Justicia tardía e inane

Pocos casos ponen mejor de manifiesto los efectos nocivos de una justicia tardía que el denominado caso Funeraria, relativo a la privatización del 49% de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, en la época del alcalde José María Álvarez del Manzano. Quince años después de estallar el escándalo, la Audiencia madrileña ha saldado las responsabilidades penales con una única condena de dos años y un día de inhabilitación al principal muñidor de la privatización y entonces primer teniente de alcalde, José María Huete, hoy de 79 años de edad, y con la absolución del resto de implicados, por prescripción de los delitos.

Al perjuicio causado a las arcas municipales se añade, por causa del retraso y las "dilaciones indebidas" del proceso, la inanidad de la respuesta judicial, que deja prácticamente impunes los hechos. Pues sólo cabe considerar simbólica una condena de inhabilitación para cargo público a una persona que difícilmente lo ejercería ya, por su edad. E impunidad se llama no condenar, por haber prescrito los delitos y no porque no los cometieran, a quienes planificaron, participaron y se beneficiaron de una operación gravemente dañina para los intereses públicos.

La sentencia es concluyente: el entonces teniente de alcalde Huete "No dudó en suscribir un contrato en el que figuraba un precio que sabía incierto e inexacto". Y más: propuso al pleno municipal la condonación de la deuda de más de 2.200 millones de pesetas contraída por la empresa privatizada con el Ayuntamiento.

Uno de los efectos rocambolescos, por no decir bochornosos, de esta justicia tardía es que tres de los absueltos por prescripción, pero que, según la sentencia, ha quedado probado que cometieron delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública, son altos directivos de la empresa que sigue gestionando hoy mismo los servicios funerarios municipales.

Al escándalo de privatizar por 100 pesetas una empresa pública que pudo ser vendida por más de 1.200 millones de pesetas, lo que según la sentencia supuso "un daño a los intereses públicos", se añade otro: que sólo haya habido una única y poco menos que testimonial condena. Y todavía podría llegar un tercer escándalo si el actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tolera que al frente de la empresa que gestiona los servicios funerarios sigan tres personas que se han librado de una condena sólo porque el tiempo ha borrado sus delitos.

La decisión judicial ha podido, al menos, poner en claro que la privatización de la funeraria municipal de Madrid en 1992 fue irregular. No hubo una buena gestión, como reivindicó el entonces gobierno municipal del PP dirigido por Álvarez del Manzano, y caen por su base las proclamas de rectitud mantenidas en el juicio por los implicados. Queda avalada, en cambio, la postura mantenida por la oposición municipal (PSOE e IU) en defensa de los intereses públicos.