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lunes, 1 de diciembre de 2008

La pena del talión condena a morir a 150 menores iraníes

La ley islámica se impone a la promesa del Gobierno de conmutar los castigos

"Estamos esperando que den la cuerda a la familia de la víctima y lo cuelguen en cualquier momento", confía el padre de Amir Amrollahi, uno de los 150 adolescentes iraníes en el corredor de la muerte. El caso de Amir, que tenía 15 años cuando mató a otro chico en una pelea, pone en evidencia el reciente anuncio de que Irán va a conmutar las sentencias de muerte de quienes delinquen siendo menores de edad. La medida excluye los casos en los que prevalece la figura islámica de qisas (ley del talión o pena del talión), que da a la víctima, o a sus herederos, el derecho de vengarse con un castigo equivalente al delito.

"La reforma no ha tenido ningún efecto porque la mayoría de las ejecuciones son resultado de ese derecho", declaró la semana pasada la premio Nobel Shirín Ebadí, en una conferencia de prensa organizada por el Centro de Defensores de los Derechos Humanos. El acto forma parte de una campaña para pedir a las autoridades iraníes que cumplan los convenios internacionales que han firmado, y pongan fin al ajusticiamiento de menores.

"Dan a las familias el derecho de vengarse", lamenta el padre del joven Amir

Al menos 150 jóvenes se encuentran, como Amir, condenados a muerte por un delito que cometieron cuando aún no habían cumplido los 18 años. Sus familias se llenaron de esperanza cuando el 15 de octubre Hosein Zebhi, el fiscal general adjunto para asuntos judiciales, anunció que la magistratura había decidido conmutar la pena capital por cadena perpetua para los delincuentes menores de edad. Tres días más tarde, Zebhi excluía a los ya condenados, y a quienes afrontaran una pena de qisas porque "no depende del Gobierno, sino de la acusación particular".

"Están dando a la familia el derecho de venganza, eso es algo que no pasa en ningún lugar del mundo", lamenta el padre de Amir. Sus esfuerzos para que los herederos de la víctima de su hijo acepten una indemnización (diyat, o dinero de sangre) han resultado vanos hasta ahora.

La aclaración del fiscal echó un jarro de agua fría sobre los afectados y sobre los activistas de derechos humanos. Por si había dudas, dos semanas después, la audiencia de la provincia de Isfahán anunció el ahorcamiento de Gholamreza H., un afgano de 19 años, convicto de un asesinato que cometió en noviembre de 2006 cuando tenía 17. Se trata del séptimo caso este año, con lo que Irán se apunta 27 de las 33 ejecuciones de delincuentes menores que han tenido lugar en el mundo desde 2005 (el resto ocurrieron en Arabia Saudí, Sudán, Pakistán y Yemen antes de 2008). Además, las autoridades siguen negando que ajusticien a menores.

"Hasta el año 2000 se les ejecutaba a la edad que tenían cuando acaba el juicio, pero desde ese año, debido a las presiones internacionales, se les mantiene en la cárcel hasta que cumplen los 18", explica Asieh Amini, autora del informe Ejecuciones de menores. No obstante, ha constatado que la prensa se ha hecho eco de cinco ajusticiamientos de menores en los últimos ocho años.

Los activistas critican que la República Islámica haya establecido la edad penal a partir de los 9 años para las niñas y los 15 para los niños. Eso permite a los jueces dictar sentencias que, en su opinión, no sólo violan la Convención de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de los Derechos del Niño, que Irán ha ratificado, sino que tampoco se sustentan en la legislación islámica, como pretenden sus dirigentes. "Castigar a los chiquillos como adultos es contrario a la ley divina", manifiesta Sedigheh Basmaqi, una jurisconsulta especializada en derechos de la infancia.

Los abogados que defienden a los menores denuncian las frecuentes irregularidades que rodean los juicios. "Algunos son condenados sin que se respeten los procedimientos", asegura el abogado Mohamed Mostafai.

"Mi hijo no confesó hasta que no le torturaron", constata el padre de Mohsen Ghabrai, acusado de sodomía hace un año, cuando tenía 15. "Le molieron a golpes, aún le quedan marcas en la cabeza", añade. Su hijo ha sido declarado culpable. "Aunque el otro chico le ha perdonado, el juez no acepta el perdón", concluye destrozado. Mohsen, como Amir, está recluido en la prisión de Adelabad, en Shiraz, y su suerte depende de un juez que, según el padre de Amir, "disfruta dictando sentencias de muerte". Según él, todos los miércoles hay alguna ejecución en Adelabad.

Sentenciado a la ceguera con ácido

Un tribunal iraní ha condenado a un hombre que dejó ciega a una mujer al arrojarle ácido a la cara a perder la vista de la misma forma. La sentencia, que puede recurrirse, se ha pronunciado a instancias de la víctima, quien durante dos años fue tratada en España de las graves quemaduras que sufrió.

Según la prensa iraní, Majid Movahedí, de 27 años, atacó con ácido a Ameneh Bahramí en noviembre de 2004, cuando la muchacha, a la que conocía de la universidad, rechazó su propuesta de matrimonio. "Quería que fuera mía para siempre", justificó el agresor, que no mostró arrepentimiento.

"Sólo pido que el culpable corra la misma suerte que yo", manifestó por su parte Bahramí ante el tribunal. Aunque los cirujanos españoles lograron reconstruir su rostro, la mujer perdió la vista. Si la condena se ejecuta, Movahedí recibirá 20 gotas de ácido en los ojos porque a su víctima le parece "salvaje" que le arrojen el líquido corrosivo como él se lo hizo a ella.

La justicia iraní, basada en la sharía o ley islámica, aplica la pena del talión en los casos de daños físicos intencionados y a instancias de la víctima, que puede perdonar el castigo a cambio de una compensación económica.

Las organizaciones de derechos humanos iraníes denuncian a menudo la crueldad de estas penas, que en los últimos años se han hecho más frecuentes. El sábado, el Tribunal Supremo suspendió una nueva condena a lapidación pronunciada pocos días antes por un juez de Shiraz.

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Cinco convictos ahorcados en Mashad, a mil kilómetros al noroeste de Teherán, en 2007. / ASSOCIATED PRESS

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