Aguirre desmantela la red de formación de profesores

La Consejería de Educación ha cambiado de pies a cabeza el sistema de reciclaje de los docentes madrileños que funciona desde hace 23 años. La red de Centros de Apoyo al Profesorado (CAP) que imparten cursos, seminarios, grupos de trabajo y jornadas dirigidas a los que enseñan dejará de existir el próximo curso. Sólo cinco de los 28 actuales funcionarán en septiembre. Se primarán los cursos on line y también estar a cargo de las actividades extraescolares de los alumnos.

Las actividades extraescolares con alumnos contarán como formación

"Esto esconde un intento de control político", según una funcionaria

Los funcionarios que dirigen estos centros de apoyo consideran que esta medida impedirá la "adecuada atención" a los docentes y creen que el desmantelamiento esconde "un intento de adoctrinamiento". Educación replica que ha diseñado una nueva red para acercar los cursos a los centros donde trabajan los profesores y para reducir la burocracia.

La consejería destinará 15 millones de euros a 10.000 actividades de formación el curso que viene. Anuncia 3.500 actividades presenciales -las que hoy gestionan los CAP- con cuatro millones de euros de presupuesto. Para organizar esos cursos, dejará un único centro regional -frente a los tres actuales- del que dependerán cinco sedes territoriales de las 28 actuales. El resto desaparecerá.

La zona sur, por ejemplo, pasará de nueve CAP a uno, que estará en Móstoles. En Madrid capital quedará uno en lugar de ocho. Los sustituyen por institutos de enseñanza secundaria, que cederán sus instalaciones para los cursos a los que asistan profesores de varios centros. "Es una vieja reclamación del profesorado, que se les acerquen las actividades cada vez más", argumenta el director general de Mejora de la Calidad de Enseñanza, Xavier Gisbert, que asegura que es una remodelación consensuada. Los distintos asesores y trabajadores de centros de apoyo con los que habló EL PAÍS lo niegan. Todos conocieron la reestructuración en una reunión con Gisbert convocada el pasado martes.

"El modelo es mucho menos cercano a los profesores", considera María José Pascual, directora del centro de apoyo de Parla. "Aquí somos nueve y apenas damos servicio a todos los centros de la zona. ¿Cómo lo van a hacer con una sola sede para todo el sur?". Pascual acusa a Educación de intentar ejercer "un control político de lo que se imparte en las aulas". Asegura que este curso la consejería "vetó" a ponentes que propusieron en Parla.

La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP), anuló un curso para profesores sobre memoria histórica en el CAP de Fuenlabrada. El Partido Popular votó contra la Ley de Memoria Histórica en el Congreso, excepto en siete preceptos. Un mes antes, se anuló otro curso en el centro de San Lorenzo de El Escorial sobre Educación para la Ciudadanía (EpC), una asignatura para la que Madrid permitirá objeciones. Manuela Pérez, que trabaja en ese centro, acusa al Gobierno regional de "desmantelar otra red pública" en pie desde 1985 con intención de privatizar el servicio. "Aquí trabajamos funcionarios con independencia; ahora podrán subcontratar empresas a las que sí pueden exigir un tipo de formación a medida".

El centro de formación Las Acacias, en Madrid capital, será la gran sede regional de la formación. Allí, el pasado 20 de mayo, la Comunidad organizó unas jornadas sobre EpC en las que uno de los ponentes defendió que era una materia "inventada" que pretende "adoctrinar" a los alumnos y "lesiona los derechos de los ciudadanos". Gisbert asegura que se trataba de la "opinión personal" del ponente, que le fue requerida en el coloquio posterior a su ponencia. Niega cualquier intento de veto. "Me parece ridículo hablar de control político, los profesores reciben más formación fuera de la consejería que dentro", añade. Y señala los 2,2 millones que Educación destinará a formación gestionada por los sindicatos o los 3,5 para cursos individuales que puede pedir cada profesor donde quiera.

En un manifiesto promovido por los centros de apoyo de la zona sur, los funcionarios defienden la formación de "proximidad" que ofrecen, con actividades "adaptadas a la zona y a las necesidades de los centros educativos". "Los profesores nos piden asesoramiento para cursos y formación concreta para adaptarse a las nuevas leyes, que puede variar de una zona a otra", añade Manuela Pérez.

Los profesores deben acreditar 100 horas de formación cada seis años para cobrar los sexenios, unos 60 euros mensuales más en la nómina. El curso que viene podrán incluir dentro de esas horas las actividades extraescolares con alumnos: teatros, coros, las olimpiadas de física, las rutas científicas o las visitas culturales. Gisbert asegura que es una forma de reconocer una labor "que no recibía recompensa" y de potenciar las actividades con alumnos.

"Eso no tienen nada que ver con formar a un profesor", según Juan Luis Sanguino, secretario del centro de apoyo de Coslada, que considera que se trata de una modificación "encubierta" de la jornada laboral de los profesores. "Si quieren a alguien que haga ese trabajo, que lo paguen aparte", concluye.