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Un consejero de Aguirre monta un 'servicio secreto' con ex agentes

Un antiguo policía y guardias civiles retirados elaboran informes para el titular de Presidencia de Madrid sobre políticos o tramas de corrupción

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del ejecutivo regional. Un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones.

Granados: "Hacen contravigilancias y seguridad de edificios"

Peña: "No hacemos contravigilancias. Le hago un informe de lo que me pida"

El grupo recaba datos de las fuerzas de seguridad fuera del control político o legal

"Sospechamos de su labor, pero la desconocemos", dicen altos cargos

El consejero Granados, de la máxima confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y secretario general del PP madrileño, asegura que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", según declaró a este periódico.

Sin embargo, el propio Peña ha confirmado a EL PAÍS, que su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados.

Fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre aseguran que tanto la presidenta como el vicepresidente, Ignacio González -que mantiene tensas relaciones con Granados-, ignoran qué tipo de informes elabora dicho equipo del consejero de Interior. "Nos llama la atención el volumen de gente que ha fichado para unas labores que desconocemos y que están fuera del organigrama que preside el propio director general de seguridad. Sospechamos de su labor, pero la desconocemos", explican altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Granados asegura que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste asegura que sólo cuenta con tres ex guardias civiles: "Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Según el ex policía, no sólo son fiables, sino muy útiles por sus contactos: "Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía".

Peña contradice a su consejero. De entrada, niega que su equipo haga contravigilancia: "No hacemos contravigilancias. No seguimos a nadie. Mi misión es otra". Y añade sobre sus funciones reales: "Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida".

Cita diversos ejemplos. Peña recuerda que su equipo ha investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal de esa localidad, Ginés Jiménez. Los presuntos hechos delictivos que se imputan a Jiménez y otros miembros de la Policía Municipal de Coslada (extorsión a empresarios del ocio a cambio de licencias o de un trato favorable, así como a prostitutas que ejercen en las afueras del municipio) y que investiga un juez se destaparon en mayo de 2008 por obra de la policía cuando gobernaba el PSOE. No obstante, está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López, por presunto trato de favor a Jiménez. La investigación del equipo de Peña ha sido paralela a la investigación policial y judicial, que sigue abierta. Peña asegura haber conocido al elaborar su informe todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada.

Peña también cita que sus hombres han investigado el caso Ciempozuelos, de 2006, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex alcalde) en la cárcel durante unos meses, justo antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, el Gobierno regional ha denunciado las implicaciones de corrupción que siguen pendientes de aclarar en este municipio. Según Peña, sus informes resumen algo parecido: "Los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan". Pero Peña no desvela aún el resultado del sumario particular que ha instruido su unidad.

Este escándalo también sigue en plena investigación judicial. También aquí se produce la irregularidad de que el equipo de espionaje de Granados trabaja en paralelo, sin control político ni judicial, sobre asuntos en los que trabajan la policía y los jueces.

Sobre el caso Ciempozuelos, el ex policía Marcos Peña asegura que su investigación encontró vínculos con un suceso que afectó al propio consejero Granados, como fue el incendio supuestamente intencionado de su coche particular en el aparcamiento de su casa en Valdemoro. "Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto", alardea Peña. Granados, que antes de ser consejero fue alcalde de Valdemoro, negó que tal coche fuera un regalo de un constructor local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso -agonizó sin hallarse culpable del incendio- fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos. Carretero fue fichado posteriormente como director general de Política Interior por Granados, a cuyas órdenes sigue como gerente de la academia regional de policía.

El equipo parapolicial, cuyos informes sólo conoce Granados, según la cúpula del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, también ha investigado, según Peña, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas y todo lo que rodea a este entorno, incluida la supuesta pasividad o connivencia policial o de las autoridades competentes. Granados declaró la semana pasada que las mafias se han adueñado de la noche madrileña, con lo que agitó los ánimos de los empresarios de las discotecas. Éstos rechazaron las declaraciones del consejero de Interior y máximo responsable del PP madrileño, palabras que también habían provocado el malestar del equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Nuevamente, el discurso político del consejero coincidía con un informe realizado por su unidad parapolicial.

La labor del servicio de información secreto de Granados tiene, según describe Peña, una serie de peculiaridades: nutren sus informes de la labor de campo que realizan los ex agentes, pero también de los datos que les suministran sus "enlaces" en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o lucha contra el crimen organizado. Todo ello, al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional. ¿Para qué? "A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", resume Peña. Alude al intento de los enemigos políticos del consejero, en la oposición y dentro del PP o del Gobierno regional, de vincular su coche particular, que fue incendiado, al regalo de un constructor.

Además, meses atrás, Granados también se vio envuelto en el escándalo montado por un ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, que cesó poco después de ser fichado Peña, cuando registró unas oficinas de la consejería de Justicia y requisó un ordenador donde, según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el propio Granados (sobre sus supuestas relaciones con constructores, incluido el asunto del famoso coche incendiado, y su patrimonio personal).

Granados asegura no tener constancia del robo del ordenador ni de su contenido, pese a que fue denunciado. Los informes de este mini servicio de inteligencia tienen destinatario único. "Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera", admite Peña. El ex policía asegura que no realiza seguimientos de políticos. Granados jura que no se los ordena, pero deja abierta una puerta: "Yo no sé qué hacen mis funcionarios cuando salen del trabajo".

Algunos casos investigados por los 'agentes' del consejero Granados

- El 'sheriff' de Coslada. Uno de los informes elaborados para el consejero madrileño aborda la trama corrupta de la Policía Local de Coslada, descubierta en mayo de 2008, cuyo cerebro era el jefe de ese cuerpo, el sheriff Ginés Jiménez. Un grupo de agentes a sus órdenes denominado El Bloque extorsionaba a hosteleros, a veces pistola en mano, para que les entregaran sumas de entre 2.000 y 5.000 euros. La corrupción llegaba incluso a la justicia. Carlos Nogales, juez sustituto en el Juzgado de Instrucción número 3 de ese municipio, informaba a Jiménez de todos los pasos seguidos en el juzgado en causas de su interés. A Jiménez se le imputan delitos de amenazas, secuestro, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, estafa y blanqueo.

- Comisiones en Ciempozuelos. El ingreso de un millón de euros en un banco de Andorra por el ex alcalde socialista Pedro Torrejón y su antecesor, también del PSOE, Joaquín Tejeiro, destapó en 2006 el caso Ciempozuelos. Anticorrupción cree que ambos cobraron varios millones de constructoras del municipio. El dinero iba a parar a una trama de sociedades tapadera al servicio de los regidores, que actualmente se encuentran en libertad bajo fianza. Los empresarios que actuaron como testaferros también están imputados.

- De juez a cargo de confianza. El actual gerente de la Academia de Policía de Madrid y ex director general de Política Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre es, precisamente, el juez que inició la investigación del caso Ciempozuelos. Agustín Carretero dejó el juzgado para convertirse en cargo de confianza del Gobierno regional del PP tras las elecciones de mayo de 2007. Cuando estalló el caso, Carretero, decano de los juzgados de Valdemoro, asumió el caso. EL PP, como acusación particular, utilizó como testigo a la ex concejal socialista María Pérez, que había investigado en secreto las corruptelas del alcalde. Pérez mantuvo conversaciones casi diarias con Carretero en fechas previas a la detención de los imputados. También investigó el incendio del coche de Granados en su aparcamiento privado en Valdemoro. Los primeros indicios apuntaban que era un regalo de un constructor al consejero y ex alcalde local. Nunca se halló al culpable.

- La mafia de las discotecas. Francisco Granados atribuyó el pasado miércoles la muerte a tiros de un portero de discoteca y de un relaciones públicas del mismo local a la actuación de una supuesta "mafia" de vigilantes. Hablaba con conocimiento de causa ya que uno de los informes elaborados para él por sus agentes versaba sobre ese mundo y la supuesta permisividad de algunos agentes de policía y autoridades locales hacia tales tramas. El autor de los disparos aseguró al juez el pasado jueves que disparó contra los empleados de la discoteca porque no le dejaron entrar debido a su indumentaria, pero fuentes de la investigación aseguran que el presunto homicida y el portero muerto, eran conocidos de la policía por sus antecedentes. El fallecido era considerado uno de los miembros de la banda de Ivo, El búlgaro, un grupo de porteros de discoteca que supuestamente se dedica a controlar la seguridad en los locales de ocio nocturno de la capital.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de enero de 2009

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