Majadahonda otorgó 3,5 millones en contratos a la trama corrupta

Las sociedades de Francisco Correa, responsable de una trama de empresas presuntamente corruptas, duermen en un limbo mercantil. Hasta que son necesarias. Entonces despiertan y firman ventajosos contratos con alguna Administración pública, generalmente gobernada por el Partido Popular. Pero se queman. Mueren. Entonces otra empresa despierta. Y firma ventajosos contratos. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Majadahonda. Entre 2003 y 2005 tres sociedades de objetivo difuso, TCM, Downtown Consulting y Easy Concept, se fueron transmitiendo acuerdos por valor de más de dos millones de euros. El alcalde entonces era el hoy imputado Guillermo Ortega.

Todos esos acuerdos figuran en los papeles municipales de la oficina de contratación. En total, IU, documentos mediante, calcula en cerca de 3,5 millones los otorgados a empresas vinculadas a Francisco Correa. Eso en una legislatura (2001-2005) y con Ortega de alcalde. Algunos de ellos por conceptos tales como "decoración de la Concejalía de Familia", montar un stand en una feria de informática o colocar una mampara en las instalaciones municipales. Por cierto, el de la feria, que era el SIMO de 2004, también se le adjudicó a otra empresa además de a la de Correa. Se desconoce cuál hizo el trabajo, pero se sabe que ambas cobraron.

Un técnico propuso que se abonaran 58.000 euros en lugar de 420.000

En 2003 la empresa madre de las compañías de Correa en Madrid, Special Events, deja de firmar contratos con Majadahonda. Alguien repara entonces en que la administradora de esta sociedad es María del Carmen Rodríguez, apodada por los trabajadores municipales como la Barbie. Rodríguez es la mujer de Correa y jefa de gabinete del alcalde, Guillermo Ortega. A instancias de Esperanza Aguirre, el ex alcalde dimitió el lunes como responsable del Mercado Puerta de Toledo.Había cambios, pero no problemas. Special Events se volatiliza, pero emerge Technology Consulting Management, que resulta que es de los mismos dueños y se dedica a las mismas cosas. Esta compañía gana el concurso para "la consultoría de diseño de la implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano" de Majadahonda. Un rebuscado pliego que se traduce en la adjudicación por 612.551 euros a esta empresa el 18 de febrero de 2003.

En diciembre de ese mismo año, la compañía repara en que necesita más dinero. Y lo pide. El Ayuntamiento se lo da sin problemas. En concreto, 120.000 euros más. Eso supone el 19% de la concesión original. Si el aumento hubiese superado el 20% hubieran tenido que repetir el concurso. Pero todo estaba calculado. Medido. El 30 de abril de 2004, con la célebre oficina a punto de abrirse, se les prorroga el contrato. En esta ocasión reciben 419.638 euros. Un técnico municipal había sugerido que lo justo sería que percibieran 58.000 euros y así lo hace constar en un documento oficial. Nadie le hace caso.

¿Ha terminado el trabajo de la empresa vinculada a Correa una vez abierta la oficina? No. Ahora, es el momento de que despierte otra de sus empresas durmientes. Alguien tiene que llevar el día a día de esa flamante oficina (cerrada hace ya años por el sucesor de Ortega, Narciso de Foxá). Nace Downtown Consulting, cuyos administradores, incluida la también imputada por el juez Garzón Isabel Jordán, encargada de las plicas y otras burocracias, son los mismos. Esta empresa recibe más de 20.000 euros mensuales. Hasta que en 2005 cambia de nombre y se vuelve a transformar. Pero siempre cobrando de la administración municipal.

Su nueva reencarnación es Easy Concept, exactamente con la misma configuración que Downtown, pero cobrando un poco más: 27.900 euros mensuales. Esto duró hasta mayo de 2005. En total fueron casi más de dos millones y medio de euros en dos años. La oficina desapareció y apenas estuvo unos meses en funcionamiento. Un servicio que nadie había demandado y nadie echó de menos.

Mientras todos esos contratos se iban otorgando a las sociedades durmientes relacionadas con Correa, la oposición y, en concreto, Izquierda Unida con particular ahínco, preguntaba por las concesiones municipales. El alcalde, Guillermo Ortega, no respondía. Rara vez, al menos. Sólo en alguna ocasión replicó que si alguien sabía de "algo ilegal" que lo llevara a los tribunales. El de la oficina de atención, entre otros, ya está en un tribunal.

Varias de esas adjudicaciones, además, afectaban a otras concejalías (cuatro, exactamente), no sólo al gabinete del alcalde. Alguno de los concejales que las llevaban siguen estando en el Consistorio majariego. Otros fueron apartados por el actual alcalde, Narciso de Foxá, que eliminó a la jefa de gabinete.

Lo que todavía no ha conseguido resolver esta nueva corporación es el agujero económico que dejó Guillermo Ortega en el Ayuntamiento. Una deuda que llevó a IU a denunciarlo ante el Tribunal de Cuentas.