El PSOE apoyará el PGOU marbellí si Muñoz no intenta legalizarlo todo

El Ayuntamiento de Marbella dio ayer un paso más en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la aprobación provisional y el inicio de una nueva exposición pública. Los cambios introducidos por el gobierno de Ángeles Muñoz (PP), entre los que está la regularización de 200 viviendas que el documento aprobado inicialmente en julio de 2007 consideraba insalvables, cosecharon el voto favorable de 15 ediles del equipo de gobierno del PP y de nueve ediles del PSOE. A pesar de su apoyo, la portavoz socialista, Susana Radío, advirtió al gobierno municipal de que "se quedará solo" en la próxima aprobación provisional -al someterse el plan a información pública tendrá que pasar de nuevo por el pleno- si sigue insistiendo en legalizar todos los pecados urbanísticos del Grupo Independiente Liberal (GIL).

La alcaldesa se negó a un informe sobre los beneficios para algunos concejales

En la presentación del documento, Muñoz prometió que luchará por la regularización de las 500 viviendas que quedan fuera de ordenación, entre las que se encuentran urbanizaciones como Banana Beach.

El PSOE apoyó el plan como un "ejercicio de responsablidad" y después de "muchas dudas". "Marbella necesita un plan cuanto antes para generar confianza, riqueza y bienestar para los ciudadanos, pero también vemos que las modificaciones que se han hecho al documento [redactado en la etapa en la que el Gobierno andaluz había retirado las competencias urbanísticas a Marbella] favorecen claramente los intereses de los promotores y a personas afines al PP", dijo Radío.

Entre esas modificaciones citó suelos públicos que pasan a uso hotelero o comercial (el antiguo edificio de Radio Nacional o la tercera fase del centro comercial La Cañada) o la construcción de 200 viviendas en el único suelo que queda libre en la masificada barriada de Plaza de Toros. El edil socialista Javier de Luis pidió al secretario que se pronunciara sobre la compatibilidad en el voto de dos concejales del equipo de gobierno que salen beneficiados con los cambios introducidos en el documento.

Hablaba de Antonio Espada, dueño de la nave de materiales de construcción La Juanita, con sentencia de derribo parcial, que dejará de ocupar una zona de equipamiento y podrá consolidar la explotación del almacén, y de Antonio Maiz, propietario de un edificio a espaldas del Ayuntamiento usado como conservatorio, que también ha dejado de ser equipamiento público y pasa a uso privado. Ángeles Muñoz, no aceptó que el secretario se pronunciara. Zanjó el asunto diciendo que los usos de esos suelos "se quedan igual que en el PGOU de 1986" y recriminó al PSOE que ellos también tuvieran un edil, Antonio Martín, que sale beneficiado de la regularización de viviendas ilegales. Martín pidió su turno de palabra "por alusiones", pero la regidora no lo permitió. Muy ofuscado, el socialista abandonó el pleno y no votó. "Son unos impresentables", dijo de los ediles del PP.

El artículo introducido en el PGOU para reclamar a los promotores que asuman las cargas urbanísticas de 18.000 viviendas pendientes de regularización, y que la alcaldesa califica de "gran éxito" porque evitará que los propietarios paguen por los desmanes urbanísticos, ocupó parte del debate. El edil de IU, Enrique Monterroso, aseguró que los propios juristas cercanos al PP consideraban la fórmula "papel mojado" y la portavoz del PSOE añadió que el párrafo "sólo contiene un importante ejercicio de populismo". "No hay ninguna referencia sobre cómo se va a liberar a esos compradores de buena fe", añadió De Luis.

La edil de Urbanismo, Alba Echevarría, defendió la necesidad del equipo de gobierno de "dar soluciones diarias" en una ciudad tan complicada urbanísticamente como Marbella, en la que casi siempre que ha construido al margen de la ley. "Ningún plan va a dar todas las soluciones a los problemas de 15 años del GIL. Esto es un peldaño. Ahora podemos establecer otra vez las reglas del juego", dijo.