemplara como una opción razonable ante una crisis institucional de grandes proporciones? Desde la reforma del Estatut d'Autonomia en 2006, el jefe del Consell tiene la capacidad de disolver las Cortes "excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura que reúna los requisitos exigidos". ¿Por qué no hacerlo, en el horizonte de los próximos meses? ¿Hay algún otro escenario más adecuado, desde una visión imparcial del asunto, una vez se haya aclarado si el presidente y su mano derecha en el PP, Ricardo Costa, van o no a juicio?
El problema, para Camps, es que la opción pone en duda su continuidad, por supuesto en el caso de que el magistrado instructor decida finalmente mandarle a juicio, pero también si resultara archivada una causa que ha revelado la imprudencia y las amistades peligrosas de la primera autoridad valenciana. Con todo, los sólidos anclajes demoscópicos de los populares juegan a su favor. Al líder de los socialistas, Jorge Alarte, le ocurre lo contrario. Se ha abstenido hasta ahora de pedir elecciones anticipadas porque, aun cuando el gesto tuviera todo el sentido, no ve todavía viable su alternativa en las encuestas.
Mala cosa, porque lo peor que puede pasar, como consecuencia del escándalo protagonizado por una trama de corrupción que se ha colado hasta el domicilio del mismísimo presidente de la Generalitat, es que se esgriman las elecciones europeas como un aval espúreo, que se perpetúe Camps sin asumir responsabilidades o que sea sustituido, nolens volens, por otra figura de su partido sin recurrir a las urnas.
