Las feministas celebran el "histórico" proyecto de ley de derechos sexuales

El anteproyecto de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos que reconoce el derecho al aborto libre hasta las 14 semanas de embarazo, aprobado el jueves por el Consejo de Ministros, fue recibido ayer como "histórico" por la treintena de asociaciones que forman la Plataforma por el Derecho a Decidir de las Mujeres y fue frontalmente rechazado por el Consell.

"Por primera vez el aborto se recoge como un derecho en una ley específica de derechos sexuales", celebró Encina García, portavoz de la plataforma constituida en septiembre de 2008 ante la visita a Valencia del barco de la ONG holandesa Woman on Waves, que ofrecía la posibilidad de interrumpir el embarazo en aguas internacionales. Pero después de treinta años en la brega, García reclamó un paso más, "que el aborto salga del Código Penal, debe ser considerado un derecho siempre, nunca un delito".

"El PP puede hacer las campañas que quiera, pero no con dinero público"

Vicente Rambla, portavoz del Consell, expresó la "oposición frontal" de la Generalitat al anteproyecto del Gobierno, en sintonía con el PP en toda España y con la iniciativa Más Vida que impulsa Francisco Camps.

"¿Qué más? ¿Qué vida? ¿De quién?", se preguntó García, quien tachó como "infumable" la decisión del PP de apoyar la tramitación en las Cortes de una Iniciativa Legislativa Popular contra el aborto. Y como "antidemocrático" el posterior anuncio de una enmienda a la totalidad con texto alternativo, formulada por el PP para colar su propio proyecto de ley de protección de la maternidad sin pasar por el Consell Jurídic Consultiu. "Tal vez tenían miedo de que su ley no resistiera un mínimo examen, el proyecto es una excusa para repartir dinero a voluntarios de organizaciones contrarias al aborto", concluyó García, "el PP puede hacer las campañas que quiera, pero no con dinero público en un Estado laico".

Respecto al anteproyecto de ley del Gobierno central, las feministas reclamaron una educación sexual obligatoria en todos los niveles del sistema educativo para evitar embarazos no deseados; acceso libre y gratuito a todos los métodos anticonceptivos; un plazo más amplio para el aborto libre; y la supresión de los tres días que prevé la ley para que la mujer que solicite una interrupción voluntaria del embarazo reflexione: "Cuando tomamos una decisión solo necesitamos la prestación y lo más rápido posible".

García puso el acento en la necesidad de que la Sanidad pública garantice la interrupción del embarazo porque es la única garantía de igualdad y reclamó un listado de profesionales que objetan a la práctica de abortos para evitar que formen parte de los comités médicos que deben autorizar un aborto una vez superado el plazo de 14 semanas.