El jefe del Ejército colombiano presenta su renuncia

El jefe del Ejército colombiano, general Mario Montoya, renunció ayer a su cargo en medio de un escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas supuestamente por miembros de la institución. El alto oficial, con una fulgurante carrera, tomó la decisión cinco días después de que el presidente, Álvaro Uribe, realizara una purga de 27 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales, por la muerte de 11 jóvenes. A raíz del escándalo, Uribe cuestionó a la jerarquía militar por su negligencia en el control de la tropa y en la investigación de los casos.

Los jóvenes habían desaparecido en enero en Soacha, en los alrededores de Bogotá, y sus cuerpos fueron hallados a 400 kilómetros de distancia, como muertos en combate con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una investigación sobre el terreno, ordenada por el Ministerio de Defensa, dejó al descubierto graves fallos en los procedimientos de las brigadas, que incumplían la doctrina militar básica, y casos de corrupción. Según el informe, al que ha tenido acceso la revista Semana, en las "operaciones" en las que supuestamente habían muerto los jóvenes de Soacha no hubo trabajo previo de inteligencia, se realizaron de noche y los mandos ni siquiera estaban al corriente.

Un día después de recibir el informe, el 24 de octubre, el presidente Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla, anunciaban la criba del Ejército, que no tiene precedentes y que dejó descabezadas dos divisiones.

El caso Soacha enfureció a Uribe no sólo por el desgaste que supone para las Fuerzas Armadas, sino también porque el presidente había defendido a rajatabla al Ejército frente a las denuncias de ejecuciones que salían a la luz. La purga quería enviar a los militares un mensaje de "tolerancia cero" frente a las violaciones de los derechos humanos. Los tres generales eran destituidos no por estar implicados en los casos, sino por negligencia. Uno de ellos, Roberto Pico, era un hombre próximo a Montoya, que se enteró de las destituciones un par de horas antes de que se hicieran públicas. "Estoy seguro de que mis tropas han cumplido con la ley y con las directivas presidenciales de respeto a los derechos humanos", dijo ayer el general Montoya, que pidió que se respete la presunción de inocencia de los militares. "He pasado 39 años en el servicio a mi país, y hoy puedo decir que este viaje ha llegado a su fin".

Montoya, que ascendió a la jefatura del Ejército en 2006, ve truncado con este escándalo una carrera que había cosechado importantes éxitos en la guerra contra las FARC, entre ellos la Operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt y a otros 14 secuestrados. De hecho, su nombre se perfilaba para el cargo de comandante de las Fuerzas Armadas. Medios cercanos a Defensa auguran que habrá nuevos cambios. Según el diario El Tiempo, otros cuatro generales podrían renunciar en apoyo de Montoya.

La Fiscalía colombiana investiga 657 denuncias de ejecución extrajudicial que involucran a 688 militares. De ellos han sido condenados 43. Los casos de "falsos positivos" (asesinatos de jóvenes a los que se hace pasar por guerrilleros, para inflar las estadísticas y lograr recompensas) se han multiplicado. "No todos los falsos positivos son tales", dicen fuentes de Defensa. "Hay errores y hay denuncias falsas por parte de círculos cercanos a las FARC, pero también casos reales, y a por ellos vamos. Queremos blindar el sistema". Para las ONG de derechos humanos, el Gobierno ha tardado demasiado en reaccionar.